El gasto en licencias médicas ha venido creciendo sustantivamente en los últimos años, sin que hasta ahora exista un diagnóstico consensuado de sus razones. Al mirar las grandes cifras, se observa que del orden de la mitad de la cotización del 7% destinada a salud va para solventar gastos asociados a licencias médicas. Con preocupación se advierte que en la última década el gasto en subsidios de incapacidad laboral se ha duplicado, representando en la actualidad del orden de 1,2% del PIB.

Las razones para este creciente gasto en salud pueden ser múltiples, pero hay sospechas de que parte de dicho abultamiento puede deberse derechamente a fraudes o a incentivos mal puestos en la legislación que terminan fomentando su mal uso.

Es llamativo que de los más de 50 mil profesionales autorizados a emitir licencias electrónicas, el 0,6% haya emitido más de 1.600 por año, mientras que una fracción muy pequeña se las arregló para expedir más de 5 mil. Pese a ser un grupo reducido, los profesionales que emiten más de 1.600 licencias por año representan el 9% del gasto total. Estas cifras indican que, a pesar de los avances en fiscalización, sigue existiendo un margen amplio que permite estas enormes disparidades y que para el país implican un gasto cuantioso.

Atacar los espacios de fraude es indispensable, pero también cabe atender a lo que han planteado distintas voces expertas, quienes han alertado sobre la necesidad de avanzar en reformas de tipo estructural para contener este mayor gasto. Aumentar las sanciones para aquellos emisores fraudulentos o que incumplen con los requisitos al momento de expedir licencias es un paso en la dirección correcta -un avance en tal sentido acaba de ocurrir con la ley que aumenta las sanciones en caso de licencias falsas-, pero parece indispensable revisar nuestra actual legislación, que contempla condiciones menos exigentes respecto de lo que se observa en la experiencia internacional. Por ejemplo, el hecho de que el subsidio pague el 100% de la remuneración a quienes están bajo el tope establecido en la ley y de manera indefinida, posiblemente es un factor que incide para que se dilate el regreso al trabajo. Establecer un límite máximo para las licencias, o bien considerar que gradualmente se cubra una proporción de la remuneración son aspectos que bien podrían ser analizados como parte de una reforma.

Es también necesario revisar lo que ocurre en el sector público; solo en 2023 cada funcionario tuvo en promedio alrededor de 33 días hábiles por concepto de descanso médico; probablemente en ello incida el hecho de que para este tipo de trabajadores no hay carencias ni topes para el pago de la remuneración durante el período de descanso.

Por estos días, el Colegio Médico ha hecho ver duras críticas en la forma como se están fiscalizando los médicos, donde advierten que se han abierto procesos sin garantías mínimas de debido proceso, o casos de médicos sancionados injustamente producto de problemas que presentan las plataformas para tramitar las licencias, lo que al final repercute directamente en los pacientes. Si bien debe existir un adecuado equilibrio entre la fiscalización y no afectar garantías fundamentales, no cabe duda de que es correcto que se estén dando pasos más estrictos para fiscalizar y sancionar el fraude o mal uso, y en ello debe estar concentrado el empeño.