Una polémica se instaló a fines de enero, luego de que la Tercera Sala de la Corte Suprema acogió un recurso de protección por una toma ilegal en Viña del Mar. Pero dispuso a una serie de actores: desde el mismo propietario del terreno a diversas autoridades, a que se le otorgara una solución global a quienes se tomaron el lugar. La situación generó un debate en que abogados apuntaron a que se estaba debilitando el derecho a la propiedad al no haber resuelto el desalojo de los ocupantes. Más allá de esa discusión en particular, el fenómeno de las usurpaciones parece estar lejos de tener solución. Los mismos involucrados así lo reconocen.

Durante varios meses, La Tercera conversó con los distintos actores que se ven implicados, de una u otra forma, en el proceso que significa una toma de terreno. La escasez de atribuciones o la falta de aplicación de estas por parte de las autoridades, pero también la carencia de viviendas o los altos valores de arriendos, y otros elementos confluyen para que, según relatan los mismos consultados, esto sea una verdadera “bola de nieve” que no se detiene.

Un portón separa la calle, sin pavimentar, del ingreso de un incipiente campamento en Reñaca Alto que aún no cumple un año, pero que ya cuenta con 450 personas viviendo en este. El terreno pertenece a privados y sus ocupantes lo saben perfectamente, pero justifican la usurpación.

“Cuando llegué acá era porque yo quería algo mío, poder decir que yo luché por esto. Por eso me tiré a la piscina y me vine para acá. Tengo cuatro hijos y tengo que buscarme lo mío”, explica Stefanía Apablaza, la principal dirigenta de la toma, y quien tiene empadronadas a cada una de las personas que viven en las precarias casas que ahí aún se siguen levantando.

Apablaza, quien no supera los 25 años, dice conocer perfectamente la legislación. “Lo más difícil son las primeras 12 horas. Después de eso ya estás, porque después de 12 horas no te puede mover nadie”, explica respecto al procedimiento para tomarse un terreno. Asegurando, además, que la decisión de llegar al lugar la tomaron analizando toda la logística para que, por ejemplo, hubiesen calles lo suficientemente anchas para que pasaran posibles carros de bomberos y para que los terrenos no fueran tan pequeños.

“Si nos ofrecieran una solución habitacional en otro lugar, lo veremos. Pero nuestra prioridad es que nos den una solución aquí. Eso es lo primordial. Nosotros llegamos aquí con un propósito, rescatar terrenos abandonados. Si todos estos terrenos están abandonados hace muchos años. No hay cierres, ni siquiera hacían limpieza de los escombros que botaban acá. Cuando llegamos tuvimos que sacar mucha basura”, asegura la dirigenta. Explicando que nadie quiere vivir sin alcantarillado o luces en las calles, pero que la mayoría de quienes optaron por tomarse un terreno no les alcanza el dinero para arrendar nada con los actuales precios.

Mientras Stefanía Apablaza cuenta esto, llega una familia: una pareja con sus dos hijos, el menor de solo meses, preguntando si había algún terreno aún disponible para levantar una casa.

La necesidad de vivienda y el alto precio de los arriendos se enfrentan, efectivamente, al derecho a la propiedad. Y quienes deben perseguir estos delitos también se ven enfrentados a distintas dificultades.

Tanto abogados como fiscales y autoridades reconocen que la “flagrancia” es uno de los problemas para enfrentar las tomas de terreno. Este lapso no superior a las 12 horas desde el instante en que se comete la ocupación ilegal impide muchas veces poder realizar desalojos y termina judicializando estas situaciones.

No es la única problemática para enfrentar estos ilícitos. Según el fiscal jefe de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de Valparaíso, José Uribe, desde donde analizaron el fenómeno en la región, la solución para evitar las tomas ilegales “no pasa por la persecución penal”. Explica que, como Ministerio Público, además, cuentan con muy poco personal policial para realizar las investigaciones y buscar atribuir la responsabilidad de estas ocupaciones ilegales.

“El desalojo tiene que ser judicial”, sostiene el persecutor. Asimismo, explica que una de las fórmulas para finalizar con una toma ilegal tiene una respuesta administrativa. La municipalidad, a través de la Dirección de Obras Públicas, puede determinar que existen edificaciones irregulares y determinar la demolición, explica. No obstante, en la práctica, esto casi no se realiza.

Para el fiscal de Viña del Mar, Pablo Bravo, quien tiene investigaciones por usurpaciones ilegales a su cargo, en varios hechos hay organizaciones criminales detrás de las tomas de terreno, las que incluso realizan falsificación de documentos.

Sin embargo, sostiene que, debido a un proceso de diálogo con vecinos, carabineros y otros actores, se ha logrado impedir la ocupación de terrenos anticipándose a los hechos. “Hemos logrado parar varias tomas gracias a una buena coordinación”, explica el persecutor. Esto parece ser lo más eficaz ante la situación: evitar las ocupaciones. Pues si en los terrenos ya comienzan a habitar muchas personas, que ellos salgan de ahí es muy difícil.

El abogado Juan Carlos Manríquez, quien ha patrocinado cinco querellas en distintos lugares del país, que se concentran en zonas cercanas a la costa de la Región de Valparaíso, por loteos irregulares, asociación ilícita y tomas de terreno, sostiene que existen cuatro niveles en la ocupación ilegal.

El primero, según el jurista, son tomas rudimentarias protagonizadas por grupos de pobladores con grandes necesidades de vivienda, con un alto nivel de precarización y falta de recursos, donde también hay participación de grupos de migrantes sin vivienda.

El segundo nivel es donde existen organizadores que se aprovechan de vacíos legales y realizan una apropiación indebido sobre un bien ajeno aduciendo, por parte de los ocupantes, “legítima causa de error”. Es decir, que la persona que ocupa un lugar estaría “arrendando” o pagando a alguien y no usurpando, por el hecho de tener un documento. Incluso, señala que algunos aducen que los dueños legítimos ceden derechos para que se establezca una urbanización y poder presionar a las autoridades para que se modifique el uso de suelo y se pueden levantar viviendas sociales en el terreno.

Hay un grupo más profesionalizado, explica Manríquez, que hace una especie de loteo: asigna un terreno específico, con demarcación de calles interiores y todo lo demás, y luego cobran una suma por ocupar ese terreno, conectar a la luz y al agua. En ese caso ya hay una asociación ilícita.

Un tercer grupo tiene un alto nivel de organización y se negocia con ellos el valor y asignación de cada espacio tomado. También estos lugares pueden estar cruzados por grupos de narcotraficantes.

La cuarta fórmula es la de un grupo más sofisticado, con un alto nivel logístico y de infraestructura, y que utilizan elementos como esgrimir títulos de propiedad o mandatos de compraventa de los terrenos firmados supuestamente por los legítimos dueños. Pero que han sido hechos con un sofisticado nivel de falsificación.

“Se aprovechan de la lentitud de respuesta del sistema (…). Los vacíos jurisdiccionales”, sostiene el abogado.

Dentro de las tomas de terrenos existen ocupaciones en terrenos privados, pero también en aquellos pertenecientes al Estado.

El ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit, sostiene que, efectivamente, hay personas y grupos que incluso se dedican a incentivar las usurpaciones ilegales. “En las tomas del norte hemos detectado que hay personas que están dedicadas a organizar tomas de terreno. Que viven a expensas de cobrar algo de dinero que paga cada ocupante de un terreno, a cambio de que él consiga la regularización del terreno. Nos hemos encontrado con gente que ha organizado tomas en Alto Hospicio y que luego las volvemos a encontrar montando tomas en la zona costera”, sostiene.

El secretario de Estado afirma también que otra de las dificultades que existen para enfrentar la problemática dice relación con una arista política. “Los alcaldes y candidatos promueven las tomas. Le dicen a la gente que se tomen nomás el terreno y luego ellos se encargarán de conseguir la regularización del terreno con Bienes Nacionales”, afirma.

Respecto de los desalojos, Isamit puntualiza que “hemos tenido éxito con lo que denominamos ‘desarmes’. Es decir, cuando recién se están instalando, cuando apenas tienen unos pocos palos parados, ahí hay que intervenir altiro, porque después se viene la toma. Por lo mismo, debemos anticiparnos”, puntualiza, añadiendo que “cuando las personas ya están instaladas y viviendo en un campamento es muy difícil desalojarlas”.

Asimismo, el ministro advierte sobre otro problema que deben enfrentar: “Bienes Nacionales tiene 40 fiscalizadores para 40 millones de hectáreas. Un fiscalizador por un millón de hectáreas”, recalca.

También desde la vereda del gobierno, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, sostiene que “el fenómeno de la ocupación ilegal de terrenos públicos o privados está siendo muy grave”.

El secretario de Estado también destaca los problemas que existen para frenar esta situación. “En la Región de Antofagasta, especialmente en el borde costero de Caldera, pero también en otros lugares, se ha extendido el problema de las tomas de terreno. Donde grupos organizados se hacen pasar por los dueños de un terreno, entran en la noche, lo demarcan con tiza y en la noche se comienzan a levantar las viviendas precarias. El problema es que la ley sólo permite intervenir durante las primeras 12 horas, en flagrancia, por lo tanto, a la mañana siguiente, cuando ya es evidente la toma, ya no es posible para la autoridad el intervenir”, añade.

Y en ese sentido apunta a que “es perfectamente posible pensar en modificaciones legislativas para ampliar la flagrancia, que hoy es de 12 horas, entregándole a Carabineros y a la fiscalía más tiempo y más atribuciones para que puedan impedir la instalación de tomas y campamentos. Para el ministerio es un fenómeno muy preocupante, porque las personas que llegan a un campamento van a pasar muchos años ahí, en un lugar donde no tendrán agua, luz o alcantarillado”.

Según explica Ward, están abordando la problemática con las herramientas que tienen: “No existía un catastro actualizado de las tomas y campamentos que hay en Chile. Por eso creamos un visor de tomas. Hoy día contamos 486 tomas a nivel nacional, que se suman a los 546 campamentos que están a nivel nacional de acuerdo con el catastro hecho en 2019. Lo que totaliza 1.096 campamentos y tomas en Chile. Nosotros los llamamos campamentos precarios”.

En esa línea sostiene que, una vez que ya están establecidos los campamentos, tienen que enfrentar la situación de acuerdo a sus atribuciones. “Nos dimos cuenta que, al ritmo de viviendas que estábamos construyendo, no íbamos a poder terminar con el problema de los campamentos en Chile. Hasta el año 2020, el Ministerio estaba entregando soluciones habitacionales a cerca de 65 campamentos precarios al año. El 2021 lanzamos el plan 100 + 100, lo que nos ha permitido triplicar la entrega de soluciones habitacionales a 100 campamentos precarios, meta que cumplimos en diciembre. Y, al mismo tiempo, entregar habitabilidad primaria a otros 100. Esto es darles luz y agua, mejoramientos de caminos en tomas y campamentos”.

Asimismo añade que “para nosotros como ministerio, las personas que se encuentran en campamentos precarios no son invisibles. Esa es una decisión que tomamos, porque antiguamente, en administraciones pasadas, el Ministerio no podía intervenir en los campamentos. Hoy estamos entregando subsidios. Si bien hay problema de orden público y de seguridad asociados a estas tomas, cuando ya el fenómeno está instalado y hay personas viviendo en un campamento, o una toma, nosotros nos acercamos a las personas para plantearles soluciones habitacionales”.

Finalmente, Ward recalca que “primero atendemos a las personas que postulan por los canales oficiales del ministerio y que no se han saltado la fila. Pero, al mismo tiempo, no pueden ser invisibles las personas que ya viven en campamentos precarios -son cerca de 250 mil personas-, acelerando el trabajo que hacemos en campamentos y tomas y creando un banco de suelos”, sentencia.