Este miércoles la contralora (s) Dorothy Pérez dejó caer una bomba en medio de la Comisión Investigadora de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de la Cámara de Diputadas y Diputados.
La funcionaria realizó una detallada presentación en la que se dio cuenta de diversos procesos administrativos sobre la Corporación Santiago 2013 entre 2019 y 2023 donde se dejó en evidencia la no rendición de cerca de $194 mil millones.
Consultada sobre esto, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, indicó que “toda la información que ha sido requerida por la Contraloría, tanto antes de la subrogancia como durante la subrogancia, lo estamos chequeando”, señaló.
“Eso está en el Ministerio del Deporte y el Instituto del Deporte pertenece al Ministerio. Obviamente, los Panamericanos estaban dirigidos por una corporación donde el Ministerio del Deporte asumía la presidencia en conjunto con otros actores y, por lo tanto, ha sido un proceso muy riguroso, muy intenso de entrega de información desde la administración anterior de la Contraloría hasta la fecha, porque la institución es una sola. Se ha estado entregando toda la información requerida”, añadió.
“Vamos a ver qué pasó con los tiempos, si están a tiempo todavía de entregar o no, eso es algo que tenemos que resolver durante la jornada. Lo estamos viendo con el Ministerio del Deporte”, cerró Vallejo.
El informe
En el informe encabezado por la contralora (s) Dorothy Pérez, que constó de 18 láminas, la autoridad explicó cuáles son las acciones que está llevando a cabo la Contraloría General de la República. Por un lado, se realizaron 21 actos administrativos, en los que se revisó la legalidad de las contrataciones de obras destinadas al megaevento ejecutadas por el IND. Asimismo, dada la gran cantidad de auditorías, explicó que no se pudo revisar todo, porque el personal es escaso, pero sí seleccionaron algunas que pudiese generar dudas.
“En general se trata de obras que no contaban con evaluación de impacto ambiental cuando se requería o que no contaban con el informe de impacto vial. Hubo obras que en las bases establecían un mecanismo de pago de mayores gastos de pago generales a las empresas contratistas, que no se ajustaba a la normativa en algún punto”, señaló.
Sobre la importancia de este aspecto, Pérez detalló que “en algunos casos eran errores de fijación de plazo en el término de la obra. No había claridad de cuál era el plazo en que terminaba la obra y eso es relevante porque de eso depende el cobro de las multas y la recuperación de dineros públicos respecto de los atrasos en que pudiera incurrir la empresa contratista”.
Luego, la CGR se enfocó en 11 inspecciones de obra pública y auditorías financieras. De esa cifra, solo el Centro de Deportes Colectivos del Estadio Nacional no presenta observaciones. El resto presenta objeciones, que van desde multas, falta de documentos de acreditación, pagos improcedentes y falta de rendición de cuentas por hasta $ 17 mil millones.
En el informe se señala además que solo se han rendido el 31,5% de los recursos de los cuáles han sido aprobados por el Instituto Nacional del Deporte (IND) el 5,2%. Además, hay observaciones por más de $50 mil millones y que el IND solicitó el reintegro de $463 millones.
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