Fijan fecha para la formalización de Aníbal Mosa y jugadores de Colo Colo por el caso licencias de conducir

El caso licencias sigue complicando a Colo Colo. La causa se abrió en diciembre pasado y luego de meses de investigación, la Fiscalía de Alta Complejidad solicitó una audiencia de formalización en contra del presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, y de varios de sus jugadores por obtener su licencia de conducir de manera irregular. Esta llegó días después de que Alan Saldivia, Daniel Gutiérrez, Diego Plaza, Dylan Portilla, Eduardo Villanueva, Lucas Soto, Marcos Bolados, Maximiliano Falcón y Óscar Opazo fueran a declarar ante los tribunales de la región de O’Higgins.

De esta forma, desde Fiscalía fijaron fecha de formalización para el mandamás de la concesionaria y los jugadores del club involucrados para el 12 de noviembre. Actualmente, el ex director de tránsito de Nancagua, Aníbal Valenzuela, se encuentra actualmente en prisión preventiva.

La falta cometida se remonta a diciembre de 2023. En esa oportunidad, se dio a conocer que los jugadores de Macul obtuvieron licencias Clase B entre 2016 y 2022 a través del Departamento de Tránsito de la Municipalidad de Nancagua de manera irregular. Las indagatorias individualizaron a Valenzuela como intermediario, quien figuraba como director del departamento de Tránsito del municipio. Por lo mismo, el alcalde de la localidad de la Sexta Región, Mario Bustamente, exigió abrir un sumario administrativo.

Frente a tal escenario, el abogado de Colo Colo, Matías Kunsemuller, ya prepara la defensa que presentará el día de la audiencia. “Esta es una causa en la que se investiga la obtención de una licencia de conducir sin cumplir con los requisitos que determina la ley y no un delito de cohecho o falta más grave. En ninguna de las carpetas investigativas se ha mencionado ni consta que los jugadores de Colo Colo realizaran un pago de por medio a funcionarios públicos para conseguir este documento o algo que se le parezca”, señaló el profesional.

Según advierte Kunsemuller, la causa no debería pasar a mayores ni impedir que los involucrados cumplan con sus obligaciones laborales. “Todos mis representados han colaborado con la fiscalía, prestaron declaraciones y entregaron su firma para las pericias caligráficas del caso. Además, entregaron al ente persecutor las licencias de conducir obtenidas”, asegura el jurista.

Por lo mismo, cree que apenas se concrete la audiencia de formalización no se siga con la causa. “Es altamente posible que, por el tipo de delito, se llegue a una suspensión provisional de procedimiento”, sostiene. Lo que en palabras simples significa que se termina el proceso judicial y los involucrados deben cumplir ciertas condiciones (no volver a cometer la falta y/o realizar algún trabajo comunitario) durante un tiempo determinado (de uno a tres años), para que no se reabra la carpeta.