Los gravísimos incidentes que tuvieron lugar el jueves pasado en las inmediaciones del Estadio Monumental, donde en el marco de un partido por Copa Libertadores entre Colo Colo y Fortaleza -que luego debió ser suspendido, por el ingreso de barristas a la cancha- resultaron fallecidos dos jóvenes hinchas, además de numerosos heridos. Un intento de “turbazo” para tratar de ingresar al recinto generó un caos que dio pie a estos graves hechos, donde entre otras responsabilidades se investiga si un carro policial pudo haber aplastado a las víctimas.

Como consecuencia de estos hechos, la Conmebol sancionó a Colo Colo, en tanto que también se suspendió el Superclásico que iba a tener lugar el domingo pasado. Por su parte, el ministro de Seguridad aceptó la renuncia de la jefa del programa Estadio Seguro, para en los días siguientes comunicar que dicho programa no continuará. El ministro explicó que “Estadio Seguro, como régimen de funcionamiento, como plan en su diseño y en su estructura, ha fracasado”.

Como era esperable, han comenzado recriminaciones mutuas entre autoridades y clubes deportivos respecto de a quién cabe la responsabilidad por las fallas en las medidas de seguridad. Lo cierto es que estos hechos han vuelto a dejar al descubierto que a pesar de la ley de violencia en los estadios, de contar con el programa Estadio Seguro y de las sanciones que han ido aumentando en el tiempo, la violencia descontrolada sigue dominando, y ni los clubes ni las autoridades han logrado ponerle freno, afectando gravemente el desarrollo de actividades deportivas.

Desde luego, las dimensiones del problema son múltiples, y en tal sentido hay un fracaso de todos los estamentos, no solo de un programa en particular. Parece acertado que el gobierno ponga fin a Estadio Seguro, ente que pese a estar operativo desde 2011 nunca logró coordinaciones efectivas con todas las instancias, ni fue capaz de lograr un buen cumplimiento de la ley de violencia en los estadios. Con todo, de momento no parece haber un plan exhaustivo de reemplazo de esta institucionalidad, lo que hace necesario que el nuevo Ministerio de Seguridad detalle qué pasos piensa adoptar para cumplir con la tarea de erradicar la violencia.

Una materia que requiere urgente debate es lo relativo a las “barras bravas”, que son las grandes responsables de tener capturado el espectáculo deportivo. Sigue pendiente el debate sobre la relación que los clubes mantienen con estas y cómo obtienen su financiamiento, pero parece necesario dar un paso más y tratarlas como expresión de organizaciones criminales. Esto exige endurecer la legislación, pero también mucha mayor eficacia en la sanción penal: En 2022 se registraron apenas nueve condenas por violencia en los estadios y hasta mayo de 2023 solo se habían contabilizado cuatro condenas. Esto no va de la mano con los niveles desatados de violencia que se observan en partidos de alto riesgo, y prueba que el fenómeno no se contendrá solo por aprobar más leyes.

Los clubes tampoco pueden desentenderse de las responsabilidades que les cabe, no solo en sus vínculos con estas “barras”, sino en disponer de medidas de seguridad mucho más eficientes para el acceso a los estadios. Sorprende que todavía no exista una masificación de tecnologías como el Registro Nacional del Hincha.