El millonario plan de seguridad para la Supercopa que se truncó por la negativa de la Delegación Presidencial de Coquimbo

Salvar la Supercopa se había transformado en una consigna para la ANFP. Había dos razones que ponían en riesgo la disputa del encuentro entre Colo Colo y Universidad de Chile, los monarcas del Campeonato Nacional y de la Copa Chile, que abrirá la temporada 2025. Ambos, igualmente complejos de resolver. Por un lado, la falta de una ciudad dispuesta a recibir a los equipos más populares del país. Por otro, el paro convocado por el Sifup, que ha asegurado en todos los tonos que el encuentro entre los equipos más populares del balompié nacional no se jugará si no se satisface el petitorio que pusieron en manos de los dirigentes. El sábado se agregó la tercera y definitiva: en el amistoso entre los albos y Racing, la Garra Blanca detonó fuegos artificiales y desplegó un lienzo con un mensaje categórico. “Si no estamos, la cancelamos”, decía el cartel.

Los barristas reaccionaban de esa desafiante forma a la restricción de venta de entradas solo a público residente en la región de Coquimbo. Las autoridades no tardaron en reaccionar. Este lunes, la Delegación Presidencial suspendió la venta de tickets, señal inequívoca de que la amenaza de los hinchas más radicales del Cacique volvía a dejar el primer duelo de la temporada en el aire. De hecho, en principio, había que esperar un par de días para tener certezas. La decisión se iba a adoptar el jueves. Finalmente, la ANFP comunicó la suspensión del evento. “Al no contar con las autorizaciones de la Delegación Presidencial para realizar el partido e iniciar la venta de entradas, la incertidumbre y falta de definición impide seguir adelante con el plan de operaciones y seguridad que ya se está implementando en el Estadio La Portada”, expresó la organización mediante un comunicado que, paralelamente, agradece la disposición de Carabineros y de la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena. La distancia es evidente.

La ANFP intentó por todos los medios (y recursos) que el partido se jugara. El miércoles, Felipe de Pablo, el gerente de Operaciones y Seguridad de la entidad que rige al fútbol chileno, había sostenido intensas reuniones con autoridades regionales y comunales para conseguir las autorizaciones que permitan que albos y azules choquen en La Portada. Los permisos, ciertamente, no solo abarcaban a la organización del partido en sí. También tenían que ver con todas las condiciones inherentes a su desarrollo, que implicaba el traslado y la concentración de ambos planteles en la región de Coquimbo. De hecho, una particularidad era que ambos se alojarían en complejos ubicados en Ovalle, para evitar convulsiones en la histórica ciudad. Los hoteles fueron sorteados.

La Delegación Presidencial de Coquimbo les planteó una serie de exigencias a las autoridades futbolísticas. Bien avanzada la tarde de ese, en Quilín afirmaban que el acuerdo estaba virtualmente cerrado. “En un 99 por ciento”, se atrevían a asegurar en la sede del fútbol chileno. Había aspectos que ya estaban avanzados: un aforo de 12 mil espectadores, público residente en la región y controles en las inmediaciones de la conurbación Coquimbo-La Serena, para evitar el ingreso de barristas sin entradas. En el gobierno, en cambio, pusieron la cuota de mesura y advirtieron que recién el jueves 23, a dos días del duelo, se resolvería si se autorizaba o no, su realización. Ante la nueva realidad, ese plazo era admitido como el deadline en Quilín. Sin embargo, la paciencia se agotó.

La ANFP estaba abocada a la implementación de las medidas. En ese plano, ya estaba asumido que el gasto sería millonario. En la sede del fútbol chileno estimaban que alcanzaría el 80 por ciento de los ingresos que se recaudarían por la venta de entradas, que iba a ir íntegramente a sus arcas. Sin embargo, por la premura y por las dificultades que implicó encontrar una ciudad dispuesta a albergar el enfrentamiento (Concepción y Temuco se descartaron), la apuesta se concentró en salvar la Supercopa sin fijarse en gastos. La estimación ni siquiera considera eventuales daños, que también correrían por cuenta de la organización.

El sábado, de hecho, comenzó a implementarse el plan, con el desembarco de una delegación que lideraban De Pablo y Yamal Rajab, el gerente de Ligas de la ANFP. Antes, distintos departamentos de la asociación habían visitado la ciudad para avanzar en la logística. En esa línea, se trasladarían camiones con rejas y con la tecnología que permita implementar controles biométricos en los ingresos al recinto deportivo, considerando que los tickets se vendrán de acuerdo al Registro Nacional del Hincha. Se esperaba la entrega de las respectivas bases de datos que permitan establecer el filtro. Ese era, apenas, el punto de partida.

“El acuerdo que tenemos es que el siguiente paso era enviar la base de datos que consolidaba lo relativo a los habitantes de La Serena, lo que pudiera tener el municipio con sus juntas de vecinos, la regional y las que manejamos en el fútbol, con los clubes. Esas bases ya las enviamos a las autoridades, para que las revisen. El domingo iniciamos el montaje de redes en el estadio. Contratamos las empresas de seguridad, los servicios, controles, rejas, ambulancias.. Tenemos todo listo para partir. Nosotros viajamos el domingo.”, establecía, entonces, De Pablo a El Deportivo.

El despliegue de recursos implicaba, además, la instalación de un sistema de cámaras de alta definición desde las calles hasta el interior del estadio. Ese elemento resultaba clave frente a la posibilidad de que se produjeran disturbios: permitiría individualizar a sus responsables, con la finalidad de que se interpusieran eventuales querellas y se les aplicara el derecho de admisión. El circuito cerrado se trasladaría desde Santiago.

La otra materia relevante era el traslado de personal. En principio, 200 guardias provenientes de la capital apoyarían el trabajo de Carabineros, que no suele informar el contingente que destina al resguardo de los eventos de esta naturaleza. A esa cifra había que sumar otros 200 funcionarios, entre controles, validadores, encargados del corte en las calles, megafonía, montaje de rejas y señalética y los denominados líderes de accesos.

En la sede del fútbol chileno valoraban, eso sí, el legado operacional que le quedaría a La Serena. Si bien los equipos tecnológicos volverían a la capital, la ciudad heredaría elementos claves para la organización de futuros encuentros de estas características, como planos, diseños y señalética. Todo se fue por la borda.

Las autoridades y la ANFP habían programado revisiones para martes y jueves con la finalidad de chequear el cumplimiento de los compromisos. Ni siquiera llegaron a completarse.