$ 300 millones de diferencia: la distancia entre las propuestas sobre la mesa de la ANFP para el Fútbol Joven

El Fútbol Joven se ha transformado en una de los principales focos de preocupación para la ANFP. La entidad que preside Pablo Milad pretende reducir el gasto que realiza en los torneos de las divisiones inferiores. El gasto es cuantioso. En Quilín lo cifran en $ 5 mil millones anuales. La mochila se hace especialmente pesada, considerando la delicada situación económica por la que atraviesa la corporación que encabeza el curicano.

En ese escenario, la intención en Peñalolén es alivianar la carga. La idea de reducir categorías quedó descartada debido a la fuerte oposición que la sola mención produjo. De hecho, llegaron a realizarse marchas en distintas regiones del país en rechazo a la posibilidad, considerando que afectaría a cientos de deportistas y produciría cesantía entre entrenadores y profesionales afines. Milad se comprometió a no tocar ese plano.

Este miércoles, el Consejo de Presidentes sesionará para adoptar decisiones en uno de los flancos que mantiene abiertos la entidad que rige al fútbol chileno.

Hace dos semanas, los presidentes de los clubes se reunieron para tratar distintas materias. La más conflictiva era la definición respecto de la Segunda División. Finalmente, la asamblea decretó que el torneo de la tercera categoría profesional la disputen jugadores Sub 23, lo que abrió un flanco con el Sifup, que hace rato había advertido de una paralización en la eventualidad de que se adoptara una medida en ese sentido. La reticencia tiene que ver con los puestos de trabajo que perderán sus asociados.

La otra materia que se trató en esas citas fue la planificación relativa al Fútbol Joven. Y ahí, a diferencia de la definición compleja, pero concreta que se adoptó en el caso anterior, la claridad brilla por su ausencia. La única certeza relativa es la pretensión de comenzar las competencias en la segunda quincena de febrero. El formato de los torneos sigue en el aire.

La discusión vuelve a ser económica. Hay una situación definida: el costo se reducirá. Las decisiones más importantes, sin embargo, siguen en el aire. De las reuniones surgieron cuatro propuestas. El directorio de la ANFP las redujo a dos. Lo gravitante: la distancia entre el costo de mantener la actual u optar por la más barata es de $ 300 millones.

Asumiendo que el orden actual, que cuesta $ 3.488 millones anuales, con una Primera División Nacional (16 equipos, todos contra todos) y una Primera B regionalizada (24 equipos divididos en tres grupos) es el primero en la lista, en los demás ya se empiezan a visualizar los matices. La primera opción, que involucra un costo de $ 3.134 millones, considera una copa y una liga. El costo se repartiría equitativamente entre la ANFP y los clubes, aunque serían los de Primera División los que cargarían la mochila más pesada: $ 1.049 millones, lo que equivale a $ 65 millones anuales por club. Lo de la B tendrían que destinar $ 517 millones ($ 32 millones mensuales)

La otra es, definitivamente, optar por la regionalización absoluta. Ahí, la principal aprensión es la evidente diferencia competitiva entre los clubes de los extremos respecto de los que funcionan en la zona central del país, entre los que figuran los que realizan las mayores inversiones. Hay una consideración práctica. La diferencia competitiva es tan evidente que hay clubes que suelen imponerse por goleada en cada partido de los fines de semana, pero que cuando afrontan a los capitalinos advierten de inmediato que la realidad es diametralmente opuesta. Es la más barata: $ 2.857 millones. Los costos se dividirían en la misma proporción que en la primera fórmula.

Una consideración que esgrimen quienes están por mantener el orden actual, por los beneficios deportivo que depara tiene que ver con la mínima diferencia económica entre las propuestas. ”No es un ahorro importante. O, al menos, no decisivo de acuerdo a las cantidades que se manejan en el fútbol”, explica a El Deportivo un conocedor del proceso.

La instancia suprema del fútbol chileno volverá a juntarse el miércoles 15. De antemano, se adoptó una definición: 2025 será un año de transición. Es decir, al margen del tipo de competencia que se implemente y de las decisiones que se adopten para financiarla, el debate respecto de las discusiones de fondo se mantendrá. En esa línea, por ejemplo, ya está acordado que se conformará una comisión, o varias, entre un grupo de clubes y otros actores relevantes para definir un mejor sistema. “Para 2026 y de ahí en en adelante, porque la idea es que sea permanente”, explica un asistente a las reuniones.

En esa discusión no habrá materias vedadas de antemano. “Habrá que revisar lo de las categorías, el sistema de los campeonatos, las edades. Todo. Se debiera llegar a un informe con conclusiones, con hechos”, añade.

En ese escenario, hay clubes, como Universidad Católica, Huachipato, O’Higgins e Iquique, que han alzado la voz para mantener el orden actual, basándose en la mayor competitividad que propone en relación a los planes alternativos en ciernes. Sin embargo, hay varios que son partidarios de privilegiar el presunto equilibrio económico que implican competencias regionalizadas. Al menos en una instancia inicial.