La mañana del 8 de abril, en Nueva Imperial, Carabineros desalojó el fundo La Engorda, ubicado en el kilómetro 25 de la Ruta S-568. Esto, luego de que fuera tomado por una comunidad que colinda con el predio de 200 hectáreas, dedicado a uso ganadero. Además de apropiarse de la casa, instalaron lienzos que decían “Recuperación de tierras R. Huiscallanca” y “Recuperando la ñuke mapu”. Horas después del desalojo, un grupo de personas volvió a entrar al predio.

Esta no es la primera vez que ese terreno es afectado por una toma. El 10 de febrero, Carabineros llegó al mismo fundo con una orden judicial para desalojar a 15 personas que se habían instalado hacía casi un mes.

Y el 6 de abril pasado, cerca de 20 personas entraron al fundo San Jorge, ubicado en el kilómetro 9 de la Ruta R-839-S, en Perquenco. También instalaron un lienzo que decía “Recuperación terreno mapuche”. Cuando Carabineros fue a desalojarlos, se encontró con 16 encapuchados que los atacaron con elementos contundentes.

Desde este año, Carabineros recibe casi a diario órdenes judiciales para desalojar predios usurpados violentamente por desconocidos, a través de amenazas y robos. Según cifras del Ministerio del Interior, de los 427 casos de violencia rural en la Macrozona Sur en el primer trimestre de 2021, 134 corresponden a usurpaciones de predios. En el mismo periodo de 2020 se registraron 17 tomas de terrenos en el mismo sector, es decir, se ha producido un aumento de un 688% de un trimestre a otro. Donde más se ha registrado el problema es en La Araucanía, región en la que se han detectado 129 usurpaciones o tomas de terreno en el primer trimestre de este año.

A raíz de esta situación, hoy está en etapa de diseño un plan específico contra las usurpaciones de terrenos por parte del gobierno, el que -se espera- empieza a operar a fines de abril. Esta iniciativa tiene por finalidad prevenir y disminuir las tomas de predios y permitir la siembra sin afectaciones, a través de la coordinación con las policías en base a la información de inteligencia del sistema. La idea es, en base a esta información, identificar en el mapa de las cuatro regiones cuáles son las zonas y fundos exactos que están siendo objeto de usurpación y tomas, para prevenirlas. En el caso de los predios que ya están tomados, el objetivo es perseguir a los imputados por estos ilícitos y realizar los desalojos.

Para levantar esta información trabajará el sistema de Inteligencia en su conjunto, compuesto tanto por Carabineros y la PDI como por la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI). Pese a que continuamente se realiza trabajo de inteligencia en la zona, con este plan se busca apuntar directamente a este delito y a identificar los lugares más afectados, considerando la exponencial alza de tomas que se ha registrado en el primer semestre de este año.

Esta medida es parte de una serie de propuestas realizadas por el delegado presidencial de la Macrozona Sur, Pablo Urquízar, tras realizar varios recorridos por la zona y reunirse con autoridades y actores afectados por la violencia rural. “La preocupación por la fuerte alza del delito de usurpación en la Macrozona Sur, asociada además a otros hechos de violencia, es una prioridad del gobierno y la estamos enfrentando a través de la vía legislativa, estableciendo penas privativas de libertad para los que delinquen (hoy solo tiene pena multa), y con medidas preventivas y persecutorias en un plan concreto contra las usurpaciones que estamos elaborando y esperamos materializar a la brevedad”, dijo Urquízar a La Tercera.

Según una minuta del gobierno, la importancia de enfrentar este delito “radica en la forma en que hoy hay grupos organizados que operan tomándose predios, aprovechándose de las debilidades de la regulación actual y afectando el derecho de propiedad de las víctimas, las que muchas veces se ven intimidadas o violentadas, afectando también la integridad física y psíquica de las personas en el marco de la denominada violencia rural”.

En paralelo a la activación de este plan, el gobierno impulsa un proyecto de ley -que ingresó al Congreso el 21 de julio de 2020- para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación, ampliar el período de flagrancia y facilitar la detención de los ocupantes. Actualmente esta iniciativa se encuentra en el primer trámite constitucional en la Comisión de Seguridad Pública del Senado.

Hoy, la usurpación está concebida como un ilícito que tiene como base la pena de multas y no es un ilícito privativo de libertad: la usurpación no violenta tiene una multa de 6 a 10 UTM ($ 308.934 a $ 514.890) y la considerada violenta tiene una multa de 11 a 20 UTM ($ 566.379 a $ 1.029.780).

De acuerdo a la minuta del Ejecutivo, “la falta como sanción implica que en la práctica se aplica lo preceptuado en el Artículo 124 del Código Procesal Penal, esto es, que ‘cuando la imputación se refiriere a faltas o delitos que la ley no sancionare con penas privativas ni restrictivas de libertad, no se podrán ordenar medidas cautelares que recaigan sobre la libertad del imputado, con excepción de la citación’. De esta manera, la autoridad policial ante una situación de usurpación de inmuebles no puede detener ni siquiera en flagrancia”.

Por esto, en la práctica lo que pasa es que se hace la denuncia y previa orden judicial, salvo que exista flagrancia, Carabineros van a desalojar la propiedad sin posibilidad alguna, en ambos casos, de detener. Una vez desalojados, Carabineros se va y vuelven a usurparlo.