Los ánimos están encendidos en Perú, luego de que un video mostrara al expresidente Alberto Fujimori vistiendo ropa deportiva, sin esposas, saliendo de una camioneta propiedad del Estado para ingresar a un spa de fachada naranja y caminando por cuenta propia, sin ayuda de un bastón o de una silla de ruedas como se le acostumbra a ver. Las imágenes desataron gran controversia en el país e incluso se reactivaron los pedidos de indulto para el exmandatario que está cumpliendo 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad.
En un mensaje en su cuenta oficial en la red social X, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) indicó que el video difundido en las redes corresponde “a una diligencia médica” odontológica del expresidente.
Tras la difusión del video, el INPE indicó que Fujimori se atiende “desde hace varios años” en ese mencionado centro odontológico. La escena del video, que se grabó el viernes pasado, corresponde al Nice Dental Spa, un negocio que se ubica a una hora de la prisión, en el distrito de Magdalena del Mar, en Lima.
En el video se observa a Fujimori ingresar por la puerta a un local privado que tiene por nombre “Estética Colombiana”, a 20 kilómetros del penal de Barbadillo. En el segundo piso del lugar también funciona un consultorio odontológico. Poco antes, otro hombre vestido de negro y que no ha sido identificado por las autoridades toca el timbre de forma insistente hasta que la puerta se abre. Posteriormente, del vehículo del INPE descienden efectivos policiales y luego el expresidente, quien camina sin ningún apoyo para llegar hasta la puerta de este centro estético y detrás la que sería su enfermera a cargo.
Esta es la primera vez que la agencia carcelaria informa que Fujimori recibe tratamientos dentales fuera de la prisión. El exmandatadario cumple condena en una cárcel donde también están recluidos los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), quien es investigado por recibir un presunto soborno de la constructora brasileña Odebrecht, y Pedro Castillo (2021-2022), quien es indagado por cargos de rebelión y corrupción.
Todos los informes previos sobre Fujimori han sido referidos a urgencias médicas, incluidas arritmias cardíacas, por las que ha sido llevado en camilla o silla de ruedas a hospitales privados. En 2012, un publicista de Fujimori difundió una foto del expresidente con el rostro muy demacrado sobre una cama. En 2018, luego de que un juez anuló un indulto que excarceló por varios meses a Fujimori, el exmandatario envió un video al entonces presidente Martín Vizcarra (2018-2020) donde le suplicaba no retornar a la cárcel. “Si regreso a prisión mi corazón no lo va a soportar... no me condenen a muerte, ya no doy más”, dijo.
Un reportaje del portal de investigación Convoca desveló que Carmen Eunice Encinas Acero, propietaria del local al que acudió el exmandatario, es odontóloga vinculada al partido fujimorista Fuerza Popular desde 2020 e hija de Néstor Encinas Tenazoa, candidato al Parlamento Andino por esta agrupación.
Convoca señala que el padre de la especialista en cosmética dental es cercano al partido naranja desde 1989, año en que se desempeñó como coordinador de Cambio 90, en San Martín, según compartió en una entrevista durante su campaña para el Parlamento Andino.
Durante su postulación, el líder evangélico obtuvo 12.384 votos preferenciales, ocupando el séptimo lugar. Como es de conocimiento público, la lista la encabezó el excongresista Luis Galarreta, quien fue electo con 113.692 votos.
El reportaje detalló que las citas del exmandatario al centro de cosmética dental iniciaron en el 2021 e, incluso, la pandemia del coronavirus no fue impedimento para que el reo continuara yendo, “por prescripción médica y con la autorización de la dirección del Establecimiento Penitenciario Barbadillo”.
Consultados por la prensa, la institución penitenciaria aseguró que las visitas al dentista del interno Fujimori responden a un tratamiento odontológico que sigue desde que se le operó por cáncer bucal.
El cuestionado congresista Elvis Vergara, de Acción Popular, se refirió al caso y se mostró a favor de la liberación del expresidente. Asimismo, indicó que si no se le exoneran los delitos de lesa humanidad por los que fue sentenciado a 25 años, el exjefe de Estado debería cumplir arresto domiciliario: “A pesar de que es algo muy polémico y seguramente van a salir a cuestionarme algunos colegas, incluso, creo yo que ya debería purgar condena en su casa”.
Varios usuarios debatieron sobre los beneficios concedidos al expresidente y cuestionaron su estado de salud, ya que se le vio entrar al local sin asistencia. Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL), criticó la situación.
“Esto viene ocurriendo desde siempre, y la única conclusión que podemos sacar es que Fujimori es un preso especial, que no recibe un trato común. Al no haber una razón legal, debo entender que el buen trato que el INPE le da se debe a razones estrictamente políticas”, sostuvo.
Para el analista Aldo Mariátegui, “la vergüenza aquí no es que Fujimori vaya al dentista, sino que a sus 85 años aún esté preso”. “La vergüenza es que se le hayan revertido dos indultos (…). Y otra vergüenza es que su propia hija haya conspirado contra su liberación y haya llegado a la aberración de grabar a su propio hermano para impedirlo, pero ya esa inesperada y sideral maldad oculta de Keiko es otro tema”, escribió en una columna en el diario Perú 21.
Y agregó: “Nunca fui fujimorista. En su segundo gobierno borró todo lo estupendo que hizo en el primero. (…) Forzó una reelección absurda. Permitió mucha corrupción (que después sus enemigos ignorantes exageraron, llegando a afirmar estupideces -económicamente insostenibles- como que se robaron US$ 6 mil millones o toda la plata de las privatizaciones). Pero hace rato que Fujimori debería estar libre, aunque al IDL no le guste la idea”.
El expresidente es padre de Keiko Fujimori, excandidata presidencial y líder del partido Fuerza Popular, el grupo político que integra la estratégica mesa directiva del Parlamento peruano. La política de 48 años está investigada por presunto lavado de activos provenientes de Odebrecht, por lo cual la fiscalía ha pedido 30 años de prisión. La hija de Fujimori niega todos los cargos.
