El fútbol chileno está de rodillas: la violencia gana la batalla y pone en jaque al balompié nacional

Las palabras de Juan Tagle suenan como un desesperado llamado de auxilio. El clásico entre la UC y la U, por la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile, había durado exactamente cinco minutos. Fue el tiempo en que Felipe Seymour cometió una mano en el interior del área, que el juez Felipe González la sancionó como penal, que Fernando Zampedri lo convirtió en gol y, lo más grave, es que el arquero laico Martín Parra cayó desplomado por el efecto de una bomba de estruendo que explotó sobre él. El meta salió de la cancha en camilla, visiblemente conmocionado y fue trasladado a un centro asistencial donde se certificó que sufría un trauma acústico. Todos buscaban una explicación. “Hacemos un llamado a todos los actores del fútbol y a las autoridades. Necesitamos abordar este tema de una forma global. Somos incapaces de enfrentarlo de manera solitaria. Necesitamos a los carabineros de vuelta en los estadios”, imploraba el timonel de Cruzados.

Con el impacto fresco de la situación que puso en serio riesgo la salud del golero de Universidad de Chile, e incluso del desborde que se produjo en los conciertos de Daddy Yankee, y con apenas unas horas de distancia, en el estadio Monumental se vivió otra escena propia del descontrol en que se está sumiendo la actividad deportiva más popular en el país. En el Arengazo, el entrenamiento público que Colo Colo acostumbra a realizar antes de los partidos decisivos o de los enfrentamientos frente a sus clásicos rivales, condiciones que en este caso se cumplían simultáneamente, por tratarse de la antesala del choque que podía darle el trigésimo tercer título de su historia a los albos y porque enfrente tendrían a la UC, pudo desatarse una auténtica tragedia. Si bien no se puede hablar estrictamente de violencia, el exceso a las disposiciones de seguridad resulta evidente: cientos de barristas treparon a la cornisa que rodea el sector Cordillera, la estructura colapsó y se derrumbó. Las autoridades informaron de nueve heridos, dos de ellos fracturados, que fueron derivados a los centros asistenciales más cercanos. El duelo entre albos y cruzados, finalmente, fue suspendido este sábado, aunque lo más preocupante era la nueva señal: otra vez el fútbol estaba puesto en jaque por quienes insisten en saltarse la ley.

Desde 2013, Carabineros no está presente en el interior de los recintos deportivos. Es necesario plantear la precisión porque en los últimos días se ha enfatizado en que no se han ido de ellos, sino que están para apoyar frente al colapso que pueda sufrir el trabajo que ahora se confía en guardias privados. En ese momento, hubo numerosas variables que explicaban la determinación. La inicial, que la policía uniformada estaba desviando valiosos recursos humanos en un evento privado, que podía destinar a otras tareas, en sectores de la comunidad igualmente necesitada de su respaldo. La otra, era económica. Por esos días se cifraba en 70 millones de pesos el gasto fiscal que se realizaba cada semana para cubrir las necesidades de las tres categorías que contempla el fútbol profesional: Primera División, Primera B y Segunda División. Ni siquiera la idea de Sergio Jadue, presidente de la ANFP por aquellos años, fue aceptada. El ex dirigente propuso que los clubes chilenos pagaran por los servicios de la policía, tal como ocurre en Argentina. Su petición fue rechazada por ser inconstitucional. En los días en que la policía uniformada pasaba a las afueras de los recintos deportivos, Estadio Seguro, la repartición pública que se encarga de velar por el cumplimiento de las condiciones de orden en los recintos deportivos, estaba a cargo de Cristián Barra. El personero gubernamental establecía que en un año ya no quedaría ningún policía uniformado en los estadios. La exigencia se trasladaba a los clubes, que debían invertir en tecnología y en la contratación de vigilantes capacitados para quedar a cargo de la crucial tarea.

Hoy, por cierto, las variables son parecidas, aunque surgen elementos nuevos. “La violencia está desatada en toda la sociedad. No hay carabineros. Después del estallido social, son cada vez menos. Hubo un éxodo y ya nadie quiere serlo. La primera pregunta que se plantea es de dónde sacarlos. Hace cinco años, ese contingente estaba controlando las calles”, explica un profundo conocedor de la materia, que pide no ser identificado en este reportaje.

Otra consideración en ese mismo sentido es que el fútbol debe mostrar, de una buena vez, su intención concreta de colaborar para la solución del problema. De esa forma, apunta, la policía uniformada reconocería la señal y se allanaría a realizar una colaboración más decidida para erradicar el flagelo.

Entre los clubes, de hecho, las opiniones tienen matices. “En el fútbol es necesario que esté Carabineros. Los clubes no podemos hacernos responsables de un tema nacional, que afecta a toda la sociedad. La autoridad estatal tiene que estar presente”, sostiene Patricio Romero, timonel de Curicó Unido. La opinión incluye una autocrítica corporativa. “Debemos poner nuestro grano de arena. Nosotros estamos constantemente para evitar estos conflictos. Un sistema de seguridad que ha funcionado, trabajamos en identificar focos y aislar, aplicando la normativa vigente. El derecho de admisión o la denuncia”, refuerza. En esa línea, aboga por un esfuerzo transversal. “Me da la impresión de que el fútbol entero quiere trabajar para eliminar este problema. Está la disposición y hay que involucrar a todos los actores. Puedo dar fe de que se están tomando acciones. Nuestro jefe de seguridad ha participado en congresos. Pero la solución nos compete a todos”, insiste.

Pablo Hoffmann, la máxima autoridad de O’Higgins, sostiene que la materia le inquieta hace bastante tiempo. “En el seminario de la Conmebol se presentó el tema y dije que era fundamental que volvieran los carabineros a los estadios. En el plan de la ANFP no había ni una palabra al respecto”, apunta. La consideración admite una alternativa. “O entrenamos a los guardias y por ley les damos atribuciones, la autoridad que hoy no tienen, o vuelven los carabineros. No queda otro camino para resolver esto”, expone. Sin embargo, advierte que la solución es multifactorial. “También hay otras cosas. Los clubes tienen que invertir en tecnología para identificar perfectamente a las personas. No puede pasar lo que ocurre actualmente. Se pasan los gallos que tienen prohibición de ingreso a los estadios. Nadie sabe cómo lo hacen”, amplía. “El Estado tiene razón en mantener el orden público. Los estadios forman parte de Chile, es parte del sistema que debe proteger”, cierra Hoffmann.

Aunque no se puede hablar de números absolutos, pues el plan dependerá de la naturaleza del partido, la generalidad es que los clubes deben contratar un guardia por cada 100 espectadores que proyecten como asistencia al respectivo partido. Ahí reside otro elemento fundamental: la capacidad que tienen esos funcionarios para controlar personas y situaciones que pueden resultar complejas.

La exigencia para trabajar como guardia es simple: se debe contar con el curso que dicta el OS-10 de Carabineros. Se trata de 90 horas de capacitación teórica y práctica, que entrega los conceptos básicos para desempeñar la tarea. La repartición policial es la misma que prepara a los conserjes que prestan servicios en condominios y edificios. La especialización cuesta entre 65 mil y 75 mil pesos, dependiendo del proveedor. Por estos días, considerando la evolución de las exigencias de un tiempo a esta parte, Carabineros está estudiando la reformulación de la malla curricular para adecuarla a los requerimientos actuales en los eventos masivos. Solo hay que revisar los episodios de esta semana para advertir que han sido completamente superados. En muchos casos, se observa que la labor es encomendada a adultos de avanzada edad, que escasa resistencia le pueden ofrecer a los fanáticos más furibundos.

Los clubes contratan los servicios de empresas que, en lo general, han sido conformadas por uniformados que dejaron el servicio activo. Ese proceso es coordinado por el jefe de seguridad institucional, un puesto que debe llenar cada uno de los clubes que participa en el torneo. Las firmas deben cumplir fielmente los requisitos establecidos en la planificación. De lo contrario, se exponen a abultadas multas.

Hay, naturalmente, un negocio detrás. Un vigilante que trabaje en un partido de fútbol percibe entre 25 mil y 30 mil pesos por encuentro. Es, prácticamente, una consideración de sentido común que nadie está dispuesto a poner en riesgo la vida ni el futuro económico familiar por un monto tan exiguo. Hay otra: en la eventualidad de que un infractor resulte detenido y puesto a disposición de Carabineros, el vigilante puede ser citado a los tribunales para prestar la respectiva declaración. El procedimiento, además de resultar engorroso, lo expone a la potencial identificación por parte del delincuente y, por consecuencia, a eventuales represalias. Ese riesgo, dicen quienes se ven expuestos, no vale la pena.

En 2020 se pretendió dar una fuerte señal. Entró en acción un nuevo tipo de guardias, con una instrucción y una implementación distinta. Se les denominó Robocops. Su uniforme se parecía más al de un efectivo de Fuerzas Especiales. En la ANFP, que estaba a cargo de Sebastián Moreno, apostaban por dar una señal concreta. La empresa MMC, oriunda de Rancagua, destinaba a sus 200 mejores hombres a los servicios. Se trataba de elementos mejor preparados físicamente que los que usan chalecos amarillos o rojos, con huinchas reflectantes. Rodrigo Robles, gerente de Ligas de la ANFP en ese entonces, relucía el avance. “Esto lo desarrollamos con Estadio Seguro, Carabineros y la Intendencia. El foco de Sebastián Moreno es mejorar la experiencia del hincha en el estadio antes, durante y después de cada partido”, decía, mientras anticipaba que el dispositivo podía reforzarse para los encuentros de mayor convocatoria. Los más conflictivos, por definición.

“El sistema requiere que los clubes pongan en el centro de su preocupación a la seguridad privada que contratan, buscar maneras de capacitarla mejor para lograr que los guardias de seguridad que emplean en los partidos sean un real aporte para el espectáculo”, decía Cristóbal Lladser, quien tenía a su cargo Estadio Seguro, valorando la iniciativa.

Hoy, por cierto, los uniformes negros, los cascos, los chalecos antibalas y las motos que ocupaban los robocops, una imagen de por sí imponente para quienes osaran meterse en problemas en un espectáculo deportivo, están más cerca de los armarios que de los estadios de fútbol. La razón es eminentemente económica: cada uno de los funcionarios que conforman estas auténticas tropas de elite se embolsa unos 70 mil pesos por evento. Vale decir, más del doble de lo que cobra uno convencional, considerando el extremo más alto de lo que paga el mercado. Esa cuenta estaba a cargo del club que organizaba el espectáculo. Y, en épocas de cinturones apretados, la mayoría no está dispuesta a correr con el gasto.