La polémica está desatada. El informe de la Contraloría General de la República, que anuncia el inicio de una auditoría por la falta de rendición de cuentas de $194 mil millones de los aproximadamente $282 mil millones utilizados genera diversas reacciones.
El documento, suscrito por la contralora subrogante, Dorothy Pérez, se transformó en una auténtica bomba. En 18 páginas, la autoridad explicó las acciones que está llevando a cabo la entidad que representa, que se aboca esencialmente a la supervisión de los actos públicos, especialmente los relacionados con el uso de recursos.
El IND responde
El Instituto Nacional del Deporte responde al anuncio de la Contraloría. Lo hace, precisamente, aludiendo a sus reparos. Intenta, evidentemente, descartar irregularidades. “Las rendiciones de los años 2019 y 2020 se encuentran totalmente rendidas y aceptadas”, consigna en el primer punto.
En el siguiente, en cambio, deja entrever cierta condicionalidad. “Las rendiciones del periodo 2021 y 2022 se encuentran totalmente rendidas y en proceso de revisión”, añade, respecto de un proceso que aún no concluye. La misma lógica opera para el período en que, finalmente, se desarrollaron los Juegos. “Las rendiciones del año 2023 están dentro del plazo que establece el convenio”, explica.
Recursos millonarios
La entidad refuerza su compromiso con la transparencia. “Queremos ser enfáticos en destacar que estamos velando por el buen uso de los recursos públicos, que entendemos la importancia en la entrega de información hacia los dis6ntos organismos fiscalizadores y que seguiremos trabajando con la Corporación Santiago 2023, para cerrar de manera correcta un evento que quedó en la memoria de todos los chilenos y chilenas”, establece, a modo de asumir que mantendrán una activa colaboración en la entrega de información”.
La Contraloría busca aclarar el destino de recursos efectivamente cuantiosos. Tal como informó El Deportivo, la entidad busca requerir detalles sobre gestiones y causas de rendiciones pendientes por $194 mil millones desde 2020. También fiscalizar acciones para la restitución de $49 millones observados, informar sobre plazos y ampliaciones para rendiciones desde 2019 al 2023 y verificar acciones legales que se hayan emprendido.
Los procesos cuestionados corresponden a actos administrativos desarrollados en los dos gobiernos que intervinieron en la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos: los de Sebastián Piñera y Gabriel Boric.
En ese contexto, Pérez presentó un informe que consigna una decidora conclusión: apenas el 5 por ciento de las rendiciones han sido aprobadas y varios de los montos que se están revisando están excedidos en los tiempos de entrega. En ese escenario, apuntó directamente al IND. “Sin perjuicio de que dice que varios proyectos se encuentran en ejecución en la plataforma, es relevante tener a la vista que los plazos de algunos de esos proyectos ya están vencidos. Por esa razón, Contraloría hace una semana, y por la vía del sumario administrativo desde mayo, ya se estaba señalando al IND que había que perseguir la responsabilidad administrativa por esa falta de rendición”, expresó. Sus palabras encontraron respuesta.
El Consejo para la Transparencia habla
A su turno, el Consejo para la Transparencia alza la voz. “El Consejo para la Transparencia ha tenido un rol activo en el proceso de fiscalización a la Corporación Santiago 2023″, sostiene su presidente, Bernardo Navarrete.
“Así lo hicimos saber en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, en lo central y creo que lo que les importa a todos los chilenos es que llevamos cuatro años esperando la ley de Transparencia 2.0, que nos permitiría conocer en qué gastan estas corporaciones privadas dineros que son públicos y, en consecuencia, lo que está aportando hoy día la Contraloría General de la República va en el sentido correcto. Necesitamos saber en qué se gastan las corporaciones privadas el dinero que viene de todos los chilenos”, insiste el personero.
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