¿A quién apunta Dorothy Pérez? Los detalles del duro informe que empaña a Santiago 2023

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Una imagen del Estadio Nacional durante la inauguración de Santiago 2023. Foto: Javier Salvo/Photosport.

La contralora (s) presentó una detallada exposición en la Cámara de Diputadas y Diputados, en la que reveló graves irregularidades en los procesos administrativos, que van desde el gobierno de Sebastián Piñera hasta la gestión del Presidente Boric. Además, derivó los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado frente a la poca celeridad del IND para fiscalizar.



Una verdadera bomba dejó caer la contralora (s) Dorothy Pérez en medio de la Comisión Investigadora de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de la Cámara de Diputadas y Diputados. La funcionaria que reemplazó a Jorge Bermúdez realizó una detallada presentación en la que da cuenta de diversos procesos administrativos sobre la Corporación Santiago 2023 entre 2019 y el año pasado, además de cuestionar la función del Instituto Nacional del Deporte a la hora de fiscalizar.

En 18 láminas, la autoridad explicó las acciones que está llevando a cabo la Contraloría General de la República. Por un lado, se realizaron 21 actos administrativos, en los que se revisó la legalidad de las contrataciones de obras destinadas al megaevento ejecutadas por el IND. Asimismo, dada la gran cantidad de auditorías, explicó que no se pudo revisar todo, porque el personal es escaso, pero sí seleccionaron algunas que pudiese generar dudas.

“En general se trata de obras que no contaban con evaluación de impacto ambiental cuando se requería o que no contaban con el informe de impacto vial. Hubo obras que en las bases establecían un mecanismo de pago de mayores gastos de pago generales a las empresas contratistas, que no se ajustaba a la normativa en algún punto”, señaló.

Sobre la importancia de este aspecto, Pérez detalló que “en algunos casos eran errores de fijación de plazo en el término de la obra. No había claridad de cuál era el plazo en que terminaba la obra y eso es relevante porque de eso depende el cobro de las multas y la recuperación de dineros públicos respecto de los atrasos en que pudiera incurrir la empresa contratista”.

Luego, la CGR se enfocó en 11 inspecciones de obra pública y auditorías financieras. De esa cifra, solo el Centro de Deportes Colectivos del Estadio Nacional no presenta observaciones. El resto presenta objeciones, que van desde multas, falta de documentos de acreditación, pagos improcedentes y falta de rendición de cuentas por hasta $ 17 mil millones

Investigación del CDE

Un tercer punto, el más complejo de la exposición, apuntó hacia la falta de $ 194 mil millones por rendir de los $ 282.484.533.659 entregados a Santiago 2023, montos que van desde 2020 a 2023 y que atraviesan tanto la administración de Sebastián Piñera como la de Gabriel Boric, donde Felipe de Pablo, Gianna Cunazza y desde junio del año pasado, Harold Mayne-Nicholls, han ejercido como directores ejecutivos de la corporación.

La máxima autoridad de la CGR presentó un cuadro en el que se aprecia que apenas el 5% de las rendiciones han sido aprobadas y que varios de los montos que se están revisando están excedidos en los tiempos de entrega. Así, Dorothy Pérez no se guardó nada y culpó directamente al Instituto Nacional de Deportes de los problemas en la fiscalización. “Sin perjuicio de que dice que varios proyectos se encuentran en ejecución en la plataforma, es relevante tener a la vista que los plazos de algunos de esos proyectos ya están vencidos. Por esa razón, Contraloría hace una semana, y por la vía del sumario administrativo desde mayo, ya se estaba señalando al IND que había que perseguir la responsabilidad administrativa por esa falta de rendición”, expresó.

Acto seguido, anunció una dura medida tras la poca respuesta del organismo que encabeza Israel Castro: “Y, atendido a que no se ha avanzado sustantivamente en esa rendición de cuentas para el monto restante, que es cerca del 70% de los recursos, entonces se ha decidido remitir al Consejo de Defensa del Estado que tiene que revisar conforme a sus competencias si es que persigue la responsabilidad civil para obtener restitución o si persigue otras vías jurídicas para otro tipo de responsabilidades”.

Asimismo, con respecto al sumario administrativo instruido en mayo, la contralora (s) anunció que ayer le solicitó al IND que informe sobre el resultado de este. También anunció que se le está pidiendo información a la Subsecretaría del Deporte, que lidera Antonia Illanes, con el fin de verificar los montos transferidos vía convenios y si las transferencias coinciden con lo que está informado en el Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas (Sisrec), que el IND utiliza desde el 20 de agosto de 2020 y que desde el 14 de abril del año pasado también lo ocupa la Corporación Santiago 2023.

De todos modos, la CGR seguirá insistiendo en requerir al Instituto Nacional del Deporte los detalles pendientes de esos 194 mil millones de pesos desde 2020, además de fiscalizar la restitución de los $ 49 mil millones observados. De hecho, por estos montos el IND había bloqueado a la corporación.

Las alertas de la corporación

Frente a la comisión también expuso Paola Olivier, gerenta de contraloría interna de la Corporación Santiago 2023, quien explicó los mecanismos internos de fiscalización, señalando que se han levantado numerosas observaciones que se comunican a la gerencia responsable y a la dirección ejecutiva, para luego generar planes de acción para subsanarlas.

“Para explicar este semáforo, las observaciones con riesgo alto están focalizadas en los controles. No se han diseñado controles que permitan una efectividad operacional adecuada desde el ámbito del control interno o no necesariamente cubren sustancialmente los potenciales riesgos. En el fondo, si esto lo levantamos y llegaran a materializarse estos riesgos, obviamente el impacto es catastrófico”.

En tanto, el diputado Andrés Celis manifestó su preocupación tras los expuesto por la contralora. “Esto es tremendamente preocupante porque son dineros públicos que no fueron resguardados y valoro mucho que la Contraloría haya confirmado que todos los antecedentes fueron enviados al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y que van a interceder porque aquí sin dudas hay responsabilidades penales que deber ser perseguidas”.

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