Divide y vencerás: la ANFP contraataca y les propone dura estrategia a los clubes para ganarle la guerra al Sifup
En Quilín pasan a la ofensiva. Milad alinea a los presidentes para darle pelea a la entidad gremial en la misma cancha en la que pretendía jugar como 'local': la Dirección del Trabajo. La medición de fuerzas implica probar si los jugadores están dispuestos a llevar el paro al extremo, es decir, no ir a entrenar y no recibir sueldo. En Primera y Primera B aseguran que la temporada se iniciará como sea; con juveniles, si es necesario. Como nunca, el directorio del curicano logró el apoyo de todo el Consejo e instó a los presidentes a conversar con sus capitanes para advertirles de las graves consecuencias, punto por punto, de una paralización.
La guerra lleva un par de semanas declarada. Después de que el Consejo de Presidentes determinara que la Segunda División sería una categoría Sub 23, el Sifup activó el paro, una medida de fuerza que se tomó la unanimidad de los votos de los integrantes de la asamblea de la entidad que agrupa a los futbolistas. Ni siquiera la eliminación de la restricción varió el escenario. Cuando se acordó que habría libertad, aunque con la exigencia de cinco jugadores Sub 25 en el campo de juego y ocho en la convocatoria, se pensó que la movilización se depondría. El gremio de los jugadores advirtió que la solución seguía lejos y recordó que había un petitorio de 11 puntos que resolver.
Los planteles se siguen preparando. En sus pretemporadas y jugando partidos amistosos. Oficialmente, el calendario futbolístico local arranca con la disputa de la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile, el sábado 25. Ese hito marca el ‘gallito’ definitivo: en la entidad que preside Gamadiel García aseguran que el partido no se jugará. Y que tampoco arrancará el Campeonato Nacional. Los presidentes, ahora atrincherados después de la convocatoria de Pablo Milad, que se materializó en una reunión telemática este martes, están decididos a poner en duda la resolución.
Dividir es debilitar: la estrategia que les propuso la ANFP a los clubes para ganarle la guerra al Sifup
La disputa será álgida. Terminada la cita de los mandamases, un comunicado se transformó en algo así como la ratificación de las hostilidades. La ANFP las emprendió contra el sindicato y personalizó la disputa en su tesorero, Luis Marín. “Ha incurrido en descalificaciones personales y faltas de respeto propias de la intransigencia con la que han construido este conflicto”, lo acusó.
También anunció que llevará este particular ‘partido’ a la misma cancha que había definido el gremio de los jugadores. “Solicitar a la Dirección del Trabajo (DT) aclarar el sentido y alcance del dictamen Nº 3, de fecha 6 de enero de 2025″, consigna la primera, en respuesta al dictamen que esgrime el Sifup en relación a la restricción del campeonato de la Segunda División a la categoría Sub 23, que, finalmente, se atenuó. “En relación con lo anterior, se pedirá el pronunciamiento formal de la DT respecto de si el dictamen antes mencionado involucra también a las reglas de extranjeros actualmente vigentes en las distintas divisiones del fútbol chileno”, agrega. La inferencia es automática: se intenta definir por qué una limitación levanta polvo por considerarse limitante y, por otro, se promueve una distinta en el caso de los foráneos. En el petitorio se solicita reducir a cinco los extranjeros por plantel.
Sin embargo, la gran definición que persiguen los clubes es la definición de los alcances del paro. En definitiva, hasta qué punto lo es. “No han dejado de entrenar y, por cierto, de cobrar. ¿Entonces, lo declaran o no? En cualquier empresa, si el paro está declarado, el funcionario deja de trabajar. No corren los sueldos, nada. Entonces, en la práctica, no hay paro. Si lo hubiera, se notificaría a la DT. Tampoco se ha hecho”, analiza un consejero que estuvo en la reunión que convocó Milad. “El paro del Sifup no se ha materializado -los jugadores continúan entrenando- y, ante su intransigencia, se solicitará la mediación ante la Inspección del Trabajo. Si dicha mediación termina sin éxito, y con la declaración de pago, entonces los trabajadores no ejercerían sus labores contractuales y, en consecuencia, no se deberían pagar las remuneraciones”, consigna el diagnóstico formal, al que tuvo acceso El Deportivo. En ese sentido, la primera instrucción fue que las conclusiones fueran conversadas con los respectivos planteles.
La mención de la DT como mediador, al margen de la prerrogativa legal, surgió desde el equipo jurídico de la ANFP. En el fondo porque, tal como pidió el Sifup en su solicitud, la fiscalizadora también podría determinar la legalidad de la medida de presión. “A su vez, se solicitará la mediación de la Dirección del Trabajo atendida la imposibilidad de diálogo con un Sindicato intransigente. La ANFP y sus clubes asociados rechazan categóricamente las exigencias del SIFUP en un conflicto colectivo ilegal que han iniciado”, establecen, a priori.
Un petitorio ‘resuelto’
La ANFP fija su eje en la interpretación de que varios de los puntos que establece el petitorio del Sifup están resueltos. Aluden, por ejemplo, a la duración de la temporada, con una extensión de entre 10 y 11 meses, a las garantías salariales, a la libertad de contratación en la Segunda División (con una ‘traducción’ a modo de regla deportiva de la obligación de incluir un número determinado de jugadores Sub 25 y Sub 21 en convocatorias y en el campo de juego), la entrega de los parámetros físicos y la vigencia de un seguro de accidentes y enfermedades profesionales, que cubre a los deportistas en caso de lesiones (con un tope de 81,6 UF), entre otras alusiones. Todas, banderas de lucha del movimiento.
“Ocho de las solicitudes presentadas se encuentran satisfechas”, diagnostica el informe que se presentó ante los clubes. “Las otras solicitudes restantes no pueden ser atendidas por la ANFP, ya que son materias propias de las condiciones laborales individuales pactadas entre cada trabajador con su empleador”, se apunta en el mismo documento. En ese acápite, por ejemplo, se sitúa la exigencia del 10 por ciento sobre el monto de las transferencias.
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