“Mi mamá estaba sola en la casa, como a las siete de la mañana. Querían quemarla viva, adentro. Si no hubiese sido por el empleado (Héctor), que lleva años trabajando con nosotros, a mi mamá la queman”. El relato es parte de la versión que entrega Micaela Becker, hija de Carolina García, la dueña de la casona del Fundo Miraflores, en la comuna de Lautaro, que ayer fue destruida en medio de un ataque incendiario que ya investigan el Ministerio Público y las policías.

No fue el único siniestro de la jornada en la región de La Araucanía: al menos otros dos incendios se registraron en la misma comuna, y en la ruta que une la localidad de Radal con Padre Las Casas. Todo esto, en medio de lo que las autoridades apuntan como una escalada de la violencia en la Macrozona Sur, lo que llevó a que el Presidente Sebastián Piñera convocara una reunión con los ministerios de Interior, Defensa, PDI, Carabineros y el Estado Mayor Conjunto, para analizar los hechos.

Según datos de la Fiscalía, hasta la semana pasada ya se indagaban 16 incendios asociados a violencia rural, el doble de incidentes si se compara con la misma fecha de 2020, cuando se registraban ocho denuncias. Y mientras en esta misma época del año pasado las denuncias incluían robos, lesiones menos graves, quema de camiones y de la carga, este año el grueso corresponde a ataques incendiarios a inmuebles o atentados explosivos.

Uno de los primeros en reaccionar ante estos eventos fue el intendente de la región, Víctor Manoli, quien detalló los ataques ocurridos durante la madrugada de ayer.

“La Araucanía sufre la violencia en manos de desalmados, distintas familias sufriendo la pérdida de una casa, galpones o maquinaria. ¡Hasta cuándo estos sujetos seguirán haciéndole daño a nuestra región! Lamentablemente, hasta ahora, son tres hechos, todos en proceso de investigación: desconocidos quemaron un galpón con maquinaria en el fundo El Crucero de la comuna de Lautaro, durante la madrugada hubo un ataque en el fundo Vaca Sagrada de Radal, donde quemaron siete maquinarias y dejaron un panfleto, y finalmente, esta mañana, una casa resultó incendiada en la comuna de Lautaro, donde además sacaron a uno de los dueños de la vivienda de forma violenta”, reportó Manoli, quien a primera hora citó a un comité policial para dar con los autores de los hechos.

Desde la Multigremial Araucanía, el líder de la asociación, Patricio Santibáñez, apunta a que existen delitos “simultáneos” y pide medidas más drásticas, como aplicar uno de los estados de excepción constitucional en la zona del conflicto. “Lo que uno espera es que se tomen medidas más drásticas que permitan controlar la situación que contenga lo que está pasando. Eso significa probablemente declarar un estado de emergencia o algo que implique que la gente que esté cometiendo estas acciones se mueva con mayor dificultad”, señala.

La entidad, que anualmente publica un barómetro del conflicto y de los delitos asociados, señala que durante el 2019 se registraron 311 hitos violentos, correspondiendo 121 a incendios. Durante 2020, sostienen, esta cifra se elevó a 172.

Para el jefe comunal de Lautaro, Raúl Schifferli, la escalada de estos hechos durante las últimas semanas ha sido inédita. “Nunca en Lautaro había ocurrido lo que está ocurriendo hoy; todo acá es muy tranquilo, tenemos casi 40 mil habitantes y 200 comunidades mapuche. Siempre todo ha sido diálogo y hemos trabajado siempre con las comunidades y las organizaciones. Pero ahora, en estas últimas dos semanas se han tomado 16 predios y 13 siguen actualmente tomados, mientras los otros fueron desalojados”, detalla.

Y agrega que ”el Estado no se ha hecho cargo ni responsable. Esto es tema de muchos gobiernos, no es algo particularmente de ahora, es un tema de Estado. Nosotros como municipalidad es muy poco lo que podemos hacer, porque no tenemos los recursos ni atribuciones para comprar y negociar los terrenos, eso lo hace el Estado. Esta es una comuna tranquila y pasó esto que nadie esperaba: en menos de dos semanas una cantidad impresionante de tomas de terreno”.

Para Ana Llao, werkén de la agrupación Ad Mapu, el aumento de las tomas radica en la lentitud con la que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) ha adquirido los terrenos para las comunidades mapuche que residen en la zona.

Llao precisa que “hay comunidades que llevan 20 años esperando que la Conadi compre terrenos. Sobre todo las de Lautaro, que tiene aplicabilidad, están esperando hace más de ocho años, esa es la razón por la cual ellos han tomado esta decisión de recuperar los territorios ancestrales.

Mientras, el abogado Aucán Huilcaman, encargado de las relaciones Internacionales del Consejo de Todas las Tierras, critica el llamado que realizaron los agricultores a defender sus predios “por las armas”. Huilcaman advierte que “es un acto irresponsable. Al mismo tiempo, da lugar para que los mapuche tomen una posición similar, lo que podría llevar perfectamente a una situación desastrosa en La Araucanía”.

El diputado de la zona, Mario Venegas (DC), señala que ha existido una “inacción estatal” para dar solución al conflicto, que -agrega- “es de una profundidad enorme, multicausal, y se inscribe en el área de decisiones políticas del más alto nivel, que no se han tomado ni implementado adecuadamente. No ha habido voluntad para resolver el problema profundamente. La única manera es sentarse de buena fe en una mesa y discutir para construir una propuesta”.

Aunque a fines de noviembre el gobierno designó a Cristián Barra como delegado presidencial para la Macrozona Sur, Venegas critica que este tipo de acciones, como “nombrar un delegado presidencial o aumentar la dotación de Carabineros no van a resolver el problema. El rol del delegado presidencial no existe, no ha significado nada”.

Sin embargo, no es solo en La Araucanía donde el conflicto ha vuelto a emerger. Cristóbal Urriticoechea, diputado por el Biobío, señala que las tomas de predios “es la forma que tienen para romper Arauco, partir la sociedad, dividir a las familias y robar a destajo. Saben que en la mayoría de los casos si las familias no se defienden, nadie las defenderá”.

A su vez, Roberto Coloma, coordinador de la Región del Biobío, para la Macrozona Sur, estima que en ambas zonas “el problema que estamos enfrentando es grave”.

Añade que “los grupos que estamos enfrentando en Arauco y en La Araucanía no son delincuentes habituales o de delincuencia común, si no que un grupo que opera sobre la base de delitos como el narco, el tráfico de madera, o incluso el tráfico de armas. Son organizaciones criminales que obligan, en el caso de la provincia de Arauco, a adecuar los recursos que cuentan Carabineros y la PDI para enfrentar ese fenómeno”.

Coloma, además, agregó que el diálogo con las comunidades que habitan la zona es fundamental y que el gobierno ha estado disponible para ello “con quienes no estén por la vía violenta. El gobierno no va a negociar con los grupos violentos. Estamos estableciendo canales de comunicación con muchas comunidades. La inmensa mayoría de las comunidades son pacíficas, aquí los grupos violentistas han capturado la causa mapuche y la han utilizado como un escudo protector para sus actividades delictuales, pero no hay que confundir, las actividades delictuales de estos grupos violentistas no tienen nada que ver con las reivindicaciones legítimas del pueblo mapuche”.