Comisión investigadora de Santiago 2023 desestima irregularidades en la organización luego de tensa discusión

La Comisión investigadora de la Cámara de Diputados y Diputadas votó el pasado miércoles por el informe que define las conclusiones y propuestas del trabajo realizado por los legisladores en relación a la investigación de los actos de Gobierno realizados por el Ministerio del Deporte y por el Instituto Nacional del Deporte (IND), relacionados con la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023.

Esto se generó después de que en una de las últimas sesiones no se llegara a un consenso para presentar un informe común a la Sala de la Cámara, por lo que se acordó votar entre los dos informes elaborados por los grupos de legisladores.

Así, tras una tensa reunión entre los integrantes de la comisión, se determinó por aprobar el informe elaborado por los parlamentarios oficialistas Andrés Giordano, Marisela Santibáñez, Marcela Riquelme y Cristián Tapia.

Cabe recordar que el objetivo que se buscó en estas sesiones era analizar el aumento desproporcionado de los recursos destinados al evento, el retraso de las obras y el deficiente funcionamiento de la Corporación Santiago 2023, que forma parte integrante y directiva del ministerio.

En la indagatoria, que se circunscribió al período comprendido entre 2018 y 2023, se investigó que, a partir de una deficiente gestión y oportunidad en las licitaciones, que incluyen sobreprecios de cada uno de los proyectos, el Estado de Chile ha debido desembolsar más de $ 30 mil millones de pesos adicionales.

Así, tras más de diez sesiones, donde se escuchó a las antiguas y actuales autoridades del Ministerio del Deporte, la Contraloría General de la República y el Consejo para la Transparencia, entre otros invitados, los parlamentarios presentaron los resultados obtenidos.

Después de analizar todos los antecedentes, “se ha afirmado la inconveniencia de transferir recursos a entidades privadas, como el Comité Olímpico de Chile (COCh)”, expresan en un primer punto. “Comprometer recursos públicos a entidades cuya experiencia y conocimiento no corresponde a la intervención en temas de infraestructura representa una situación que se debe evitar, toda vez que, implica asumir un riesgo en el uso de dichos fondos públicos”, añaden más adelante.

También señalan, respecto al proceso de rendiciones de cuentas por parte de la Corporación Santiago 2023, que aún hay montos observados por la Contraloría General de la República. Aunque determinan que “los gastos conciernen efectivamente a gastos de la Corporación presentados en rendiciones que fueron realizadas en una fecha posterior a la establecida en el Convenio, sin embargo, los recursos públicos, sí fueron utilizados en el proyecto respectivo y, además, sí habían sido totalmente rendidos, encontrándose con observaciones, situación que, como se ha señalado precedentemente, es parte del proceso regular de rendición”.

Por otro lado, dejan en evidencia el aumento del presupuesto inicial de los Juegos que aumentaron un total de 36,86%, que se explica, entre otros motivos, por que los contratos se acordaron en medio de la pandemia de Covid 19 y al efecto inflacionario entre 2021 y 2022.

A su vez, se remarcó el retraso en la entrega de las obras, entre ellas el Centro Acuático, el Centro de los Deportes Colectivos, el Estadio Mario Recordón de atletismo y el Centro de las Raquetas y Court Central de Tenis, además de Centro de Deportes Paralímpicos.

Por último, extienden una serie de recomendaciones entre las que destacan el “revisar el diseño institucional utilizado para la ejecución de estos megaeventos deportivos, en efecto, hasta ahora la solución institucional ha sido constituir corporaciones de derecho privado sin fines de lucro para abordar la institucionalidad que requieren/demandan los entes internacionales para dar vida al Comité Organizador Local, entidades que por exigencias reglamentarias internacionales deben ser independientes de los Gobiernos y las correspondientes Organizaciones Deportivas Nacionales”.

Agregan que se deben “explorar soluciones institucionales que permitan conciliar ambas situaciones, esto es, que se cumpla con la exigencia de formar entidades independientes de los gobiernos y las organizaciones deportivas superiores, que cumplan el rol de Comité Organizador Local (COL), sin que ello signifique, que dicha entidad deba ejecutar directamente volúmenes de recursos públicos que queden fuera del escrutinio y fiscalización directa de los órganos estatales correspondientes”.

Claro que el informe aprobado no dejó conformes a todos. Una de las voces críticas, y parte del informe que se descartó, fue la diputada Erika Olivera.

“Yo lamento que haya primado la posición política en un tema que jamás tuvo ese objetivo. Estamos hablando de los recursos del deporte, independientemente de las autoridades de turno. Ante los compromisos de nuestras colectividades, tenemos una responsabilidad ante la ciudadanía y el mundo del deporte”, señaló Olivera.

“Lamento que el informe no incluya la responsabilidad que tiene el IND en las irregularidades, atrasos y falta de rendiciones en los preparativos de Santiago 2023 porque el actual director ha estado presente en todo el proceso”, agregó.

“También es lamentable que en el informe que conocerán en la sala no se incluya la situación que vivieron los trabajadores que no forman parte de los altos ejecutivos y las precarias condiciones en las que desarrollaron su labor. Confío en el ministro Jaime Pizarro y en su trabajo para que todo lo que esté pendiente logre ser rendido y gestionado porque no puede ocurrir que se siga fugando los recursos destinados al deporte como ha ocurrido en el pasado”, remarcó.

“No podemos desconocer el enorme aporte de la contralora a esta CEI durante enero del 2024 porque independiente de la diferencia en los montos sin rendir, su visita significó que esa misma tarde recién se cerrara la gestión del 2019″, concluye.