Entrevista a Carlos Gajardo: “El fallo de la Corte Suprema le da un golpe final a la presencia de las casas de apuestas online en nuestro país”

El martes, la Tercera Sala de la Corte Suprema determinó que la empresa de internet Mundo Pacífico debía bloquear el acceso a más de una veintena de sitios de apuestas en línea, lo que desató diversas reacciones. En ese contexto, Carlos Gajardo, exfiscal y hoy abogado de Casinos Dreams, aborda con El Deportivo los alcances de la resolución.

¿Cómo tomó la resolución de la Corte Suprema?

Como casinos Dreams hemos sido querellantes. Hace un año y medio presentamos querellas contra todas las plataformas online, entendiendo que acá todas estas conductas son constitutivas de delito. Y a partir de eso se han desarrollado una serie de investigaciones y ha habido una serie de pronunciamientos de distintas instituciones públicas confirmando esta tesis, entre ellas la Superintendencia de Casinos de Juego, denunciando a estas casas de apuestas; lo que sucedió hace tres semanas cuando el Servicio de Impuestos Internos presentó denuncias contra ellas por ser constitutivas del delito de comercio clandestino, y finalmente lo que ocurrió con el Ministerio de Justicia, que le ordenó a la ANFP terminar el contrato con Betsson. Entonces, yo diría que han sido bastantes señales de distintos órganos públicos en una misma línea de sostener que son conductas delictivas y por eso celebramos el fallo de la Corte Suprema, que le da un golpe final a la presencia de estas casas de apuestas online en nuestro país al determinar, como lo dice el fallo, que son constitutivas de delito y que contravienen el derecho civil al ser estas apuestas ilegales objetos ilícitos.

¿Ustedes están de acuerdo con regular la industria?

Yo diría que esa es una segunda discusión distinta a esta. Efectivamente, una cosa es tener claro que hoy las apuestas de los casinos online están prohibidas y son constitutivas de delito. Por supuesto, eso puede cambiar hacia el futuro y se puede establecer una regulación que fije formas distintas de operar. En eso el legislador tiene la posibilidad de hacerlo. Tendrá que conciliar los intereses en juego. En general, las actividades de apuestas y juegos de azar están muy restringidas en cualquier legislación, porque tienen muchas externalidades negativas: la participación de niños, de personas con ludopatía, el hecho de que son sectores donde se puede lavar dinero, etc. Por eso, todo el juego establecido tiene una serie de reglamentaciones muy estrictas. En los casinos online nada de esto ocurre, son tierra de nadie. Si en el futuro, esto se regula de manera distinta, es perfectamente posible, pero estableciendo una serie de restricciones en la manera de operar.

¿Tienen cuantificadas las pérdidas por esta actividad?

Por supuesto que el hecho de que exista una actividad paralela que no tributa, que no cumple con leyes sociales, que no tiene que efectuar obras de infraestructura para funcionar, es una competencia desleal que daña a toda la actividad regulada. Los casinos, para funcionar, tienen la obligación de crear infraestructura a su alrededor, como hoteles y otro tipo de construcciones. Por supuesto que es una competencia desleal y eso es lo que nos habilita para presentar querellas por comercio clandestino y por la actividad de juegos ilegal que se está desarrollando. La cuantificación exacta no la tengo.

¿Cree que hubo laxitud de las autoridades de turno por no tomarle atención a este fenómeno en su origen?

Absolutamente. Este es un fenómeno que se desarrolló con mucha fuerza a partir de la pandemia y de la situación de encierro que hizo proliferar toda la actividad online, el trabajo virtual, etc., y también por supuesto la actividad de estos casinos online. Eso lo reclamamos con mucha fuerza. Sin duda, no hubo en su momento la proactividad suficiente del Estado para prevenir y perseguir estas conductas. Uno entiende que las prioridades eran otras. Efectivamente, hay delitos más graves con un alza importante, necesidades sociales, que pueden explicar por qué esta falta de actividad que tuvo el conjunto del Estado en perseguirlas, pero celebramos que en los últimos meses haya existido una serie de decisiones estatales en el sentido correcto. Y por eso le menciono la denuncia del SII, la decisión del Ministerio de Justicia de alertar a la ANFP y la decisión del juzgado de garantía que tomó hace dos semanas de rechazar el sobreseimiento que pidió la defensa. En el último tiempo, hemos visto una serie de actividades en contra de estas casas de apuestas que se ve refrendado con esta decisión unánime de la Corte Suprema.

¿Hay un plazo para bajar estos sitios web?

Lo que dice la resolución es que eso es inmediatamente. Por cierto, solo afecta a la persona jurídica que fue requerida, pero sin duda esta norma debiera ser aplicada respecto de los demás proveedores, porque a partir de esta resolución de la Corte todas las personas están notificadas de que esta es una conducta delictiva. Por lo tanto, el que continúe facilitando que esta conducta delictiva se realice, como los sitios web, la ANFP, los clubes deportivos, los medios de comunicación que permiten la publicidad de una actividad delictiva -mire lo grave que es eso- lo que están haciendo es favorecer la comisión de delito y pueden ser perseguidos penalmente.

¿Si uno tiene otro proveedor de internet, como VTR u otro, entonces podría seguir accediendo?

Pero VTR igual con este fallo ya no puede alegar desconocimiento de que esto es una actividad delictiva y, por lo tanto, en la medida que permanece permitiendo que este delito se desarrolle, puede estar siendo partícipe de esa conducta y puede ser perseguido penalmente. Porque a partir del fallo del martes ya nadie puede alegar que no sabía que esto era delito. Eso lo ha dicho con todas sus letras la Corte Suprema e impide alegar el desconocimiento de que la conducta era ilícita.

¿Qué le parece que haya presidentes, como Juan Tagle, que sugieran que esto es una maniobra de los casinos por la competencia que se genera con estos sitios?

Yo diría que los dirigentes del fútbol, Juan Tagle y todos los que han permitido que estas operaciones proliferen, deberían estar muy preocupados porque, al ser declaradas por la Corte Suprema estas conductas como ilícitas, todas estas personas que han permitido que esta conducta prolifere pueden terminar teniendo responsabilidad penal por ayudar a que este delito se consume. En el derecho penal, cuando usted facilita los medios para que un delito se consume, termina siendo copartícipe de ellos. Entonces, más allá de las expresiones que han sostenido los dirigentes del fútbol diciendo que acá no hay nada ilícito, debieron ser mucho más receptivos a las señales dadas por diversos organismos públicos.

También existe el caso de federaciones de otros deportes, como la de Básquetbol, que argumenta que la FIBA es estricta a la hora de exigir que los patrocinios estén regulados por organismos mundiales.

Lo primero es que una organización chilena tiene que hacer es cumplir la normativa chilena y después preocuparse de la normativa internacional.