Hace una semana, cuando se inició el proceso de vacunación, el ministro de Salud, Enrique Paris resolvió una duda que había sido ampliamente consultada entre los extranjeros con una situación migratoria irregular. “(Para vacunarse) si no tienen RUT o carnet, tienen que inscribirse con el número de pasaporte. Aquí la vacuna es gratuita, universal y voluntaria”, señaló.

Sus dichos los ratificó más tarde, cuando dio el vamos a la vacunación masiva desde un Cesfam de Santiago Centro -una de las comunas con mayor cantidad de migrantes- junto al alcalde, Felipe Alessandri. “A los inmigrantes también los vamos a vacunar, sin lugar a dudas, ellos tienen derecho a ser vacunados igual que los chilenos (...) Ellos son habitantes del país y también van a ser vacunados, no se les va a poner ninguna traba, solo tienen que cumplir con el mismo calendario que le exigimos a nuestros compatriotas”, reafirmó.

Sin embargo, y durante esta jornada, comenzó a circular profusamente un reportaje de la televisión peruana donde se describían los paquetes turísticos que ya se ofrecían en el país vecino para venir a vacunarse a Chile, bajo el título de que en el país hay “vacunas de sobra”.

Esto derivó en una resolución del Minsal donde se especifica quienes podrán recibir la vacuna: “aquellos que tienen la nacionalidad chilena, permanencia definitiva, visa de residente, visa de estudiante o visa sujeta a contrato, o quienes cuenten con una solicitud de visa temporal o definitiva ingresada a trámite”, dice el documento.

Desde La Moneda, el canciller Andrés Allamand fue más allá y aseveró que “no van a tener derecho a vacunarse quienes estén con visa de turista, tampoco los extranjeros turistas de aquellos países a los que no se les exige visa, ni tampoco aquellos que estén en el país de manera irregular”. Este último punto, encendió el debate entre infectólogos, epidemiólogos y expertos en salud pública.

Desde la cartera sanitaria, en privado, dicen que en teoría, existe una “zona gris”, pues en la resolución no se habla de los migrantes con situación irregular en el país, sino de quienes están con una visa de turista vigente, y que se detecte que están en el país con el fin de hacer “turismo de vacunas”.

Y aunque aún no se habla de recular en la medida, es probable que las autoridades salgan a matizar los dichos de Allamand o, incluso, publicar un nuevo documento, que ahonde sobre la materia.

Una de las primeras en pronunciarse fue la presidenta del Colegio Médico (Colmed), Izkia Siches, quien hizo un llamado a corregir el decreto, arguyendo que se desprotege a una población más vulnerable. “Hay formas más humanitarias de limitar el turismo de vacunas”, escribió el Colmed en su declaración.

En la misma línea de Siches, la presidenta del Consejo Asesor Covid-19, la epidemióloga Ximena Aguilera, planteó que “excluir de la vacuna a los inmigrantes que están en situación irregular es un riesgo para la salud de todos”.

Así, otros expertos también hacen planteamientos similares. Durante la primera ola, los foráneos en estas condiciones son quienes más estuvieron expuestos a contagios, por diversos factores de vulnerabilidad, como el hacinamiento en viviendas poco aptas para mantener aislamientos, trabajos irregulares o menor acceso a artículos para protegerse. A eso se suma que estas personas, por temor, solo acuden a recintos asistenciales cuando su problema de salud es una urgencia. Es decir, pertecen a un grupo que ha llegado a ser atendido con la evolución de la enfermedad más agravada que un residente con sus papeles en regla.

Desde la mesa asesora Covid-19, la infectóloga María Teresa Valenzuela, también se suma a los dichos de Aguilera, y explica que si existiera un orden preferencial, con un suministro limitado de vacunas, “considero que nos debemos primero a nuestra población nacional”. Sin embargo, es enfática en hacer un llamado que, en el contexto actual, y con vacunas suficientes, se debe incluir a “las personas que residen acá, legal o ilegalmente. Mi postura es que también deben ser protegidos, no se pueden dejar de lado. Igualmente residen acá y merecen la atención (...). Lo que sí, el turismo de vacunas es nefasto”.

Coincide con ella el infectólogo Pablo Vial, también miembro de la instancia, quien aborda que en el país “ha habido una tradición histórica en la salud pública chilena de que las vacunas no se restringen a las personas chilenas o residentes”.

Vial explica que quienes realizan su vida en el país, con el riesgo de infectar o ser infectados, deben ser inmunizados, y agrega que en otras campañas de vacunación no han sido excluidos. “Siempre se ha vacunado a las personas que están en una situación irregular: es decir las personas que viven acá, pero que no tienen una situación migratoria regularizada. Ellos están residiendo acá, participan de actividades de la comunidad, pueden ser fuente de transmisión. Nunca se ha hecho diferencias en otros programas en la inmunización de inmigrantes”, dice.

A ese punto, el epidemiólogo Gabriel Cavada, agrega que desde el punto de vista de salud pública, el objetivo es uno: cortar el contagio en Chile, independiente de la nacionalidad. Por ello, considera pertinente inocular a quienes residen sin su situación regularizada en el país. “Lo que sí está causando cierta alarma es el turismo médico o sanitario. Eso es más peligroso, porque nos puede dejar sin suministro a nosotros. Pero fuera de eso, el objetivo de la vacunación es desestresar el sistema sanitario y para eso tienen que ser todos quienes residan acá, a ellos (inmigrantes irregulares) hay que vacunarlos”, concluye.