¿Es posible intervenir al fútbol chileno?: la arista que se abrió con la expulsión a Melipilla

El fútbol chileno vuelve a estar en crisis. La expulsión de Melipilla, que recibió la drástica sanción de parte de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina debido a las irregularidades en la relación con sus jugadores, principalmente por la suscripción de dobles contratos en negro, una práctica que está expresamente prohibida en la reglamentación, remece profundamente los cimientos de la actividad. Los Potros articulan su defensa, inicialmente en la Segunda Sala, aunque también evalúan recurrir a instancias superiores; los clubes denunciantes observan con atención el curso de los acontecimientos; la ANFP necesita una resolución para definir la estructura de la próxima temporada y el Sifup va incluso más allá: pide la intervención del balompié nacional desde un nivel más alto, que puede incluir al ministerio de Justicia y al Parlamento, para erradicar, de una vez por todas, las irregularidades.

Al ente gremial no le agrada que, nuevamente, la definición de una competencia deportiva se altere desde el punto de vista administrativo. O en el escritorio, una expresión que se ha ido tornando incluso familiar en el último tiempo. “El Sifup seguirá apoyando hasta las últimas consecuencias a todos los jugadores que, producto de lo anterior, se vean perjudicados. Pero reiteramos a las autoridades públicas y privadas la necesidad de intervención de nuestro fútbol, para que se cumpla con la composición paritaria de sus tribunales, autonomía, regulación y separación entre la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile”, plantea, a través de un enérgico comunicado.

El dardo fue respondido públicamente por Raúl Delgado, dueño de Unión San Felipe. “El Sifup pidió en un comunicado la ‘intervención de nuestro fútbol’, producto de lo que considera existen hechos en la industria para que ello suceda. ¿No les parece a sus autoridades algo exagerado ese desafortunado párrafo? Lo interpreto de un atrevimiento pocas veces visto”, sostiene el dirigente argentino. Delgado aborda, específicamente la principal queja de la entidad que agrupa a los futbolistas. “Lo que se busca es respeto a las normas. Y si alguno no las cumple, debe ser sancionado por más que haya ocurrido en otro año que no sea el actual. El ‘escritorio’ funciona para corregir muchas barbaridades qué hay en la industria”, manifiesta en su cuenta en Twitter.

Gamadiel García, presidente del sindicato, refuerza ante El Deportivo la postura del sector que representa. “El concepto se plantea porque quienes toman las medidas son los mismos que después las reclaman. Son jueces y partes. Hablo del Consejo de Presidentes. Siempre hemos solicitado una ANFP autónoma, con tribunales paritarios. Los representantes del tribunal los eligen los clubes y no se inhabilitan. Eso no va a cambiar a menos que el Consejo se sincere y reconozca que todo está mal, que cada torneo se resuelve en los escritorios. Son temas que de verdad pasan a ser graves”, expone. Y reclama, concretamente, la participación del Ministerio de Justicia y del Parlamento en el proceso de reforma. “Nosotros hemos estado en todas las comisiones de deportes posibles. Hay obligaciones en el fútbol femenino, vacaciones de los futbolistas, hemos obtenido beneficios importantes a partir de leyes. Entonces, creemos que el ministerio de Justicia debería involucrarse. No descartamos recurrir a la Dirección del Trabajo, al SII y a la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, para que trabajemos en conjunto. Que el fútbol esté ordenado nos trae beneficios a todos”, sostiene.

El problema para esa aspiración es que al menos el ministerio de Justicia no tiene esa facultad. “En conformidad con lo dispuesto por el artículo 2 letra s) del Decreto con Fuerza de Ley N° 3, de 2016, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; y por el artículo 557 del Código Civil, corresponde a este Ministerio la fiscalización de las asociaciones y fundaciones regidas por el Título XXXIII del Libro I del Código Civil, orientada a velar que cumplan con sus estatutos y objeto social, así como las demás obligaciones pertinentes establecidas en dicha norma legal”, responde inicialmente, de manera formal, la cartera frente a la consulta de este medio.

Y luego profundiza: “Si bien la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, es de aquellas entidades que son regidas por el señalado Título XXXIII del Libro I del Código Civil, no corresponde a esta Secretaría de Estado revisar el mérito, pertinencia u oportunidad de las decisiones disciplinarias que se adopten al interior de las asociaciones sujetas a su fiscalización, teniendo en cuenta la autonomía de que gozan este tipo de cuerpos intermedios, conforme con el artículo 1°, inciso 3° de la Constitución Política de la República, preceptiva relacionada con lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 2 de la Ley N° 20.500, sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública”.

“Corresponde a las propias asociaciones resolver sus conflictos internos, conforme con sus disposiciones estatutarias, o en su defecto, reclamar ante los Tribunales de Justicia para la resolución de éstos”, enfatizan en la repartición pública, para delimitar sus competencias. De esta forma, una intervención, al menos por esta vía, quedaría descartada.

García, en todo caso, tiene una percepción más drástica. “Han pasado cosas sobre las que el ministerio de Justicia debió actuar. Hay un expresidente que está en Estados Unidos. ¿Por qué hay tanto lío en separar la federación de la asociación, por ejemplo”, sostiene.

A nivel parlamentario están en alerta. Frente al escenario de una posible intervención la postura eso sí es mesurada. “Lo primero es que la institucionalidad del fútbol coopere como debe. Luego nos corresponderá analizar si dentro de las normas que regulan las sociedades anónimas deportivas se puede hacer algo. Por el momento, son procesos disciplinarios en curso en los cuales hay que dejar a la justicia actuar”, responde la presidenta de la comisión de Deportes de la Cámara Baja, Erika Olivera.

“Lo que se relaciona directamente con lo estatutario y reglamentario del fútbol debe ser resuelto por las instancias que como asociaciones privadas tengan para ello, en este caso, el Tribunal de Disciplina”. Sin embargo, hay un escenario que puede alterar esa postura. “Si la tardanza de la resolución de este caso afecta a los trabajadores y trabajadoras del fútbol respecto de su estabilidad, como parlamentarios nos involucraremos en defensa de esos trabajadores que nada han tenido que ver con las disputas entre clubes”, sostiene la exatleta.