Abogado de los excadetes de Cobreloa pide revisar las medidas cautelares: “Están presos sin antecedente alguno”

Víctor Contreras se ha pasado las últimas horas entre reuniones con los imputados y la revisión de las pruebas que se presentaron en contra de los nueve cadetes de Cobreloa que fueron formalizados por la violación masiva de una joven, en septiembre de 2021 y que cumplen prisión preventiva en el Centro de Detención Preventiva de Calama. El abogado representa a seis de ellos, con quienes ha conversado extensamente en busca de los antecedentes que le permitan, en principio, apelar a la medida cautelar de prisión preventiva que les aplicó el Juzgado de Garantía de la ciudad minera.

El profesional asegura que ha llegado a la convicción de que la privación de los futbolistas carece de fundamentos. “Me llama la atención cómo se llegó a la conclusión de dictar una prisión preventiva, siendo que los antecedentes eran muy vagos y no daban para fundamentar la medida gravosa”, sentencia, en declaraciones al programa Míster Deporte, de la radio nortina María Elena. Más tarde, las ratificaría a El Deportivo.

Contreras y su equipo iniciaron una investigación paralela para conseguir las pruebas que, en definitiva, validen lo que consideran como la inocencia de sus representados. “Estuvimos prácticamente tres horas conversando, largamente, con todos y cada uno de ellos. Están en un módulo de protección. Confían en su inocencia, los familiares igual. Tienen la plena convicción de qué fue lo que pasó, efectivamente, el día de los hechos y también de esto podrá salir a la luz pública, de demostrar todo lo que ya se ha dicho”, sostiene.

La tarea, de todas formas, es compleja. Contreras lo asume. “Les expliqué estos son procesos más o menos largos y que demostrar una inocencia, a veces, no es tan fácil, porque tenemos en contra a todo el aparataje del estado. Tenemos una fiscalía que puede utilizar a toda la Policía de Investigaciones para que pueda realizar múltiples antecedentes. Nosotros tenemos que realizar pericias criminalísticas, metapericias, pericias particulares para poder cotejar e impugnar esas pruebas que va a ir presentando cada vez la fiscalía. Eso complica un poco el asunto. Ellos están definitivamente tranquilos y saben los plazos que se manejan, lo que vamos a hacer como defensa. También se habló con las familias. Seis horas conversando”, relata.

Las primeras definiciones han apuntado a definir un plan de acción eficiente. “(Asumimos) La representación de seis para efectos de la apelación, por estrategia procesal. Luego representaremos a todos. Ya hemos revisado. Hay muchas pruebas. Hemos revisado todos los audios que se presentaron en la formalización. Estuvimos toda la noche en eso. Me llama la atención cómo se llegó a la conclusión de dictar una prisión preventiva, siendo que los antecedentes eran muy vagos y no daban para fundamentar la medida gravosa. Hoy se ingresaron los patrocinios de poder y se está redactando el recurso de apelación. Se presenta hoy, se estaría proveyendo mañana y se estaría alegando entre el viernes o el lunes en la Corte de Apelaciones de Antofagasta. La corte podría revocar la prisión preventiva y señalar que aquí puede existir una medida cautelar menos gravosa, como la que vamos señalando en el caso de algunos imputados, como el arresto domiciliario total, y en el de otros, derechamente, que no haya cautelares, porque no existe ningún tipo de evidencia en contra de ellos. Están presos sin antecedente alguno. Y eso consta en la causa, no lo digo yo”, manifiesta.

Paralelamente, se seguirá indagando, en busca de antecedentes concluyentes, al menos para la perspectiva de la defensa. “Hemos recopilado gran cantidad de pruebas para presentar ante una eventual negativa de la Corte de Apelaciones. Vamos a presentar toda la evidencia. El tribunal va a tener que revisarla”, agrega. También hay un objetivo adicional. “Muchos parlamentarios van a tener que salir a ofrecer disculpas públicas, porque han ejercido presión política, social, mediática sin tener todos los antecedentes para decir, con certeza alguna qué pasó realmente. Vamos a perseguir eventualmente algún tipo de responsabilidad de personas que hayan hecho denuncias sin fundamentos”, establece Contreras.

Las críticas del profesional se enfocan, después, en la decisión del tribunal, que atribuye a presuntas presiones. “Esta es una causa de larga investigación. Llama la atención que en esos dos años y medio no hayan decidido formalizar. Ahí viene, de nuevo, la presión de una persona externa a la causa, que no está en la causa, quien empieza, derechamente, a crear evidencia. Eso está en los medios de prueba que vamos a presentar. Eso no puede hacerse. Una persona no puede presionar para crear evidencia. Lo vamos a poner a disposición del fiscal. La fiscalía tiene un principio constitucional y legal que es el de la objetividad. Debe tener todos los antecedentes y decidir si hay un delito o no. Y si tiene personas privadas de libertad puede ser porque alguien hizo un llamado y dijo ‘carguen con los chicos, que por ahora existen los antecedentes para que los puedan meter presos, pero, teniendo todos los antecedentes a la vista, que vamos acompañando, a lo mejor ya no sea tal y podría no llegar a un juicio oral y llegar a ser un sobreseimiento”, advierte.

El jurista advierte que la recopilación de antecedentes les ha permitido acceder a material que puede resultar determinante en un nuevo curso para el proceso. “No quiero aventurarme en decir las pruebas, pero son materiales, audios, conversaciones de Whatsapp, testigos, prueba testimonial, audiovisual, múltiples pruebas que no se tuvieron a la vista en la formalización. Contamos con esa evidencia. Nuestros representados son personas que nunca han estado privados de libertad, nunca han tenido ningún acercamiento de tipo delictual, son personas que tienen irreprochable conducta anterior. Todos esos antecedentes debieran tenerse en cuenta para poder tener una perspectiva respecto de si piden o no una prisión preventiva. Estamos hablando de chicos jóvenes, conocidos en la región, que claramente no se van a arrancar y no son un peligro para la sociedad”, insiste.

“Hay algunas pruebas y evidencias que están siendo investigadas y mucha prueba nueva. No vamos a presentarla de forma inmediata, porque necesitamos realizar nuevas diligencias y generando las órdenes de investigar”, explica.

Finalmente, refuta el plazo de 120 días para la investigación, decretado por el tribunal de primera instancia. “No podrían fundamentar que les falta tiempo para investigar. Otra cosa es que con esta defensa les cambiemos el panorama. Ahí los plazos podrían cambiar, en favor de esta defensa”, avisa.

El tribunal fue contundente para aplicar la medida cautelar más enérgica en contra de Óscar Ramírez Mendoza, Cristóbal Saravia Arredondo, Jhan Góngora Ordóñez, Rivaldo Hernández Pizarro, Nicolás Navarro Villafuerte, Patricio Romero Leiva, Lucas Román Avilés, Joaquín Agüero Núñez y Luciano Parra Villanueva, una resolución que se fundamenta en la denuncia interpuesta por una joven identificada como Valentina en septiembre de 2021, quien manifestó haber sido víctima de una agresión sexual en grupo perpetrada por los deportistas.

En la audiencia, cinco de los excadetes renunciaron a su derecho a guardar silencio y determinaron entregar su testimonio ante la jueza María José Amengual.

La denuncia es cruda. “Ayer 16 de septiembre 2021 salí en la noche con una amiga a un domicilio de un amigo, Óscar, donde compartían 20 personas aproximadamente, en la fiesta consumí alcohol, marihuana y cocaína. Entre las 2-6 am del 17 de septiembre 2021, estaba iniciando una relación de caricias íntimas con una persona con quien tenía consentimiento inicial para empezar relaciones sexuales, pero él dejó entrar a 2 amigos más para hacer lo mismo conmigo, yo no quise hacerlo, quería salir y ellos no me dejaron....”, consigna el parte de Carabineros.

“(Me) tomaron con fuerza de los brazos, el cuello, y la cintura, me golpearon la cara, me golpearon con un cinturón, me pusieron el cinturón en el cuello y me penetraron, vi condones, algunos quedaron en el suelo (...) me grabaron, e hicieron videollamada a otros hombres en las que mostraron lo que hacían”, agregó.

“Al despertar a las 9 am estaba irritada, lloré mucho, sentí que en cierta forma era mi culpa, quise olvidar todo (...) Le conté a un amigo (quien no participó de la reunión) y él me trae al hospital a realizar la denuncia”, concluye en el relato, que luego ratificó en la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados y ante Canal 13.