El otro lío de Francisco Gilabert, el polémico árbitro del fútbol chileno

Francisco Gilabert estuvo buena parte del año en el centro de la polémica. En enero, el juez dirigió el decisivo encuentro entre Huachipato y Copiapó, que determinó la permanencia de los siderúrgicos en Primera División para la temporada 2022 gracias a un controvertido cobro, aunque incluso el resultado de ese partido pasó luego a segundo plano. La atención se concentró más tarde, en una serie de enredos que derivaron en una de las peores crisis que recuerde el referato chileno. Al árbitro del duelo entre acereros y atacameños se le llegó a situar incluso en el centro de un complot para desestabilizar a Javier Castrilli, entonces presidente de la Comisión que dirige la actividad. La investigación lo exculpó de todos los cargos. De hecho, volvió a impartir justicia y es uno de los portadores de la preciada insignia FIFA. Sin embargo, aún así, a Gilabert aún le quedan controversias que resolver.

En el marco de ese proceso, contrató los servicios profesionales de una abogada a la terminó demandando por estafa y ejercicio ilegal de la profesión. “Que de acuerdo a la representación que invisto, y en virtud del artículo 111 y siguientes del Código Procesal Penal, vengo en interponer querella criminal por el delito de Estafa, previsto y sancionado en el artículo 467, en relación al artículo 468, del Código Penal y por el delito de Ejercicio ilegal de la profesión de abogado, previsto y sancionado en el artículo 213 del Código Penal,y delito tributario que indica, previsto y sancionado en el artículo 97 n° 10 del Código Penal en contra de LEYLA ISABEL MAULÉN MATURANA”, consigna la acción legal, a cuyo texto íntegro tuvo acceso El Deportivo.

Maulén, en efecto, participó en la tramitación del proceso que se abrió en el Tribunal de Disciplina, aunque en el organismo sancionador del fútbol chileno consignan que no era el principal actor, pues la defensa estaba a cargo de otro jurista, Pedro Álvarez. “El abogado de don Francisco fue don Pedro Álvarez Bustos y compareció junto con él doña Leyla Maulén, egresada de Derecho de la Universidad Santo Tomás y acreditó con un certificado de egreso tal calidad. Ella solo acompañó al abogado Álvarez y no intervino en la audiencia”, recuerda Exequiel Segall, presidente de la Primera Sala de la corte deportiva.

Segall también descarta de plano que la presencia de Maulén haya vulnerado los filtros que se establecen a modo de acreditar competencias. “Para el tribunal todo estuvo conforme a la reglamentación. Cuando concurren por primera vez, acreditan su calidad de abogado. Normalmente siguen concurriendo los mismos. Esa condición se acredita mediante el título o un certificado extendido por la Corte Suprema y también en la cédula de identidad consta que es abogado”, establece. Hay tres categorías autorizadas para comparecer: estudiantes habilitados, egresados y abogados. “Nunca ha comparecido un estudiante habilitado”, precisa Segall, quien, al momento de el diálogo con El Deportivo, manifiesta tener a la vista el certificado de egreso de Maulén. “El certificado es de fecha 3 de junio de 2022. Del secretario general de la Universidad Santo Tomás. Egresó en diciembre de 2019″, precisa.

La defensa ante los organismos deportivos no es la única materia que vincula a Gilabert con Maulén. En el texto de la querella se menciona otro aspecto que resulta llamativo. “Es preciso SS., indicar que en el intertanto, y para ser mas certera, la querellada, cita a reunión a mi representado, pues entendiendo que él no sabía como iba a terminar el procedimiento disciplinario, le comenta a la querellada que quería iniciar alguna otra labor, a lo cual la querellada le sugiere que podría hacer una Asociación Gremial, sin fines de lucro, en el cual, ella haría las siguientes labores; Confección de Estatutos de la Asociación, evento de inauguración, publicidad (página web), obtención de recursos del Estado, optar a créditos bancarios, de consumo e hipotecarios, entre otras cosas”, relata el escrito.

La conformación de esa entidad implicaría montos que Gilabert reclama en su querella, como objeto de estafa, y que se agregan a los $ 3 millones que tuvo que abonar a modo de honorarios por la defensa ante el Tribunal de Disciplina. “A lo antes señalado, ella le indica que por dicho servicio le cobraría por concepto de honorarios $10.000.000.- (DIEZ MILLONES DE PESOS), a lo cual mi representado, le responde que no contaba con dicha suma de dinero. Sin embargo, sobre la misma conversación, ella le indica que lo puede ayudar a conseguir dicha cantidad de dinero por medio de “sus contactos” indicándole que conocía a la señora Patricia Farías, quien junto con su cónyuge Jonathan Arias tenían una Empresa de Asesoría Financiera”, sostiene la actual defensa del juez.

“Con fecha 03 de mayo del 2022, la querellada cita a mi representado a su oficina ubicada en Avda Apoquindo 6410, oficina 605, comuna de Las Condes, pero como él estaba en el Alto Las Condes, finalmente ella se acerca a dicho mall, indicándole que necesitaba sus liquidaciones de sueldo, escritura de su casa, cédula de identidad, cotizaciones, informe de deuda, clave del SII, entre otros documentos, para que pueda proceder a solicitar un préstamo ante el Banco Estado por un monto de $20.000.000.- (veinte millones de pesos)”, detalla.

El procedimiento continuó. “La diligencia fue a tal punto que el día 05 de mayo del 2022, fue citado al Banco Estado ubicado en Avenida José Manuel Balmaceda N°310 de la comuna de Buin y en dicha sucursal se encontraría con Patricia Farías, quien estaba hablando con un ejecutivo Leonardo Javier Rojas González de la sucursal de Curicó para proceder hacerle entrega del dinero. La querellada le indica que concurriera a primera hora, pues el crédito estaba listo para ser firmado, y quien además acentúa que retire la totalidad del dinero en efectivo, pues la señora Maulén le indica que enviaría al publicista el señor Johnny Hueitra Acevedo, de quien desconoce mayores antecedentes, a retirar los $10.000.000.- (diez millones de pesos), y los depositaría en su cuenta personal. Así las cosas, luego de recibir el dinero se lo entrega a quien indicó ser publicista, pues tal como se probará, él se haría cargo de depositarlo en la cuenta bancaria de la querellada”, apunta la descripción.

“Mientras esperaba por la entrega del dinero, la señora Patricia Farías le vuelve hablar que ella junto a su cónyuge tenían una empresa de Asesoría Financiera, y que ella podría ayudarlo a comprar propiedades para capitalizarse, a lo cual mi representado le comenta que le gustaría comprar la propiedad de sus abuelos (maternos y paternos), y asimismo, le ofrece propiedades en Curacaví, Algarrobo, El Tabo, El Quisco, invitándolo a que concurriese a dicha zona, pues ella en ese lugar tenía la empresa”, agrega.

“Con fecha 11 de mayo del 2022, concurre al domicilio de la señora Farías ubicado en Cuyuncaví Bajo parcela N° 41 de la comuna de Curacaví. Al llegar al lugar, le indica que los servicios consistían en obtener créditos hipotecarios, por un monto de $190.000.000.- (ciento noventa millones de pesos), y que por concepto de honorarios le cobraría $9.000.000.- (nueve millones de pesos), que corresponde al 0,5%, a lo cual le pide que se los deposite a su cónyuge Jonathan Arias Arias, $6.000.000.- (seis millones de pesos), a lo cual primero le hizo una transferencia por $250.000.- (doscientos cincuenta mil pesos) que es el monto máximo diario por tratarse de una primera transferencia, y que el remanente se lo transfiriese a Leyla Maulén, querellada, vale decir $5.750.000.- (cinco millones setecientos cincuenta mil pesos). En ese acto firma un contrato de prestación de servicios, con ARIAS PROPIEDADES y ASESORÍA FINANCIERAS SpA RUT 77.154.738-9, domiciliada en Cuyuncaví Bajo Parcela 41, comuna de Curacaví”, puntualiza.

La siguiente es una mención al término del proceso en el ámbito deportivo. “Así las cosas, mantuvo conversaciones con la querellada en relación a la ANFP, tema que quedó zanjado con fecha 15 de junio del 2022. Posteriormente, comenzó a solicitarle resultados y respuestas a lo que ella se había comprometido por la suma de $10.000.000.- (diez millones de pesos), pidiéndoles los estatutos de la asociación, a la cual luego de indefinidas evasivas, lo último que hizo fue enviar los estatutos a la notaría de María Soledad Santos, ubicada en Agustinas 1161 de la comuna de Santiago. Por ese motivo mi representado concurrió con su hermano Pablo Andrés Gilabert Morales a quienes el señor Juan Carlos Alfaro, encargado de escrituras públicas, les indica que estaban mal redactadas, y que la querellada no era abogada. Por lo anterior procedió a solicitarle la devolución de los dineros, cuestión que hasta la fecha no se ha producido, ni tampoco le ha realizado gestión alguna”, precisa.

Y vuelve sobre el planteamiento del presunto ejercicio ilegal de la profesión. “Es menester indicar SS., que la querellada siempre le indicó que era abogada, y asimismo, estuvo presente en el procedimiento arbitral, por lo que nunca tuvo duda en su calidad de tal, sino esto comienza cuando en notaría, le indican que ella no era abogada, y que por tal motivo, comenzó a pedirle la gestión encomendada, y luego de sus evasivas, le solicitó la devolución del dinero. Así las cosas, por los montos de honorarios cobrados, no le entregó boleta de honorarios o factura alguna por dichas sumas de dinero, infracción que acarrea delito tributario. Es preciso indicar que el monto en el cual se configura la estafa es de $10.000.000.- DIEZ MILLONES DE PESOS”, apunta la actual representación de Gilabert en el libelo.

En el ámbito referil, ante las consultas planteadas por El Deportivo, desconocen la naturaleza y el eventual objetivo que habría tenido la citada asociación gremial pues Gilabert no comunicó la iniciativa.