Gran atención ha despertado el reporte sobre los principales resultados de fiscalización elaborado por la Contraloría General de la República, entregado a la Cámara de Diputados en virtud de un convenio que data de 2014. En el informe se contienen las observaciones de mayor relevancia detectadas en auditorías e investigaciones especiales ejecutadas entre el 1 de abril de 2024 y el 31 de marzo de 2025, incluyendo fiscalizaciones que se iniciaron en años anteriores. El ente contralor señala que de las 792 auditorías efectuadas, las observaciones encontradas alcanzaron un total de $1,5 billones, una cifra que ha impactado por su magnitud, y que ha vuelto a poner de relieve la importancia de llevar a cabo un estricto control de los recursos públicos.

El informe desglosa entre incumplimiento de normas contables o presupuestarias -que representan el mayor monto, con más de $359 mil millones-, falencias asociadas al cumplimento de contratos ($328 mil millones), deficiencias en el proceso de rendición de cuentas ($316 mil millones) y en el manejo de fondos ($252 mil millones), entre otra serie de variables.

Al respecto, en informes de otros años la Contraloría ha detectado observaciones incluso por montos mayores a los que ha sistematizado en este reporte, lo que entonces no fue motivo de especial alarma. Seguramente en esta oportunidad ha influido el hecho de que actualmente existe una particular sensibilidad con el manejo de los recursos públicos, atendido el cúmulo de escándalos de corrupción que han surgido en el último tiempo, sumado al escenario de severa estrechez fiscal en que nos encontramos. Por otra parte, los montos que han sido observados responden a múltiples situaciones, de modo que no cabe asumir que por ese solo hecho han sido malgastados o son parte de una cadena de irregularidades, sin que tampoco quepa descartar que existan situaciones donde efectivamente pueda haber manejos derechamente irregulares.

Pero ciertamente el informe tiene el mérito de que constituye un fuerte llamado de atención sobre la relevancia de que las diversas instituciones sean mucho más celosas en la ejecución y rendimiento de los recursos que reciben. Ello no parece ser lo que de hecho está sucediendo, atendido el alto número de observaciones formuladas a través del tiempo, y son un recordatorio de la importancia que representa reforzar los actuales sistemas de control, donde la Contraloría juega un rol muy relevante.

Decidor es que la Contraloría mencione a los gobiernos regionales entre las instituciones con mayor cantidad de objeciones, lo que confirma la importancia de que las instancias regionales refuercen mucho más los mecanismos de control con que cuentan.

Los escándalos asociados a casos de despilfarros o de manejos irregulares han permitido tomar conciencia sobre el enorme volumen de recursos públicos malgastados, y el espacio que existe para llevar a cabo recortes de gasto. El informe de Contraloría deja a la vista una serie de fallas que requieren ser corregidas, justamente para reducir el espacio a que existan irregularidades que den pie a la corrupción.