La noche del martes 18 de abril, los vecinos de la 1° Comisaría de Carabineros de Calama vivieron minutos de terror que parecieron, como expresaron varios de ellos en redes sociales, eternos.

Cuando faltaban minutos para las 22 horas, de acuerdo con los reportes policiales de ese día, sujetos a bordo de un vehículo perpetraron una serie de disparos contra el cuartel, para luego -minutos más tarde- repetir la acción fuera del terminal de buses. Hasta ese momento se registraban varios lesionados y un fallecido, por lo que funcionarios policiales activaron diligencias para dar con los autores del hecho. En menos de dos horas ubicaron al móvil y comenzaron a darle seguimiento, pero el conductor insistió en evadirlos, lo que derivó en que efectivos hicieran uso de sus armas de servicio y lo redujeran.

Así, el hombre fue identificado como Víctor Hugo Campillay (39), conocido en la zona por supuestamente estar a la cabeza de una banda que se dedicaba al robo de cobre y con vínculos con el narcotráfico. Quienes conocían de ese supuesto actuar lo apodaban el Ítalo Nolli de Calama -en alusión al delincuente abatido en 2011 tras asesinar a dos detectives luego que la Fiscalía le siguiera sus pasos por el robo de cables-, aunque sus cercanos y su familia lo llamaban “Tuto”.

Carabineros y la Fiscalía lo apuntó como el presunto responsable pues así lo indicaron las pericias realizadas, aunque para su esposa, Vanesa Pérez, esto sería un efecto más de que “siempre sufrió persecución por parte de funcionarios policiales”.

Como sostuvo la mujer en conversación con La Tercera, no habría pruebas que relacionen a Campillay con el hecho y no se han encontrado armas vinculadas a él. En ese sentido, insiste en que a su marido lo acribillaron injustamente, por lo que junto al abogado de la familia, Víctor Contreras, conocido por representar a narcotraficantes, preparan acciones legales para exigir justicia.

Al ser consultado por la arremetida, el abogado Contreras puso énfasis en que “si el Ministerio Público no ha iniciado investigación por el acribillamiento de don Víctor Campillay, tendrá que hacerlo por medio de una querella criminal que será presentada en su momento, esperamos que se realicen las pericias respectivas y, por nuestra parte, ordenaremos peritajes particulares a fin de probar si el actuar policial fue justificado”.

“Se han dicho muchas cosas, pero nadie ha cuestionado si el actuar policial está ajustado a derecho o no, y lo que se logra ver de los videos, es que sólo tenían un objetivo: reducir a don Víctor más que lograr su detención. Las ráfagas de disparos no estuvieron justificadas ni ajustada a derecho. Fue del todo desproporcionado”, comentó el profesional.

Igualmente, aseguró que también presentarán acciones legales por el actuar policial que habría afectado a Sebastián Campillay, ya que aseguran que fotografías que han podido ver revelarían que fue víctima de una fuerte golpiza.

Como aseveró Vanesa Pérez, como familia han enfrentado “años de constante hostigamiento”. Además, acusó que cuando su hijo Sebastián fue detenido -lo que motivó la concurrencia del “Tuto” a la Comisaría-, funcionarios de carabineros le habrían hecho crudas amenazas relativas a su familia.

“Insultaron reiteradas veces a mi esposo, un día antes que lo acribillaran estos hechos fueron denunciados, el día lunes 17 de abril a las 20 horas en la prefectura el Loa sección de Asuntos Internos de Carabineros” (sic), contó Vanesa.

Pero esa no habría sido la única irregularidad que considera los afectó como familia, pues antes de que su hijo Maximiliano fuera asesinado, ella denunció su secuestro, pero que desde la PDI, según ella, nunca la habrían tomado en cuenta.