En el discurso de apertura de la 48ª sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, la alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, se refirió ayer a distintos conflictos en el mundo, desde Venezuela a Nicaragua, pasando por los talibanes en Afganistán, además de Etiopía y el cambio climático.

Bachelet denunció la “intimidación y criminalización” de activistas en Venezuela, lo que fue rechazado por el gobierno del Presidente Nicolás Maduro. “Me preocupan las restricciones adicionales y los continuos informes de intimidación y criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos y de los y las líderes sindicales por sus actividades legítimas”, destacó la expresidenta chilena en un informe sobre la situación de Venezuela.

Además, reiteró un “llamado a la plena liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente” y, en ese sentido, destacó que “152 detenidos han sido liberados desde junio de 2020” a través de mecanismos de cooperación con su Oficina, que mantiene presencia en Venezuela desde hace dos años.

“Doy la bienvenida a la absolución de Braulio Jatar”, añadió en relación al periodista chileno-venezolano detenido en 2016 en un clima de protestas contra el gobierno y absuelto de supuestos crímenes de lavado. Según la ONG de defensa de los derechos humanos Foro Penal, un total de 262 personas están detenidas por razones políticas en Venezuela.

La reacciones de parte de Caracas no tardaron en llegar. La cancillería rechazó “las falsas aseveraciones del informe sobre supuestas detenciones arbitrarias o persecuciones por el ejercicio o la defensa de los derechos humanos, por cuanto se inscriben en el guion político de quienes instrumentalizan esta materia para agredir” al país.

“Venezuela ratifica que continuará cooperando con la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con base en el respeto a la verdad y a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, no injerencia en los asuntos internos y diálogo constructivo”, añadió el texto.

Bachelet señaló que la presencia de su misión se extenderá otro año tras la renovación de la Carta de Entendimiento con el gobierno. Indicó que confía en que el proceso de diálogo que sostienen en México el gobierno de Maduro y la oposición “pueda conducir a soluciones significativas y se traduzca en mayores avances para la protección de los derechos humanos”.

En su discurso, Bachelet también advirtió que la violación de las garantías fundamentales en Nicaragua “se ha agudizado de manera alarmante”, y que más de 120 opositores están encarcelados cuando faltan menos de dos meses para las elecciones generales, que se realizarán el 7 de noviembre.

Bachelet dijo que el deterioro de la situación en el país centroamericano, desde que estalló la crisis social en 2018, afectará el derecho ciudadano de elegir en los que el Presidente Daniel Ortega busca su tercera reelección consecutiva.

Ortega, que el 11 de noviembre cumplirá 76 años, gobernó por primera vez de 1985 a 1990. Retornó al poder en 2007 y se reeligió en 2011 y en 2016, esta vez llevando como vicepresidenta a su esposa, Rosario Murillo, quien también busca la reelección en el cargo.

Según Bachelet, desde su última actualización oral sobre la crisis en Nicaragua, en julio pasado, “no se han observado avances en la situación de derechos humanos, ni muestras del gobierno para abordar constructivamente las tensiones”. Por el contrario, dijo que su oficina documentó “30 casos de amenazas e intimidaciones” contra defensores de derechos humanos, periodistas, estudiantes, dirigentes campesinos y miembros del clero católico, además del allanamiento y ocupación de la sede del diario La Prensa, crítico del gobierno.

La alta comisionada reprobó el arresto de una treintena de opositores nicaragüenses desde fines de mayo, incluyendo profesionales, periodistas, líderes políticos y siete aspirantes a la presidencia. Dijo que al menos 124 personas permanecen encarceladas por disentir del gobierno. Según la oposición, la cifra de “presos políticos” supera los 140 detenidos desde 2018, cuando protestas estudiantiles derivaron en una revuelta social que terminó exigiendo la renuncia de Ortega.

Según el organismo internacional, las detenciones se han practicado “bajo conceptos penales ambiguos y sin suficientes evidencias probatorias”. En esa línea, llamó al gobierno a tomar medidas urgentes, “como mínimo, liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente, cesar toda persecución contra voces disidentes y restablecer los derechos y libertades que hacen posible un proceso electoral”.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la represión policial sobre las protestas de 2018 dejó 328 civiles muertos, más de 2.000 heridos, más de 1.600 detenidos en distintos momentos y más de 100.000 exiliados, en su mayoría refugiados en Costa Rica.

Bachelet también aludió en su informe al tema medioambiental. En ese sentido, dijo que “triple crisis planetaria” del cambio climático, la contaminación y la pérdida de naturaleza representaban la mayor amenaza para los derechos humanos en el mundo. “A medida que estas amenazas medioambientales se intensifiquen, constituirán el mayor reto para los derechos humanos de nuestra era”, sostuvo.

Al respecto, advirtió: “Incendios monumentales en Siberia y California; enormes inundaciones repentinas en China, Alemania y Turquía; olas de calor ártico que conducen a emisiones de metano sin precedentes; y la persistencia de una sequía interminable, desde Marruecos y Senegal hasta Siberia, que potencialmente obliga a millones de personas a la miseria, el hambre y el desplazamiento”.

Bachelet señaló que la emergencia humanitaria en los países africanos del Sahel está siendo impulsada por el cambio climático. Así, las largas sequías seguidas de inundaciones repentinas, acceso desigual a los recursos naturales y altas tasas de desempleo juvenil están plagando la región. “Estas tendencias obligan a la gente a desplazarse, agravan los conflictos y la inestabilidad política y alimentan el reclutamiento por parte de grupos extremistas violentos”, dijo. “En tal situación, debe quedar claro que no puede haber una solución puramente militar a los conflictos en la región. Hasta la fecha, cuatro millones de personas en todo el Sahel han sido desplazadas, según estimaciones del Acnur”.

El exmandataria aseguró que existen tendencias y desafíos similares en diferentes formas y en diversos grados en todas las regiones del mundo. Por ejemplo, Asia, Medio Oriente y África del Norte se ven afectados por la escasez de agua, lo que provoca un aumento de las tensiones por este recurso escaso.

La alta comisionada sostuvo que el cambio climático está teniendo un impacto notable en la pobreza, el desplazamiento y los derechos humanos fundamentales en Guatemala, El Salvador y Honduras. Además, advirtió que los defensores del medio ambiente y los derechos humanos están siendo amenazados, acosados e incluso asesinados, a menudo con total impunidad, en América Latina, el Sudeste Asiático y otras regiones.

Bachelet se refirió también a la situación que se vive en Afganistán, luego de que los talibanes asumieran el poder el 15 de agosto pasado, acusando que no han cumplido con el respeto a los derechos de las mujeres. En ese sentido, advirtió que las mujeres “han sido progresivamente excluidas del espacio público”, además de que las niñas mayores de 12 años no tienen el derecho de asistir a escuelas en una gran parte del país.

“Asociaciones de mujeres de la sociedad civil han sido acusadas de obscenas, o de extender ideas contra el islam en sus comunidades”, destacó, añadiendo que “en algunos casos se les ha ordenado quedarse en su casa, alegando que es por su propia seguridad, ya que las fuerzas talibanes no están ‘entrenadas’ para lidiar con ellas”.

También indicó que su oficina “ha recibido fundadas denuncias de asesinatos por venganza contra antiguos miembros de las fuerzas de seguridad, y de detenciones arbitrarias de funcionarios y sus familiares”. Debido a todo esto, aseguró que “el país ha entrado en una nueva y peligrosa etapa, en la que muchos afganos están profundamente preocupados por sus derechos humanos (…) Naciones Unidas mantendrá la mayor de las vigilancias”.

Al respecto, también solicitó a la comunidad internacional y a los estados que “usen su influencia con los talibanes para pedir el respeto a los derechos humanos, con especial atención a mujeres, niñas y miembros de minorías étnicas y religiosas”.

En otros temas, Bachelet lamentó no tener “un acceso significativo” a la región china de Xinjiang, donde vive la etnia musulmana uigur, y dijo por primera vez que su oficina está “finalizando la evaluación de la información disponible sobre las denuncias de graves violaciones de derechos humanos en esta región, para hacerla pública”. China rechaza que se lleve a cabo una investigación en Xinjiang.

Estados Unidos, basándose en estudios de investigadores occidentales, acusa a China de haber internado a más de un millón de uigures en “campos” en Xinjiang. Beijing niega esta cifra y afirma que se trata de “centros de formación profesional”.

Asimismo, Bachelet se refirió a la “continuación y multiplicación de los casos de uso excesivo de la fuerza, o totalmente injustificada, contra civiles palestinos por parte de las fuerzas de seguridad israelíes”.

Desde enero, 54 palestinos, entre ellos 12 niños, murieron a manos de las fuerzas israelíes en Cisjordania ocupada, una cifra que representa más del doble de todo 2020, detalló. Además, más de 1.000 personas resultaron heridas por disparos de balas.