Hace un par de semanas, Universidad de Chile buscaba donde disputar el Superclásico. Los azules, imposibilitados de utilizar el Estadio Nacional, por las obras de remodelación a la que está siendo sometido el principal recinto deportivo del país por la organización de los Juegos Panamericanos del próximo año, estuvieron en un serio problema. Tampoco contaban con Santa Laura, cuya cancha resultó seriamente dañada por el partido de rugby entre Los Cóndores y Estados Unidos, por la clasificación al Mundial. Obligados por las circunstancias, tuvieron que salir a golpear puertas.
El ejercicio resultó largo, ingrato e incierto. Una a una se fueron cayendo las opciones iniciales para recibir el duelo frente a Colo Colo, un espectáculo que históricamente cualquier ciudad se hubiese peleado por albergar. Sucesivamente, Concepción, Valparaíso y Chillán cerraron sus puertas de antemano. Cada uno de los municipios y de las respectivas delegaciones presidenciales expuso sus razones para los respectivos portazos. Finalmente, el duelo, que finalizó con la victoria para el equipo de Gustavo Quinteros, terminó jugándose en Talca, que aceptó a regañadientes, después de recibir el máximo posible de garantías respecto de que el espectáculo se desarrollaría sin afectar la seguridad del entorno. Igualmente hubo problemas, aunque menores.
El fútbol suma un nuevo problema. Si la pandemia ya tiene en problemas a los clubes, por las limitaciones en el aforo, lo que ha sido profusamente criticados incluso por los protagonistas, ahora es la seguridad la que ha transformado la actividad prácticamente en indeseable por las autoridades que deben permitir el desarrollo de los espectáculos. Esa decisión reside en dos entidades, principalmente: las municipalidades, en su mayoría propietarias de los reductos, y las delegaciones presidenciales, que tienen que visar los aspectos relacionados con la prevención de incidentes y coordinar los planes de seguridad con Carabineros.
Aunque suene extraño, el balompié chileno, en el que los estadios de los clubes son contados, literalmente, con los dedos de una mano, se queda cada vez con menos opciones donde jugar. Y, ante lo apremiante que resulta la situación, tiene que salir a buscarlas. La federación y la ANFP, dos organismos técnicamente separados, pero que comparten autoridades, salen derechamente a buscar nuevos escenarios para poder garantizar el desarrollo de la actividad. Hay un calendario y, sobre todo, varios compromisos económicos que cumplir, que hacen impensable siquiera correr el peligro de suspender encuentros por la imposibilidad de organizarlos.
El directorio del primer organismo que preside Pablo Milad, trabaja afanosamente en la búsqueda de soluciones. El timonel del fútbol chileno ha sostenido varias reuniones en las últimas semanas, con el afán de encontrar una salida, que no es otra que conseguir recintos. En Quilín, el diagnóstico es claro: hay que tomar la iniciativa frente a la incapacidad de los clubes de responder al requerimiento por sí mismos. De hecho, la separación de los organismos que intervienen responde a un asunto práctico: a la ANFP no le corresponde interceder para solucionar problemas que deben resolver los clubes en su condición de organizadores. En el sentido más estricto, lo que debería hacer es sancionar los eventuales incumplimientos. Sin embargo, esa opción no resolvería el tema de fondo y, por el contrario, solo contribuiría a profundizar la crisis. Eso sí, el reproche apunta precisamente a que los clubes no sigan descansando en las gestiones federativas.
La lista de clubes complicados es amplia. Además de la U, que tampoco tiene certeza respecto de que podrá utilizar frecuentemente el Nacional, por la alta cantidad de reservas con que cuenta el recinto por parte de productoras de espectáculos artísticos, Unión Española tiene que buscar alternativas para un Santa Laura disponible para el rugby, pero inutilizable para el fútbol. De hecho, se está desarrollando el Challenger Series de seven en el coliseo contiguo a la Plaza Chacabuco, hasta hoy. En el evento participan 12 equipos masculinos y 12 femeninos, lo que supone un alto trajín para la superficie.
Y uno más: la UC debe encontrar una nueva casa, dado el cierre de San Carlos de Apoquindo, que iniciará la transformación más ambiciosa de su historia. Y hay más necesidades que satisfacer, pues también hay partidos de las selecciones menores calendarizados para esta parte del año.
En ese contexto, el máximo dirigente del fútbol chileno negocia en varios sentidos. Primero, con las municipalidades, para allanar voluntades. Esa gestión apunta a sumar alternativas. Esta semana, de hecho, acordaron que iniciarán conversaciones con Iquique, donde esperan encontrar voluntad para facilitar el Tierra de Campeones. Eso sí, en ese caso, el problema va en otro sentido: la dificultad y el costo que implica disputar partidos en una ciudad tan extrema, considerando, por ejemplo, que los traslados deberían realizarse necesariamente por la vía aérea y que los clubes tendrían que desembolsar recursos que no tenían previstos. La misma lógica corre para Antofagasta y Calama, otras de las opciones que se han explorado ante la emergencia.
Más viables parecen otras plazas. El Bicentenario de La Florida, por ejemplo, vuelve a estar disponible después de servir como vacunatorio en la época más álgida del Covid-19. En su caso, se buscará el acuerdo con el municipio que encabeza Rodolfo Carter para conseguir valores diferenciados dependiendo de la categoría a la que corresponda el partido. De lo último, el edil no se da por enterado, pero sí abre la puerta para un entendimiento. Con Audax, de hecho, se ha avanzado. “Tenemos un acuerdo autorizado por el concejo de normalizar la relación con Audax. Habrá un nuevo contrato para arrendarles, a un precio referente. Van a ser arrendatarios. Ahora somos los controladores del estadio. La nueva administración de Audax ha tenido una conducta deferente y diferente. Los anteriores dueños tuvieron una relación poco amistosa con el municipio y los vecinos. Estamos avanzando con toda voluntad”, explica. Este sábado, se jugó en ese recinto el duelo entre los itálicos y Everton. Y el martes, Audax recibe a la UC por la Copa Chile. En relación a recibir compromisos de otros equipos y categorías, también hay apertura. “Tenemos una buena disposición, aunque con una condición: cuentas claras conservan la amistad. La seguridad de nuestros vecinos es la prioridad. A Audax le propusimos un trato como un buen vecino. Con el resto de los equipos sería lo mismo. Queremos un espectáculo familiar y masivo”, añade.
El Teniente, de Rancagua; el Ester Roa Rebolledo, de Concepción; el Elías Figueroa Brander, de Valparaíso; el Nicolás Chahuán, de La Calera y el Municipal de La Pintana son alternativas que vuelven a estar sobre la mesa. Y que, necesariamente, se revisarán. En la capital de la región del Biobío afirman que el último contacto se produjo con motivo del Superclásico. “Después de eso, no nos han vuelto a llamar. Vamos a ver el caso a caso, según el partido y la instancia de que se trate”, establece el edil, Álvaro Ortiz.
La máxima autoridad comunal penquista precisa que los valores de arriendo están establecidos en una ordenanza municipal. El más alto corresponde a un partido de alta convocatoria y llega a $ 8 millones. El mínimo, $ 100 mil, se aplica para un encuentro aficionado.
La carta de San Antonio
La gran jugada, en todo caso, es otra: en las últimas semanas, la entidad que rige al fútbol chileno ha intensificado los acercamientos con la municipalidad de San Antonio. El puerto, ubicado en la región de Valparaíso, cuenta con un recinto ideal para el actual momento: el Olegario Henríquez Escalante. El estadio debía estar terminado en 2019, pero una disputa entre el Ministerio de Obras Públicas y el municipio, que se niega a recepcionarlo por observaciones pendientes, ha retrasado su entrada en funcionamiento. En plenas condiciones operativas, puede recibir a cinco mil espectadores.
El viernes, Milad se reunió con la alcaldesa de San Antonio, Constanza Lizana, para buscar una fórmula que permita ocupar el recinto deportivo, acompañada de una propuesta: la opción de hacerse cargo de los gastos de mantención, que alcanzan los $ 500 millones anuales. El césped natural del campo de juego requiere de una mantención que se lleva buena parte de esos recursos. Sin embargo, la opción registra una serie de trabas que parecen difíciles de solucionar.
La otra pata de la mesa es la seguridad. La ANFP ha actuado como garante de que las condiciones se cumplirán y, en ese sentido, ha sostenido acercamientos con Estadio Seguro. Sin embargo, el principal obstáculo es otra instancia: las delegaciones presidenciales. Aunque ambas dependen de la Subsecretaría del Interior, el principal problema radica en que en cada una es autónoma en la toma de decisiones. Y que, por lo tanto, puede apelar a distintos criterios para autorizar o rechazar la realización de los duelos en sus respectivas ciudades. “Hemos hablado en varias oportunidades con este gobierno y el anterior respecto de la necesidad de uniformar los requisitos y exigencias. Ese es el principal problema: que cada uno puede decidir lo que estime”, explican en Quilín.
La situación roza el límite de lo anecdótico. Al no existir parámetros a los que adscribirse, la autorización puede llegar a depender de la eventual adhesión o animadversión de la autoridad de turno respecto del fútbol. “Al de Arica le gusta el fútbol y te autoriza el clásico universitario a estadio lleno y el de Temuco te pone un montón de peros. Hay disparidad para la autorización de los partidos. Ese tema nos pasa. El delegado de Quillota les pone 10 mil problemas a los equipos grandes. En Coquimbo o Valparaíso también pasa”, ejemplifican en la sede del fútbol chileno.
