La frustrada venta de la casa del expresidente Allende al Fisco ha abierto un nuevo capítulo, luego de que el Tribunal Constitucional decidió acoger por amplia mayoría los requerimientos presentados en contra de la senadora Isabel Allende (PS), en los que se solicitaba su cesación en el cargo por haber infringido el artículo 60 de la Constitución, el cual contempla dicha sanción en el caso de parlamentarios que contraten con el Estado.

Los fundamentos de la sentencia aún no se conocen, y solo en ese momento será posible analizar el razonamiento que tuvo a la vista la mayoría del tribunal. Pero ello no obsta para que desde ya se releven las responsabilidades de todos los equipos jurídicos, asesores y eventualmente otras autoridades que tuvieron responsabilidad en este bochorno mayúsculo, sin advertir que en esta operación de compraventa se estaban incluyendo a dos autoridades -la senadora Allende y la exministra de Defensa Maya Fernández, quien renunció hace un par de semanas- que constitucionalmente no podían contratar con el Estado.

Con el pronunciamiento del TC ha quedado en claro que se pasó a llevar la Carta Fundamental, de modo que la interrogante que surge es por qué el gobierno todavía no hace efectivas las responsabilidades de todos los funcionarios que con su firma validaron esta fallida operación, sobre todo cuando el propio Presidente de la República ha buscado hacer recaer la responsabilidad en los equipos jurídicos a cargo. Es cierto que producto de este ominoso traspié ya han dejado el cargo la ex ministra de Bienes Nacionales -además de la titular de Defensa-, pero claramente son muchos más los involucrados, y al respecto La Moneda no ha entregado antecedentes de cómo pretende proceder.

La incompetencia para tratar el caso ha quedado nuevamente de manifiesto luego de las declaraciones de la jefa jurídica de la Segpres ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, donde al ser requerida si acaso estaba al tanto de la inhabilidad constitucional de la exministra y la senadora, señaló que “yo efectivamente, al igual que mi equipo, conocía la norma; como ya hemos explicado, lo que a nosotros nos corresponde en este proceso es un aspecto muy específico, que es aquel que señala el artículo 6 de la ley que crea el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que es la revisión técnico-legal de este acto administrativo en particular”.

La explicación resulta inaudita, pues no se entiende cómo la revisión técnico-jurídica de un decreto, en donde lo que se busca es velar por su legalidad, pueda desentenderse de que dicho acto administrativo contuviera aspectos que riñen con la Constitución, y al respecto nada se haya dicho, escudándose en que no es parte de su tarea. Aun cuando el ministro del Interior y la vocera de gobierno salieron a blindar a la funcionaria, ello en ningún caso puede borrar un actuar injustificable, cuando no negligente, dejando la impresión de que La Moneda se resiste a hacer efectivas las responsabilidades del caso.

No cabe duda que también corresponderá evaluar la responsabilidad que en esto le cupo al propio Presidente de la República, al haber sido el impulsor de la compra de la casa del expresidente Allende, pero la incompetencia de funcionarios del Estado no puede quedar sin sanción.