El reciente fallo de un tribunal federal de Estados Unidos, en que dictaminó que Google incurrió en prácticas monopólicas ilegales para sostener su gigantesco negocio de publicidad digital, abre escenarios de insospechadas implicancias, en la medida que podría redefinir las reglas con que hasta ahora opera el mercado de búsquedas en Internet y la relación con los generadores de contenidos, considerando la posición de incontrarrestable dominio que ejerce Google y su capacidad para imponer condiciones y tarifas a su arbitrio.

El caso judicial se originó a partir de una demanda que interpuso el Departamento de Justicia y varios estados en 2023, alegando que Google tenía el monopolio en tres partes del mercado publicitario en línea. El tribunal determinó efectiva la infracción en las herramientas utilizadas por los editores en línea para alojar espacios publicitarios abiertos, como también en las herramientas que utilizan los anunciantes para comprar ese espacio publicitario. No acogió en cambio lo que se solicitaba respecto del software que facilita estas transacciones. Google aseguró que ha ganado la mitad de este juicio, y que la otra será apelada.

Google ya ha experimentado otros reveses en las cortes norteamericanas, y de confirmarse esta sentencia -cuya apelación podría tomar años- así como otros casos que se ventilan en las cortes, los paradigmas en la industria de Internet podrían cambiar sustancialmente, con reglas más justas e introducir mayores grados de competencia, lo que va en directo beneficio de la sociedad.

Más allá de cómo se resuelva este caso de monopolio ilegal, la sentencia del tribunal federal tiene la suficiente contundencia para poner desde ya sobre la mesa temas de enorme relevancia, particularmente en la forma como hoy se administra la enorme torta publicitaria en las búsquedas por Internet y la forma cómo se reparten esas ganancias. Lo que el fallo permite concluir es que Google se las ha arreglado para crear sistemas altamente sofisticados pero que a su vez le permiten controlar la subasta de avisajes, establecer precios poco transparentes e imponer condiciones que en la práctica no son posibles de resistir, porque al tener el monopolio de las búsquedas quedar fuera del espacio de Google en la práctica equivale a no existir.

Se trata de un asunto que en el caso de los medios de comunicación ha pasado a convertirse en una cuestión crítica. Dado que estos dependen de los ingresos publicitarios para poder financiarse, y puesto que la forma en que muchos lectores acceden a sus contenidos es precisamente mediante buscadores como Google, en la medida que el gigante tecnológico captura rentas monopólicas sin la justa retribución para las entidades que precisamente generan estos contenidos, ha terminado por producir graves daños en la estructura financiera de muchos medios, al punto de poner en riesgo su propia sostenibilidad.

Lo que está en juego aquí es de enorme relevancia, implicancias que la sociedad no parece aquilatar en toda su magnitud. Por de pronto, si hay actividades monopólicas que logran parte de sus ganancias reproduciendo contenidos que otros generan sin un justo pago por ello, se configura un cuadro expropiatorio que debe dar lugar a compensaciones. Pero lo más relevante es que en la medida que se drena la principal fuente de financiamiento de los medios de comunicación, que son los ingresos por venta de publicidad, existe el riesgo de que estos ya no puedan solventarse, y no porque sus contenidos carezcan de interés o ya no sean consumidos.

La mayor parte de la población consume hoy noticias e información a través de plataformas digitales; es un ecosistema sumamente diverso, muy expuesto a las noticias falsas y a la manipulación de contenidos, más aún cuando hoy existen tecnologías que permiten dar apariencia de verosimilitud a noticias falsas gracias a la modificación o generación de imágenes, audios o textos en cosa de segundos. Para asegurar un responsable ejercicio de la libertad de expresión y velar por que exista información verosímil y confiable, los medios tradicionales son los que están en mejor posición de garantizarlo. Dejar de contar con estos filtros y permitir que la sociedad quede expuesta sin más a todo tipo de pulsiones o contenidos sin control editorial ni verificación de fuentes implica un daño muy grave para la democracia misma, en la medida que la desinformación erosiona el debate público.

Es en este contexto que debe entenderse la demanda que Copesa -grupo que edita La Tercera- interpuso el año pasado en contra de Google, ante el Tribunal de la Libre Competencia, denunciando una serie de prácticas anticompetitivas de Google y uso indebido de sus contenidos. Fue la primera demanda de su tipo en la región, a la que luego se unieron medios como El Mostrador y Cooperativa, y que ahora también evalúan algunos canales de televisión. El fallo del tribunal federal de Estados Unidos avala varios de los argumentos que se han esgrimido en la demanda presentada en Chile, lo que abre la posibilidad de terminar con prácticas monopólicas y acordar nuevas reglas que al final van en beneficio de fortalecer el derecho a la información.