Colo Colo se decide y entra de lleno en la controversia por barrabrava de la U

El reportaje de Canal 13 sobre un peligroso grupo de delincuentes asociados a Universidad de Chile sigue provocando coletazos. Sumado al intercambio de declaraciones entre Azul Azul, la ANFP y el Gobierno a principios de esta semana, el conflicto escaló hasta la vereda rival y sumó un nuevo capítulo a la bullada historia. Colo Colo exige un castigo ejemplar.

Durante las últimas horas, Blanco y Negro se inmiscuyó en el caso que remece a la U y presentó una radical petición en contra de Maikool Muñoz Castro, barrista acusado de ser borrado del registro de admisión tras una serie de incidentes en Coquimbo y por estar imputado en el homicidio a un hincha colocolino el 10 de marzo de 2024, esto tras el triunfo de los azules en el Superclásico jugado en el Estadio Monumental.

De acuerdo a la información presentada ante los organismos de justicia, en la concesionaria alba buscan aplicar el derecho de admisión a Muñoz Castro por un periodo de 30 años, amparándose en la normativa 19.327, más conocida como Ley de violencia en los estadios o Ley Estadio Seguro.

En ese sentido, la determinación impulsada en la entidad del Cacique se fundamenta en que los desmanes ocurridos fuera de los estadios son denominados “hechos conexos” y reciben las mismas sanciones como si hubiesen sucedido dentro de un recinto deportivo. Por esto, la sanción al hombre que permanece en prisión preventiva desde principios de septiembre se ajustaría totalmente a lo establecido por la legislación nacional.

En esa misma línea, la postura de Blanco y Negro no solo hizo eco en Pedrero. En un primer momento, la ANFP había decidido levantar el castigo que vinculaba al barrabrava de los azules con un ingreso violento al estadio Francisco Sánchez Rumoroso en un partido amistoso entre Coquimbo Unido y la U en enero, luego de que la justicia acordara no proseguir con la investigación. “El requerimiento fue apoyado por el propio club Universidad de Chile, y el gerente de operación y seguridad de la ANFP, Felipe de Pablo”, informaba el reportaje.

Sin embargo, luego de un par de días, el Juzgado de Garantía de Coquimbo informó que reabrirá el caso generado por la denuncia de Carabineros y la querella de la Delegación Presidencial de dicha región, situación que obligó al organismo con sede en Quilin a retractarse de su dictamen y volver a aplicar el castigo inicial de 10 años sin ingresar a un partido de fútbol profesional.