El gobierno busca castigar a los dirigentes y a la ANFP: las tres propuestas de ley corta para el control de la violencia en los estadios

La violencia en los estadios sigue siendo la principal preocupación del gobierno y el fútbol. El impasse por la filtración del contenido del grupo de WhatsApp que aglutina a los presidentes de los clubes, precisamente en relación a una de las medidas que había propuesto la ANFP para controlar el flagelo, entrampó el progreso de las gestiones, pero no consiguió trabarla definitivamente. De hecho, en la reunión que se realizó el viernes, para avanzar en la tramitación de la ley corta que persigue enfrentarlo con medidas más enérgicas, se reconoció la tensión. “Es evidente que las palabras del Presidente Boric nos representan. Como es una reunión técnica, y como no está el directorio de la ANFP, sigamos adelante”, manifestaron los representantes del gobierno. La ANFP pidió los borradores del proyecto de ley, pero recibió una respuesta que refleja la distancia: solo conocerá su contenido cuando, efectivamente, esté terminado y listo para ser despachado al parlamento para su tramitación.

Las iniciativas, en efecto, también revelan divergencias. En La Moneda apuestan decididamente por establecer responsabilidades de los dirigentes ante las eventualidades irregularidades que se produzcan con motivo de los espectáculos regidos por la ley 19.327, un enfoque, que, por cierto, no considera el paquete de medidas que propuso el directorio del fútbol chileno, que encabeza Pablo Milad. La postura gubernamental, en ese sentido, es categórica: los responsables de los clubes deberán pagar por los excesos que cometan los hinchas y por las deficiencias en los dispositivos para controlarlos. En sentido contrario, se verán expuestos a castigos. Uno será especialmente doloroso: el impedimento para acceder a los partidos de los clubes que administran o de los que son propietarios, según el caso.

La ANFP expone siete medidas fundamentales. La primera dice relación con los aumentos de las penas establecidas en el actual articulado. La segunda, con una sanción enérgica para situaciones como el porte y uso de fuegos artificiales, uno de los grandes inconvenientes en el último tiempo. Además, propone endurecer la mano ante perjuicios a los protagonistas del espectáculo. “Tipificar como delito o figura calificada de alguno de los delitos actualmente existentes, la agresión cometida contra actores y trabajadores de los espectáculos de fútbol profesional”, sostiene.

También pretende que se imponga drasticidad contra los infractores, sobre todo si se trata de reincidentes. “Perfeccionar las penas accesorias contenidas en la ley N° 19.327, extendiendo las mismas e incorporando nuevas penas accesorias, como la prohibición absoluta perpetua de asistir a espectáculos de fútbol profesional, en caso de reincidencia o quebrantamiento de las penas originalmente impuestas”, postula. Así, por ejemplo, las prohibiciones e ingreso fluctuarían entre los cinco y los diez años, cifras que en caso de quebrantamiento podrían llegar hasta a la perpetuidad. Además, se contempla la obligatoriedad de presentarse en la unidad policial más cercana y un castigo no menor a cinco años para quienes usurpen la identidad de otra persona para entrar a los estadios estando impedidos de hacerlo. La cuarta propuesta está relacionada con la rapidez de los juicios. “Proceder con las infracciones a la ley N° 19.327 de la misma forma en que se procede con las faltas penales (juicio simplificado)”, consigna.

El quinto punto alude a la información que permitiría, por ejemplo, establecer controles de acceso más eficientes, que impidan el acceso a infractores que lo tengan prohibido. “Habilitar a los administradores públicos de bases de datos que permitan el reconocimiento e identificación de infractores y autores de delitos contenidos en la ley N° 19.327, para que efectúen la comunicación de los datos personales contenidos en las mismas, de forma tal de que dichos datos puedan ser objeto de tratamiento con ocasión del registro a que se refiere el artículo 30° de la ley N° 19.327, y al mismo tiempo éste pueda ser utilizado en los espectáculos de fútbol profesional para la inmediata identificación de infractores y autores de delitos con ocasión de esta ley”, explica.

En el sexto, se incorpora la posibilidad de dictar órdenes de detención contra quienes quebranten las medidas que se adopten en su contra. “Incorporar la posibilidad de dictar órdenes de detención contra quienes quebranten sentencias de prohibición de ingreso, como asimismo su comunicación en los términos del artículo 29 de la ley 19.327″, especifica. El séptimo y últimos se refiere a una redefinición del rol de Carabineros. “Incorporar un protocolo de actuación de Carabineros de Chile que contemple, en su caso, la posibilidad de ingresar al recinto deportivo para el cumplimiento de las finalidades del artículo 21 de la ley 19.327. Además, modificar la redacción de las facultades otorgadas a Carabineros en dicho artículo a fin de que sean mandatos imperativos de actuación”, contempla.

El Sifup, que exigió ser parte de la mesa, también expuso sus planteamientos y los sistematizó a través de una propuesta que considera medidas de corto y mediano plazo. En la primera categoría se cuentan varias: empadronamiento de hinchas y creación de un Registro Nacional de Hinchas, implementación de mayor tecnología en las medidas de seguridad, capacitación, equipamiento y estandarización de guardias u otros miembros de seguridad, según función a realizar, zonas determinadas para familiares de los deportistas y multas y sanciones ejemplificadoras para las organizaciones deportivas profesionales que no cumplan íntegra y oportunamente con los protocolos y planes de seguridad.

También figuran la fiscalización permanente por Estadio Seguro, la adopción de un protocolo de seguridad, información y educación, la disposición de asientos individualizados y la creación y mantención de mesas de trabajo que analicen y fiscalicen el correcto cumplimiento de las medidas de seguridad que se impongan a los empleadores de los deportistas y a los organizadores de un espectáculo deportivo.

En el segundo lote, de un cumplimiento más extendido, aparecen la disposición de torniquetes de ingreso, cámaras de identificación biométricas, detector de huella. y el aumento de sanciones para infractores de la ley.

“La capacitación del personal de seguridad continúa siendo el obstáculo más efectivo contra un ataque exitoso. Esto lo han dicho lo más grandes expertos en la materia”, añade el Sifup, como parte de su análisis. Otro énfasis está puesto en el uso de la tecnología. “Las organizaciones de seguridad entre los clubes, carabineros y el Estado, deben encontrar la línea firme entre la tecnología y la acción rápida. Las herramientas invasivas, como los escáneres corporales, a menudo son mal vistas por los defensores de la privacidad. Sin embargo, luego de los constantes y violentos ejemplos mundiales, los estadios requieren tecnologías de seguridad modernas. Y esa inversión debe estar apalancada en los clubes. El uso de herramientas avanzadas, como máquinas de rayos X portátiles y algoritmos de monitoreo de redes sociales, para evitar que se repitan los horribles ataques en varios estadios, es una solución que se ha adoptado en varias ligas del mundo, pero que requiere inversión para detección temprana. Proponemos incluso la utilización de drones de seguridad y sistemas de comunicación avanzados previo a los cotejos”, postula.

Otro punto es la evacuación rápida y segura. “En un intento por minimizar las lesiones, muchas ligas de Europa recomiendan desarrollar un plan completo basado en las secciones del estadio, la ubicación del personal de seguridad, las técnicas de huida a multitudes y la capacidad de la infraestructura para albergar a los asistentes. Esto, con una campaña comunicacional, apelará rápidamente a disminuir la sensación de estar expuesto sin ningún plan, incluso jugadores y árbitros”, propone.

Finalmente, aborda la responsabilidad de los organizadores de los espectáculos. “En muchos países, los responsables de la seguridad de los espectáculos deportivos son los clubes locales. Y como tales, visto todos los puntos anteriores, deben ser capaces de operar lo descrito. Si no lo hacen deben estar expuesto a multas diseñadas no sólo por órganos deportivos, sino por las instituciones que tienen que velar por el fiel cumplimiento de la Seguridad, como el Ministerio del Interior y sus órganos fiscalizadores. También puede operar y fiscalizar la Dirección del Trabajo, atendido el deber de seguridad que recae sobre los clubes empleadores en virtud de los artículos 184 y 184 bis del Código del Trabajo”, plantea.