Se pensaba que sería un trámite relativamente rápido. Al menos así lo habían planeado algunos de los intervinientes que tras los alegatos ante la Corte de Apelaciones de San Miguel creían que tendrían este lunes el resultado del acuerdo, es decir, la votación en que se decidiría si se daba curso o no a la petición de desafuero que hizo la Fiscalía Oriente en contra del senador Manuel José Ossandón, en medio de un intento por acusarlo y llevarlo a juicio por el delito de tráfico de influencias.

Sin embargo, cuando los 15 ministros presentes en el pleno se juntaron a deliberar decidieron dar una prórroga a la decisión y dar curso, al menos, al estudio de tres informes en derecho ingresados hoy por la defensa del parlamentario, encabezada por el penalista Samuel Donoso, de autoría de los académicos Jean Pierre Matus, Gonzalo García y Jaime Arancibia. Todos ellos hablan sobre la “inexistencia del delito de tráfico de influencias” en este caso debido a que no se cumpliría con las exigencias del tipo penal que exige la ley para imputar a Ossandón.

Este lunes, el fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, pidió a la Corte que le quite al senador esta prerrogativa para poder acusarlo y llevarlo a juicio oral, en el que se pedirán 4 años de cárcel y 10 de inhabilidad para ejercer cargos públicos. A Ossandón se le acusaba de haber realizado intervenciones en el Concejo Municipal de Pirque y ante el jefe comunal, Cristián Balmaceda (su primo), a favor de la empresa Cavilú, que tiene en sus manos una concesión para extraer áridos del río Maipo, sin nunca revelar que uno de sus hijos, Nicolás Ossandón Lira, estaba vinculado a la empresa.

Si bien los jueces no se dieron un plazo para “este estudio”, sí dijeron que debía resolverse lo antes posible y no ocupar los hasta 30 días que les otorga la ley para juntarse y deliberar. Algunos plantearon que en el próximo pleno del lunes 29 ya podría haber una decisión y dar curso a la deliberación. Ministros del tribunal aseguraron que la Corte está muy dividida y por tal motivo se decidió dar este respiro para que ambas posiciones, quienes ya estaban por acoger y los que estaban por rechazar las pretensiones del Ministerio Público decantaran su posición en base a la revisión de todos los antecedentes y no solo los alegatos que se llevaron a cabo este lunes.

Una situación que generó suspicacias entre los presentes, y en la propia Corte sanmiguelina, fue la ausencia de dos ministros. Se trata de Roberto Contreras y Diego Simpertegui. Ambos están postulando a la Corte Suprema en el cupo que dejó el fallecido ministro Carlos Aránguiz. Por eso no pocos sostuvieron que al no estar presente, no tendrían que “complicarse” con una causa que a todas luces tiene ribetes políticos, primero porque el desafuero de Ossandón impactará en las mayorías de la Cámara Alta y porque el Senado es quien tiene la última decisión en el proceso de nombramiento de un supremo.

Según el acta de conformación de salas de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Contreras tenía un permiso especial. Sin embargo, Simpertegui integró durante la mañana la sexta sala del tribunal de alzada, ausentándose solo para el pleno. Cercanos al juez sostuvieron que contaba con el permiso de la presidenta de la instancia, ya que desde hace semanas tenía agendada una hora al médico impostergable.

Al pleno en el que se decidirá el futuro judicial de Ossandón, sí concurrieron las ministras Carolina Catepillán, María Teresa Letelier y Sylvia Pizarro, quienes también están postulando a un cupo en el máximo tribunal.