El atentado de que fue objeto la futura Central Rucalhue -ubicada en la provincia del Biobío-, ha marcado un hito en la historia de atentados en la Macrozona Sur. Fueron del orden de 50 vehículos los que resultaron quemados -principalmente camiones-, además de dos guardias heridos, constituyendo el ataque de mayor magnitud de que se tenga registro en la zona. A raíz de estos hechos, el Ministerio de Seguridad ha anunciado una querella invocando la Ley Antiterrorista, siendo la primera vez que utiliza esta legislación luego de los profundos cambios de que esta legislación fue objeto.

Si bien es una señal acertada que el gobierno haya calificado estos hechos como un ataque terrorista, no cabe minimizar las implicancias de que un evento de esta magnitud haya tenido lugar, porque es la constatación de que grupos altamente organizados, con importante capacidad logística y de enorme peligrosidad siguen operando en esta zona, constituyendo un abierto desafío al Estado y sus instituciones.

Estos hechos han tenido lugar cuando el número de atentados en la Macrozona Sur venía experimentado una baja significativa en el último tiempo. Las estadísticas de Carabineros indican que en 2024 se produjeron poco más de 500 eventos relacionados con violencia rural, un 46% menos respecto de lo registrado el año anterior. Las intervenciones que se han hecho en la zona han rendido su fruto, y probablemente un factor incidente ha sido el estado de excepción constitucional que rige en forma ininterrumpida desde mayo de 2022 en la Región de La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío.

Naturalmente que el hecho de que este nuevo atentado se haya producido justamente en una de las áreas bajo estado de excepción enciende una preocupante luz de alerta, pues si bien el número total de atentados ha disminuido, no se ha logrado eliminar que grupos de connotación terrorista continúen operando en la zona. El brutal asesinato de tres carabineros en abril del año pasado en la zona de Cañete -un caso que ha tenido importantes avances en su investigación penal- es otra prueba de que la violencia extrema no ha logrado ser desactivada. En este contexto, al menos por ahora parece difícil pensar en que el estado de excepción pueda ir retirándose gradualmente, como pretende el gobierno.

El daño que la violencia representa para el país resulta de enorme envergadura. Ello no solo porque se está poniendo en grave riesgo la seguridad de todos sus habitantes, sino además porque la constante vulneración del Estado de Derecho trae consigo impactos directos sobre las actividades económicas de la zona. En tal sentido, debe tomarse seriamente la advertencia que ha hecho el gobierno chino -considerando que esta central hidroeléctrica está siendo desarrollada por una filial de China International Water and Electric Corporation, parte del conglomerado China Three Gorges Corporation-, el cual reclamó una investigación exhaustiva y la implementación de medidas efectivas y concretas para garantizar la seguridad, tanto del personal como de los proyectos de empresas chinas en Chile. No cabe duda de que la imagen del país se ve seriamente dañada cuando ocurren amenazas de este tipo, lo que exige un compromiso de todos los estamentos del Estado en su erradicación.