“Quiero justicia. Confío en eso. Hay derechos fundamentales consagrados en la constitución nacional que fueron violentados”, acusaba Javier Castrilli en entrevista con El Deportivo el 21 de mayo del año pasado. El paso del argentino por el arbitraje nacional será recordado para siempre. No solo por decisiones que causaron polémicas, como el despido de jueces que terminó en una movilización, sino que también por la demanda del Sheriff a la ANFP a causa de su desvinculación.
Y, como si fuera poco, durante esta jornada se confirmó que en Quilín perdieron el juicio contra Castrilli por haber incurrido con ocasión del despido en una vulneración de su derecho constitucional. Por este motivo, deberán pagarle la cifra de $147.802.885.
El monto total se desglosa en $122.136.685 por concepto de indemnización contemplada, correspondiente a 11 remuneraciones; 25.000.000 por daño a la moral y 666.200 a causa de que se acogió parcialmente el cobro de prestaciones.
Cabe consignar que el 6 de abril del año pasado, el argentino fue cesado de sus funciones como jefe de los árbitros, esto porque no aceptó ser suspendido mientras se realizaba una investigación por la denuncia de Francisco Gilabert, el juez que lo había acusado de presiones para el duelo entre Copiapó y Huachipato, por la Liguilla de promoción de la temporada 2021. Sin embargo, una investigación interna no solo descartó lo hechos, sino que también le devolvió el trabajo a una serie de jueces que habían sido despedidos por el transandino.
“Buscaron manchar el apellido Castrilli con mentiras y calumnias, con una campaña para desestabilizarme. Esta asociación de árbitros, que se fueron enquistando en el poder del arbitraje chileno, desde el inicio de mi gestión, de manera sistemática, y acudiendo a periodistas que les prestaron oídos, me llenaron de mentiras y calumnias con el exclusivo fin de desestabilizarme”, dijo el Sheriff en la mencionada entrevista el año pasado, tras su salida del cargo.
Un contragolpe millonario
Dos meses después de su desvinculación, Javier Castrilli y sus abogados demandaron a la ANFP por $ 1.140 millones, por despido injustificado y perjuicio contra su persona. El magistrado Mauricio Guajardo propuso una conciliación que obligaba al organismo presidido por Pablo Milad a desembolsar $47.350.136, que correspondía al pago de cuatro remuneraciones del ex árbitro. Sin embargo, en ese momento ambas partes rechazaron la mediación.