Un verdadero mazazo significó la decisión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de exigirle a la ANFP que en un plazo de 30 días hábiles ponga fin al contrato con el sitio de apuestas en línea Betsson, por considerar ilegal su funcionamiento.
“Nosotros hemos determinado que estos contratos que tienen con estos terceros que realizan apuestas en línea con domicilio en el extranjero no se encuentran permitidos en la legislación nacional, por lo cual no cabe otra cosa que dejarlo sin efecto, ya que las corporaciones y fundaciones son organizaciones sin fines de lucro y realizan actividad de interés público”, expresó el subsecretario Jaime Gajardo Falcón.
Frente a esto, vino primero la respuesta del ente rector del fútbol chileno, que optó por la cautela. “Sobre el particular, la ANFP informa que la referida resolución está siendo debidamente analizada por su equipo jurídico, para determinar las distintas alternativas frente a lo resuelto por la autoridad administrativa”, indicó. Y añadió: “La ANFP es una institución respetuosa de las decisiones de las autoridades y, por lo tanto, dará estricto cumplimiento a la resolución definitiva de este asunto”.
Pero faltaba la visión de las empresas apuntadas. Carlos Baeza, abogado asesor de las plataformas de apuestas online Betano, Betsson, Coolbet y Latamwin, todas con gran presencia en el fútbol chileno, salió al frente de la determinación. “La operación de las plataformas de apuesta en línea en Chile es absolutamente legal y no existe ninguna norma que la prohíba ni mucho menos norma alguna que prohíba la firma de contratos de publicidad con ellas. No hay absolutamente ninguna irregularidad en esos contratos”, sostuvo.
Siguiendo ese argumento, el jurista recordó el programa presentado por el Ministerio de Haciendo el fin de semana pasada para normar el funcionamiento de estas entidades. “Por esto, el gobierno presentó el proyecto de ley denominado ‘Proyecto que regula la operación de las plataformas de apuestas en línea’, precisamente para entregar un marco regulatorio a una actividad lícita que requiere ser regulada y no la legalización de una actividad ilegal, como sostienen algunos”, sentenció.
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