El lapidario catastro de Carabineros por la seguridad en los estadios

No fue solo en el estadio Monumental en que Carabineros activó un plan de seguridad mayor para contener eventuales reventones y escenas de violencia en el interior del recinto. Efectivos de la institución también estuvieron presentes en el estadio El Teniente, de Rancagua, atentos a un sigiloso contacto entre los barras bravas de la Universidad de Chile y San Lorenzo de Almagro, el miércoles recién pasado, en el duelo válido por la Copa Sudamericana.

Ese día, estaba previsto que un grupo de 50 integrantes de Los de Abajo ingresara al estadio, camuflados en La Butteler, la hinchada del equipo argentino, para dar rienda suelta -en modo de protesta- a fuegos artificiales, bengalas y petardos no autorizados. Sin embargo, en la entrada del recinto deportivo, Carabineros logró identificar a los barristas encubiertos e impedirles el ingreso al estadio.

Con este ejemplo la policía uniformada grafica que ellos nunca han salido de los estadios de fútbol y que eso es simplemente “un mito”. Si bien su presencia no se produce dentro de los recintos, ya que la nueva ley faculta a la seguridad privada para esas labores, dicen que siempre han estado en las inmediaciones de los coliseos deportivos resguardando el orden y la seguridad pública, tal como los mandata la Constitución.

En este escenario la pregunta que surge es ¿quién fiscaliza a la seguridad privada? También Carabineros. Lo hace a través del departamento OS-10, el cual es el encargado de revisar las empresas contratadas por los clubes de fútbol para resguardar que sus espectáculos cumplan con las exigencias y estándares para ofrecer estos servicios .

La Tercera accedió a la estadística que hasta hoy maneja Carabineros sobre las infracciones que han cursado a estas firmas. Entre 2022 y 2023, la policía uniformada ha registrado 144 infracciones.

“Cada encuentro deportivo que cuenta con seguridad privada, es fiscalizado por personal de Carabineros, con la finalidad de establecer que se dé cumplimiento de la normativa y al despliegue autorizado”, explica el coronel Miguel Calderón, subprefecto del OS-10.

Del total de infracciones, 40 responden a una exigencia insatisfecha: “No cumplir en la directiva de funcionamiento” (ver recuadro). Esto significa que su personal no alcanzó el despliegue comprometido para el día del evento deportivo.

La segunda sanción que más se repite es la no tener guardias capacitados, algo que le costó el servicio de seguridad en el estadio Monumental a la empresa Neopaz LTDA. El 24 de abril, cuando un cortejo fúnebre ingresó al recinto deportivo de Colo Colo, la firmamantenía en el lugar a vigilantes no certificados por el OS-10. Esa validación es consideraba como ‘básica’ por la policía uniformada.

Al externalizar este servicio, los clubes o dueños de los equipos de fútbol se libran de cualquier castigo. “Los organizadores contratan los servicios de una empresa, que le presta servicios de seguridad privada. Es por ello, que en materia de seguridad privada se multa a la empresa y no al organizador”, detalla el coronel Calderón.

“La acumulación de infracciones, además, puede derivar en la revocación de su acreditación, pero no constituye un requisito expreso, entendiendo que no todas tienen un mismo efecto en el funcionamiento del sistema de seguridad privada”, añade.

Las multas que se cursan van desde los $3 millones, hasta los $40 millones, en caso de que se detecte una acumulación de faltas graves. En privado, en tanto, fuentes policiales agregan que las firmas muchas veces destinan un “saldo” para pagar estas multas, pues lo que reciben por contrato es muy superior a lo que destinan para el servicio.

Por esas razones, ni en Carabineros, ni en el ministerio del Interior, es un tema agradable la posibilidad de destinar más policías para la seguridad en los estadios, dado que implica un costo para el Fisco y no así para quienes están tras el negocio del fútbol.