En enero de 2016, el Instituto Nacional del Deporte anunciaba acciones legales contra la Corporación Santiago 2014, encargada de organizar los Juegos Sudamericanos, argumentando presuntas irregularidades en rendiciones de cuentas, donde no se había presentado el respaldo original de las prestaciones, y a la generación de intereses por $ 127.810.407, tras haber puesto el aporte estatal en un depósito a plazo.

El 20 de enero de 2016, el director del IND Juan Carlos Cabeza presentó una denuncia escrita ante la Fiscalía de Alta Complejidad, en la que, basado en un informe de la Contraloría General de la República, acusaba a los miembros de la corporación de estas presuntas irregularidades. Entre los imputados estuvieron la directora ejecutiva, Marcela González; el ex ministro Gabriel Ruiz Tagle, el ex asesor jurídico, Ernesto Galaz, y al ex director de administración Alejandro Gálvez.

Y si bien, Cabezas había anunciado querellas y la intervención del Consejo de Defensa del Estado, finalmente la acción apenas se quedó en una denuncia escrita, lo que permitió al fiscal Roberto Sahr archivar la investigación el 1 de junio pasado, tras concluir que no existió delito, luego de que se acreditara que los fondos fueron utilizados correctamente, lo que fue respaldado con facturas y transferencias bancarias.

En este sentido, también se estableció que los intereses generados fueron utilizados en temáticas relacionadas con los Juegos. Esto fue posible gracias a que se abrió el secreto bancario de los imputados, descartando alguna irregularidad.

Por otra parte, los mismos estatutos de la Corporación permitían la generación de intereses a través de instrumentos del mercado de capitales. La misma Contraloría había tomado.

Asimismo, se ordenó a la PDI la realización de una investigación criminalística a distintos proveedores, verificando las suscripción de contratos de infraestructura deportiva.

El informe firmado por el comisario Carlos Worner Rojas, a cargo de la investigación, señala en sus conclusiones que "en cuanto a la ubicación y entrevista de proveedores de servicios y equipamiento utilizados que cuestiona en Informe de Auditoría Nro. 368, emanado por la Contraloría General de la República, para la realización de los Juegos Odesur, se revisaron en forma aleatoria proveedores que supuestamente no registran en las rendiciones respaldos de los productos y servicios otorgados a la Corporación. Sin embargo, las personas que concurrieron a esta Unidad Policial consignaron sus declaraciones policiales y aportaron la documentación que respaldaría sus dichos; además, afirmaron que los servicios y productos fueron realizados, no dejando margen a dudas al respecto, aportando la documentación que acreditaría tal hecho".

Después de dos años y medio, Marcela González, respira aliviada. "Lo más importante es que se aclaren las cosas, todo lo que se dijo y lo que se pudo malinterpretar, porque las personas que trabajamos en la organización de los Juegos Santiago 2014 lo hicimos principalmente porque teníamos un compromiso con el deporte chileno. Ése era nuestro norte, generar un antes y un después en el deporte, siempre pensando en los deportistas", afirma a La Tercera.

"Uno no lo pasa bien en estas situaciones. Siempre hay cosas rescatables, sobre todo cuando se conoce la noticia, que es que obviamente hay mucha gente cercana que te apoya. Pero también me sorprendió que los deportistas nos apoyaran en esta situación. Trabajamos mucho con ellos, vieron cómo fue nuestro trabajo y me imagino que disfrutaron estar en los Juegos y se sintieron orgullosos", agrega.

Eso sí, señala que no ha estudiado la opción de ir a la justicia. "Es algo que no lo he pensado, para mí lo más importante es que se conozca que se aclaró". Y apunta: "Yo nunca dudé de que la investigación iba a terminar así. Todo fue apegado a la normativa. Fuimos súper exigentes en esas materias. Es más, hicimos unos Juegos con un presupuesto muy ajustado y siempre potenciando los estándares de gestión del evento".