En enero de este año, el Ministerio de Hacienda oficializó un dato preocupante: la meta de balance estructural para 2024 no se cumplió, registrando un desvío de 1,3% del PIB. La principal causa -una sobreestimación de ingresos por parte de la Dirección de Presupuestos- ya había sido advertida por el mercado, y sus efectos no tardaron en proyectarse también sobre las cuentas fiscales de 2025.

Así, el propio Ministerio reconocía a comienzos de enero que la nueva meta de déficit estructural, fijada en -1,1% del PIB para este año, también estaba comprometida. Sin un ajuste decidido mediante, el desbalance podría escalar a -1,6% hacia fin de año. En este escenario, el Ejecutivo debía presentar ante el Congreso un plan concreto de corrección, para reencauzar el rumbo y dar cumplimiento a los compromisos asumidos en la materia durante la discusión presupuestaria reciente.

Por ello, la expectación en torno a la presentación del pasado miércoles ante las comisiones de Hacienda de ambas cámaras no era menor: se esperaba conocer las medidas correctivas que encaminarían al país hacia la meta comprometida para 2025. Sin embargo, la intervención del ministro de Hacienda y de la directora de Presupuestos tomó un giro inesperado, al anticipar sorpresivamente un cambio en la trayectoria fiscal definida en el decreto publicado en enero de 2024.

Entonces, se había fijado un cierre de -1,9% del PIB para ese año, que terminó siendo -3,3%. Para 2025, la meta de -1,1% también se ajustará, quedando en -1,6%, y postergando así el cumplimiento de la meta original para 2026, es decir, será una tarea que deberá asumir la próxima administración. Según explicó el titular de Hacienda, el nuevo ajuste responde a una drástica rebaja en la proyección de ingresos estructurales, que han caído 1,8 puntos del PIB desde la última proyección de septiembre de 2024. Esta significativa merma que refleja un cambio estructural obligó a redefinir la meta fiscal, postergando nuevamente los compromisos de consolidación fiscal asumidos por el Ejecutivo.

La realidad fiscal expuesta no deja espacio para ambigüedades: volver a una senda de equilibrio estructural exigirá algo más que ajustes menores. No bastarán medidas administrativas de austeridad -como el control de viáticos, horas extraordinarias o cargos de confianza-; si bien estas son importantes, de no acompañarse con decisiones estructurales, el país pagará las consecuencias.

La gran piedra de tope es que varias de estas decisiones deberán pasar necesariamente por el Congreso, y es ahí donde no es claro que exista el piso político suficiente, tanto en el oficialismo como en la oposición. Todos los sectores en estos últimos años han contribuido -en mayor o menor medida- con sus votos a la expansión del mayor gasto, y es claro que a ambos lados del espectro político habrá resistencia para emprender recortes o para llevar a cabo las negociaciones. Es común ver en la izquierda alta reticencia al recorte de gasto -siempre bajo el pretexto de que no se puede tocar el “gasto social”-, en tanto que en la oposición ha sido evidente la enorme fricción que se abrió tras la reforma previsional, donde Chile Vamos fue acusado por algunos sectores de “traición”, lo que ilustra que los posibles acuerdos que deban negociarse con la izquierda pueden llegar a ser altamente complejos para los sectores de derecha.

A la luz de este panorama, es razonable temer que los cambios estructurales podrían quedar subordinados a los intereses de cada sector político, entrampándose. Un ejemplo de cómo una medida que podría ser altamente beneficiosa para la economía ha terminado naufragando precisamente por la falta de piso político es la rebaja del impuesto corporativo, propuesta emanada del propio gobierno, el cual propuso un recorte de tres puntos. Hacienda ha señalado que, frente a la ausencia de consenso en la fórmula de compensación -una tasa a la primera distribución de utilidades-, y ante otras prioridades más urgentes que impone la coyuntura, se ha decidido postergarlo indefinidamente.

El haber descartado tempranamente una revisión del impuesto corporativo, sin considerar propuestas compensatorias como las impulsadas por la Sofofa, se presenta como una oportunidad perdida. El punto que impide avanzar en un acuerdo es que la oposición se resiste a compensar por la vía de aumentar el impuesto a las personas -probablemente porque en un período electoral para este sector no aparece como algo popular aumentar los tributos, lo que podría abrir nuevos flancos al interior de la oposición-, pero sorprende que para el gobierno y el oficialismo esta sea la principal forma de compensar, sin abrirse al hecho de que una mayor eficiencia del gasto público también sería una alternativa, que incluso podría hacer innecesario gravar con más impuestos a las personas; de hecho, en un contexto donde los ingresos fiscales han caído fuertemente, un ajuste en el gasto debería ser la primera de las medidas, como ocurriría en cualquier empresa cuyos ingresos se desploman. Lo cierto es que ambos sectores políticos han encontrado excusas para no avanzar en esta medida procrecimiento, que estructuralmente sería muy relevante, porque es un beneficio que de inmediato impactaría en la inversión.

Las nuevas cifras fiscales que ha entregado el Ministerio de Hacienda han transparentado una nueva realidad: el Estado deberá convivir con ingresos estructurales más bajos y un gasto en gran parte comprometido. Esto hace indispensable que se vuelva a poner el acento sobre la necesidad de emprender reformas estructurales no solo para fortalecer las finanzas públicas, sino también para elevar el crecimiento potencial y robustecer los ingresos permanentes del Estado. Lamentablemente, la dinámica política y el clima propio de un año electoral abren una enorme incertidumbre de que se logren tomar las medidas correctas para el país, y que ello se haga a tiempo. En este contexto, el Consejo Fiscal Autónomo debería pronunciarse también sobre la probabilidad de materializarse la convergencia fiscal propuesta por el Ejecutivo, procurando que sea realista y no meras intenciones.