El peligro del exiguo informe de Bascuñán por los incidentes en el clásico universitario: “El tribunal actúa sobre las denuncias y los antecedentes que se le presentan”

En una línea y media, Julio Bascuñán, el juez del partido entre Universidad de Chile y Universidad Católica, sintetizó los problemas que ocurrieron en el duelo que se jugó en el Estadio Nacional. “Al término del partido, un grupo indeterminado de hinchas entran al campo de juego teniendo que ser, jugadores como cuerpo arbitral, escoltados por guardias de seguridad”, consigna el árbitro FIFA en el informe que hizo llegar al Tribunal de Disciplina de la ANFP. Como se lee, no hay mayor profundidad en sus dichos. Menos, un acabado detalle de que aconteció en Ñuñoa a vista y paciencia de los 25 mil hinchas que asistieron al principal reducto deportivo del país y de los miles que seguían el encuentro por televisión. Y para decir había más. Bastante más.

La situación está lejos de ser anecdótica. El informe referil es, al menos hasta aquí, el único elemento válido como para que el Tribunal de Disciplina de la ANFP inicie una investigación que conduzca a la determinación de responsabilidades y, eventualmente, a sanciones. La reglamentación contempla desde multas hasta el castigo a la localía. Y está a la vista que los antecedentes son exiguos. “El tribunal actúa sobre las denuncias y los antecedentes que se le presentan. Tenemos que considerar el informe de Bascuñán”, sostiene Exequiel Segall, presidente de la Primera Sala del órgano sancionador del fútbol chileno a El Deportivo.

Segall se refiere a la situación objetiva. Declina drásticamente calificar el elemento de prueba. Lo que sí precisa es el alcance de la acción del tribunal que encabeza. “Hemos dicho siempre que el tribunal no es un organismo fiscalizador ni controlador. Actúa por las denuncias y los antecedentes que se nos presentan. Entonces, tendremos solamente que actuar por el informe del árbitro”, insiste.

De cualquier forma, aunque es el principal, el informe de Bascuñán no es el único elemento que podría considerar el tribunal para abordar los incidentes. De hecho, hay uno que lo cambiaría todo: la eventual denuncia por parte del club afectado, en este caso Universidad Católica, o del directorio de la ANFP. En Quilín, al menos, aún no había claridad respecto de si se harían parte del proceso.

El plazo para las respectivas presentaciones está definido. “Si es por infracción a las bases del Campeonato, el directorio tiene cinco días para denunciar”, explica Segall. El mismo plazo opera si fuera Cruzados, en su condición de afectado por las agresiones que recibieron los jugadores estudiantiles, el que iniciara la respectiva diligencia.

Hay otra probable explicación para la breve comunicación de Bascuñán después del duelo: la obligación de subir el informe al Comet, la plataforma electrónica en la que deben quedar registradas las incidencias que se producen durante los encuentros, que antes se anotaban en una planilla física. Ese trámite, que antes podía tomar hasta más de un día, ahora debe realizarse en forma inmediata. En rigor, el juez cumplió con la obligación, aunque no se tomó una prerrogativa que, técnicamente, tiene: la de complementar el informe con nuevos elementos.

La última tesis apunta a la posibilidad de que el árbitro no hubiese visto la totalidad de los incidentes, ante su rápida salida del campo de juego. Sin embargo, esta opción se cae ante un simple razonamiento: hubo problemas que comenzaron antes del pitazo final y que tampoco fueron consignados.