La Sudáfrica contemporánea nació en 1910 de la unión de los colonos británicos y los afrikáneres o bóeres, de origen holandés, ignorando a la mayoría negra del país. El apartheid -o “desarrollo separado de las razas” en afrikáner- sistematizó a partir de 1948 la segregación practicada desde el siglo XVII por los primeros colonos holandeses.

El sistema fue instaurado por el Partido Nacional (PN), que dominó la vida política sudafricana entre 1948-1994, y se apoyaba en tres pilares, que eran la ley sobre la clasificación de la población, la ley sobre el hábitat separado y la ley sobre la tierra. Así, los sudafricanos estaban divididos desde su nacimiento en cuatro categorías: blancos, negros, mestizos e indios.

Había carteles que reservaban buses, restaurantes, casilleros e incluso playas a la población blanca, mientras que los matrimonios mixtos y las relaciones sexuales interraciales estaban prohibidos, y los negros tenían acceso a una educación y sistema de salud de menor calidad.

Cerca de un 87% del territorio estaba reservado para los blancos, por lo que unos 3,5 millones de personas fueron expulsadas por la fuerza, y los negros quedaron relegados a ciertos sectores. Hasta 1986, los negros debían desplazarse con un carné de identidad que decía adónde tenían permitido entrar, arriesgándose con ir a la cárcel o tener que pagar multas de no cumplir las normas.

Como era de esperarse, el establecimiento de este régimen generó resistencia. El Congreso Nacional Africano (ANC), el partido que gobierna Sudáfrica desde 1994, optó primero por métodos no violentos de protesta, como huelgas, boicots y campañas de desobediencia civil.

Sin embargo, en 1960, la policía disparó contra manifestantes en el poblado de Sharpeville, matando a 69 ciudadanos negros. El ANC y el Partido Comunista Sudafricano fueron prohibidos, y se estableció un estado de emergencia.

Volviéndose a la clandestinidad, el ANC empezó una lucha armada. En 1964, su líder, Nelson Mandela, fue condenado a cadena perpetua por “sabotaje”. Mientras, las sanciones internacionales contra el país africano se iban sumando, con un embargo de armas, la exclusión de los Juegos Olímpicos y la expulsión de los organismos de las Naciones Unidas, entre otras.

En febrero de 1990, para sorpresa de muchos, el Presidente Frederik de Klerk, que llevaba cinco meses en el poder, legalizó la oposición negra. Nelson Mandela quedó libre el 11 de febrero de ese año, tras pasar 27 años en la cárcel, y el año siguiente se abolió el apartheid. La última de sus leyes fue eliminada de los estatutos el 30 de junio de 1991, y su desmantelamiento fue celebrado entregando el Premio Nobel de la Paz a De Klerk y a Mandela en 1993.

En abril de 1994, Sudáfrica celebró sus primeras elecciones multirraciales, intentando dejar atrás la segregación del pasado. “¡Por fin libres!”, dijo Mandela al ser electo Presidente.

Sin embargo, los problemas de fondo no terminaron con la abolición del apartheid. Aunque la Ley de Registro de la Población fue derogada en 1991, la clasificación racial sigue siendo parte importante del debate en el país.

En teoría, el gobierno utiliza las distintas categorías raciales para recopilar datos que ayuden a corregir los desequilibrios en los ingresos y las oportunidades económicas. Sin embargo, algunos activistas piensan que el uso de categorías no debería existir en un país democrático.

Además, analistas señalan que las personas blancas siguen dominando la economía en términos de propiedad y poder de toma de decisiones.

La abolición formal del apartheid se conmemora justo cuando el expresidente Jacob Zuma (2009-2018) fue condenado a 15 meses de cárcel por el tribunal más alto del país, convirtiéndose en el primer expresidente de la Sudáfrica democrática en ir a prisión.

El tribunal le dio cinco días para entregarse a la policía y, de no ser así, se debe ordenar su arresto. La sentencia llega luego de que el Tribunal Constitucional lo declarara culpable de desacato por desafiar su orden de comparecer en una investigación por casos de corrupción mientras él era Presidente.

En ese entonces, algunos empresarios fueron acusados de conspirar con los políticos para influir en el proceso de toma de decisiones. El exmandatario sudafricano testificó sólo una vez en la investigación, pero se negó a comparecer después de eso.

En un asunto legal diferente, Zuma se declaró inocente en mayo en un juicio por corrupción que involucró un trato de armas de US$ 5.000 millones en la década de 1990.