Listo para votarse en la sala de la Cámara de Diputados se encuentra el proyecto de ley que busca eliminar las multas asociadas al no pago del peaje en carreteras donde opere un sistema electrónico de cobro, popularmente conocido como “TAG”. La iniciativa -una moción presentada en 2023 por el diputado Jaime Mulet, hoy precandidato presidencial de la Federación Regionalista Verde Social- ya fue aprobada por amplia mayoría en la Comisión de Obras Públicas de la Cámara, y desde luego su contenido ha despertado una fuerte preocupación en el mundo empresarial pero también en el gobierno, por el enorme impacto que una ley de este tipo podría ocasionar en el sistema de concesiones así como en la solvencia del marco regulatorio que rige en el país.

Los impulsores de esta iniciativa la han justificado principalmente por considerar que las multas son muy elevadas, al punto que hay casos en que lo adeudado supera largamente el valor del vehículo. Cuestionan asimismo que el Estado sostenga mediante los peajes un sistema que cobra tarifas abusivas y que logra utilidades extraordinarias.

La versión final del proyecto deroga lo relativo al cobro de la multa; con ello los impulsores señalan que no se ha eliminado el cobro de peajes, minimizando el impacto de una iniciativa de este tipo. Acertadamente voces técnicas y gremios empresariales han hecho ver que si se elimina el cobro de una multa, en los hechos el riesgo de no pago aumentará -de hecho, la morosidad ya ha venido en sostenido aumento, rondando el 10% en las autopistas concesionadas-, alterando el núcleo mismo de una concesión, donde el Estado concesiona una obra y es el privado quien asume los costos, recuperando la inversión mediante el cobro de peajes.

El sistema de concesiones lleva operando tres décadas, y gracias a ello el país ha logrado disponer de infraestructura de primer nivel. Clave en ello ha sido el respeto por parte del Estado de las reglas bajo las cuales se convocó a estas inversiones. El proyecto de los diputados constituye una grave alteración de aquello -sin justificación alguna, pues ya se han dictado normas para rebajar las multas de automovilistas que buscan ponerse al día-, y de aprobarse las consecuencias resultan evidentes.

El gobierno, a través del Ministerio de Obras Públicas, es contrario a esta iniciativa, anunciando una posible reserva de constitucionalidad, pues el proyecto pasa a llevar facultades exclusivas del Presidente de la República. La repartición también ha alertado que inevitablemente habrá que volver a los sistemas manuales de cobro -mediante el uso de barreras, terminando con el “free flow”-, lo que ralentizará el flujo en las autopistas; asimismo, podría aumentar la incobrabilidad del peaje, lo que generará un déficit que deberá ser cubierto por el Estado. A ello cabe añadir que además se envía una señal muy negativa, pues fomenta no cumplir con las obligaciones, esperando un “perdonazo”.

Resulta un total contrasentido que cuando el país requiere con urgencia aumentar la inversión, desde el Congreso una vez más se estén enviando señales que van en la dirección totalmente opuesta, al debilitar el marco regulatorio y dejarse llevar por pulsiones populistas.