¿Cómo evalúa su relación Ciudadano-Estado? ¿Cuánto confía en el sector público? ¿Cuán corruptos cree que son los organismos públicos en Chile? Interrogantes de este tipo fueron contestadas por 2.900 personas, en la 12ª versión del Estudio Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales que realizó el Consejo para la Transparencia (CPLT).

El análisis, realizado entre fines de noviembre y mediados de enero, buscó medir las percepciones y opiniones de la población, específicamente en materias vinculadas a la aplicación de leyes sobre el Acceso a la Información Pública y la Protección de la Vida Privada.

Así, se recogieron datos sobre tres principales áreas: la relación con el aparato estatal, la valoración de la información pública y el ejercicio del derecho de acceso a la información. En esta edición, a juicio del consejo, cada segmento significó una mirada de cerca a la realidad nacional y a la “crisis de confianza” que afecta al país.

Una de las áreas más complejas evaluadas fue la percepción negativa de los ciudadanos hacia el Estado, que empeoró y se cifró en 88%, la más alta desde 2013, cuando se midió por primera vez. Se trata, además, de un aspecto que denota disparidades: los niveles socioeconómicos altos, con mayor educación y personas que residen en regiones realizan una mejor ponderación.

“Estamos con los niveles en rojo, algo que ya veníamos observando en nuestros estudios de años anteriores. No obstante, en el marco de una pandemia, lo preocupante es que la percepción de las personas de esta relación ha ido deteriorándose, cuestión que impacta en la confianza. La crisis es profunda y la transparencia nos puede ayudar a salir”, establece la presidenta del CPLT, Gloria de la Fuente.

De los encuestados, uno de cada cuatro confía en los organismos públicos y privados. Esto se traduce en que solo un 24% de ellos se fía del sector público y un 27% en el sector privado. Pese al bajo nivel alcanzado, estos números implican una mejora desde las mediciones anteriores: en 2019 las estadísticas fueron 23% y 25%, respectivamente. La última vez que el sector público había alcanzado una cifra superior de confianza fue en 2012, con un 30%.

Mientras, la relación con el Estado que perciben las personas mostró un retroceso. Un 88% la considera distante, un 82% declara que hay un mal trato y el 82% estima que existe discriminación. Se trata de indicadores que sostenidamente han ido al alza desde 2013 e implican un fuerte empeoramiento comparados con la medición anterior (ver infografía).

“Esto es parte de la misma crisis de confianza en las instituciones”, dice De la Fuente, quien agrega que “no hay que bajar los brazos entonces, porque esta es una construcción constante. Es evidente que toda la situación que nos llevó al estallido social es parte también de esa crisis de confianza. Es positivo en tal sentido, que ahora tengamos la posibilidad como país de hacer un camino institucional de recomponer las confianzas a través de un proceso constituyente y por eso es tan importante lo que ahí ocurra. Estamos apenas asomándonos a la transformación y al desafío político-institucional que ello significa, y para ello la transparencia y la integridad son valores fundamentales”.

El estudio reveló también que aquellos que viven fuera de la Región Metropolitana tienen una percepción más positiva de esta relación, en las tres características. Por ejemplo, mientras un 22% de las personas de regiones indican que la relación es de no-discriminación, la cifra llega a 12% entre quienes residen en la capital. Además, hay una mejor percepción entre los hombres, personas con educación superior y quienes pertenecen a estratos socioeconómicos más altos.

“Si hacemos un doble clic en estos datos, la percepción es peor en aquellas personas más jóvenes, que viven en la Región Metropolitana o desconocen que existe una norma en materia de transparencia. Esto nos da algunas intuiciones desde dónde es necesario e imperioso avanzar”, enfatiza De la Fuente.

Otro ítem que se evaluó fue la percepción de corrupción en el aparato público, donde también se marcó un fuerte incremento. La mayoría de los encuestados (67%) consideró que los organismos chilenos son corruptos o muy corruptos, el mayor valor desde el inicio de esta medición, cuando marcó 51% y respecto de 2019, cuando alcanzó 59%.

En este sentido, una de las preguntas fue: ¿Sabe usted dónde denunciar un caso de corrupción en el sector público? A lo que solo un 18% contestó que sí y un 82% que no, lo que implica una baja si se compara con las respuestas de 2019, donde un 22% respondió afirmativamente. Aquellos que sí sabían dónde denunciar mencionaron que lo harían en medios de comunicación (37%), ante la Policía de Investigaciones (26%), en Carabineros (19%), ante el CPLT (14%) y en Contraloría (12%).

Eso sí, el 63% estima que los casos de corrupción son más fáciles de detectar que hace 10 años. “Nuestra hipótesis es que se está haciendo notoria la existencia de un ecosistema de transparencia e integridad pública, es decir, un esfuerzo conjunto entre instituciones y la aplicación de una serie de normas que colaboran con un objetivo común en la lucha contra la corrupción. Esto es una buena noticia, pero estamos a un cuarto del camino, lo que implica que tenemos que redoblar esfuerzos para poder construir, en el marco de los desafíos que enfrenta nuestro país, un sistema social y jurídico sólido en materia de transparencia e integridad para la confianza”, destaca la presidenta del CPLT.

En tanto, un 64% declara que le interesa informarse sobre lo que hace el Estado, indicador que se ha mantenido estable. Esta inclinación es mayor entre personas de 18 a 25 años (71%), personas de nivel socioeconómico alto (81%) y quienes tienen un nivel de educación superior (80%). Además, las personas familiarizadas con la Ley de Transparencia y la labor del CPLT también tienen más inquietud sobre lo que hace el Estado, con un 86% y un 78%, respectivamente.

En general, el acceso a la información pública es bien valorada y las personas la consideran como necesaria (86%), útil (61%), que fomenta la participación (66%), previene la corrupción (54%) y que mejora la gestión pública (66%). Estos dos últimos ítems tuvieron un alza de cinco puntos porcentuales desde la medición de 2019 y actualmente alcanzan sus cifras más altas.

“La confianza en la información pública creo que tiene que ver con el hecho de que esta les otorga a las personas la posibilidad de poder ejercer otros derechos -aquello que llamamos “derecho llave”-, que sirven para el control social y, en definitiva, para combatir la corrupción. La gente parece estar reconociendo que la información les pertenece y les debe ser entregada”, explica De la Fuente.

Sobre este punto, las áreas donde se califica como más importante el acceso a la información pública son Salud (82%), Educación (74%) y Justicia (60%).

En comparación con 2019, se refleja un aumento en las personas que afirman haber solicitado información a organismos estatales. La cifra se alza al 35% en 2020, lo que representa un máximo histórico. Las instituciones con más solicitudes fueron los municipios (50%) y en menor medida los servicios públicos (19%) y los ministerios (18%).

A propósito de la información solicitada, el 32% de las respuestas indicaron que esta tenía que ver con subsidios y beneficios, un 13% con vivienda y un 10% con la Ficha de Protección Social. Además, ítems sobre información solicitada de salud, educación, certificados y trámites tienen cada uno un 7% de las respuestas. También cuestiones como trabajo y cesantía y temas como pensiones y retiro del 10% representan un 4%, respectivamente.

En ese sentido, el 90% de las personas manifestó que sus solicitudes se relacionan con asuntos personales. Y el 36% de las solicitudes fueron hechas por mujeres, personas de un nivel socioeconómico bajo (36%) y con mayor escolaridad (39%).

Una importante mayoría (93%) considera que todas las personas deben tener derecho acceder a la información de cualquier organismo público. Esta proporción es similar a quienes apoyan la obligatoriedad de un organismo público a la hora de responder las solicitudes de información (94%) y con el derecho a reclamar si un organismo público no entrega los datos requeridos (95%).

“Una ciudadanía activa, solicitante de información, es un avance para nuestra sociedad y nuestra democracia. Habla de un mayor grado de madurez, compromiso y responsabilidad de las personas; de una mayor comprensión de lo público y de la interacción de ese mundo público con las necesidades personales de cada uno”, concluye de la Fuente.