En octubre del año pasado se levantaron las primeras alertas de una situación que hoy amenaza con tener graves consecuencias. En una carta enviada a la subsecretaria del Deporte Antonia Illanes por Roberto Rodríguez, presidente de la desafiliada Federación Deportiva Nacional de Hockey y Patinaje, se daba cuenta de un viaje a Barcelona que jamás se efectuó, pero que de igual modo fue rendido por la Corporación Nacional de Alto Rendimiento (ADO Chile) al Instituto Nacional del Deporte. Un hecho que por estos días está adquiriendo otras dimensiones.
El viaje en cuestión tenía un valor de $ 10.379.100, correspondientes a los pasajes de los deportistas Jesús Rojas, María José Rojas, Josefina Tapia y Marcelo Jiménez, de los entrenadores Alejandra Varas y Mauricio Rodríguez, y del dirigente Armando Quintanilla. El proyecto quedó guardado bajo el nombre de “Skate Concentrado Internacional Cataluña España” y los recursos salieron mediante la Ley de Presupuesto, asignados por el IND. La empresa a cargo de estos servicios era Mundo Tour, la agencia de cabecera del Comité Olímpico de Chile, el organismo a cargo de ADO.
La gira no se realizó debido a la compleja situación que atravesaba el planeta en ese momento producto de la pandemia. Por lo tanto, los deportistas no viajaron y el proyecto no se ejecutó. Sin embargo, igualmente fue rendido y aprobado. Ante ello, el asunto fue escalando y llegó a la Cámara de Diputadas y Diputados, que ofició a las autoridades frente a la gravedad de la denuncia. A su vez, la subsecretaria Illanes le indicó el 21 de octubre a Israel Castro, director del IND, que reuniera todos los antecedentes del caso.
La situación derivó en el bloqueo de los recursos de parte del IND hacia ADO, toda vez que se exigió el reintegro del dinero que no fue utilizado, lo que finalmente ocurrió y permitió terminar con ese proceso de supervigilancia que pesaba sobre la corporación. Asimismo, se instruyó un sumario interno para determinar responsabilidades. Luego, el caso pasó a manos de la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente, que abrió una investigación por malversación de caudales públicos.
De hecho, el 6 de abril pasado, el fiscal adjunto Álvaro Pérez Galleguillos estableció un plazo de 40 días para que el Instituto Nacional del Deporte pusiera a disposición las partidas presupuestarias para ADO Chile, la información sobre la entrega y periodicidad de los recursos, las cuotas aportadas periódicamente; la realización de las fiscalizaciones y de supervigilancia pertinentes a los montos entregados a la corporación y una copia de las rendiciones de cuentas respectivas. Todo ello desde la fecha de constitución de la Corporación Nacional de Alto Rendimiento hasta la fecha.
Al ser consultado por este medio, ADO responde a través de una declaración oficial. “Es una situación absolutamente ajena a nuestra voluntad y potestades. Con fecha 15 de febrero del 2021, fue presentada la rendición ante el IND, al igual como se hace con cientos de proyectos cada año. Esa rendición fue aceptada por el IND diez días después. Sin embargo, con más 24 meses de diferencia, y a pesar de que el proyecto había sido rendido y aceptado correctamente, se solicitó la devolución de los fondos. Ese monto ya fue reintegrado, todo lo ocurrido fue un problema interno del IND, y así lo informamos en el oficio que da cuenta de ese reintegro”, explica.
Y agrega: “Este viaje no se efectúo ya que los deportistas no fueron autorizados por el Consejo Superior del Deporte de España a ingresar a ese país, todo esto en el contexto de la pandemia del Coronavirus. El Ministerio del Deporte nos informó de esta decisión sólo 24 horas antes del viaje, por lo que los pasajes ya estaban comprados, bajo la condición de no ser reembolsables”.
El controvertido rol de Bermúdez
En medio de este escándalo, Michael Kanaan y Antonio Bermúdez, gerente general y gerente de finanzas del Comité Olímpico y de ADO Chile, respectivamente, presentaron sus renuncias. Sin embargo, los términos de ambas y las razones no habían sido especificadas. Incluso, el propio director nacional del IND ofició a Miguel Ángel Mujica, presidente del Comité Olímpico de Chile, para que entregara información sobre la salida de los dos funcionarios, lo que hasta la fecha no se había producido.
El Deportivo accedió al oficio enviado el 3 de marzo pasado, vía Ley de Transparencia. En él se exigen cuatro requerimientos: las circunstancias en que se produce la renuncia, fecha de presentación, autoridad o departamento ante quien fue presentada y procedimiento aplicado para su tramitación; detallar si la Corporación ADO Chile celebró algún acuerdo indemnizatorio o reparatorio con alguna de estas personas, asociado a sus respectivas renuncias. Entendiendo por tales, indemnizaciones, compensaciones de cualquier tipo, reintegro o similares; indicar si existen antecedentes adicionales asociados a las referidas renuncias, de los que el Instituto Nacional de Deportes de Chile deba estar en conocimiento, en su calidad de socio principal de la Corporación ADO Chile; e indicar si alguno de los renunciantes ha sido sujeto de acusaciones, denuncias o procedimientos (sea que estos se encuentren cerrados o en curso) relacionados con conductas de acoso o maltrato de cualquier tipo, en los últimos 12 meses.
Este último punto tiene que ver con las conductas de Antonio Bermúdez. En 2018 una analista de proyectos y coordinadora de socios del Team Chile lo denunció por acoso sexual ante la Dirección del Trabajo. El caso terminó con la funcionaria fuera del COCh y con ADO pagando más de 10 millones de pesos para cerrar anticipadamente el juicio.
Pero, además, las sospechas del IND sobre las conductas de Bermúdez están fundamentadas en el reciente caso de una funcionaria que también tuvo problemas con el ahora exgerente y solo tras su salida retomó sus funciones en el Comité Olímpico. Esto es confirmado por ADO: “Si bien hay circunstancias en las cuales no podemos profundizar en pos de resguardar la información privada de personas involucradas, efectivamente en los últimos meses existió una denuncia de acoso laboral y su consiguiente investigación, tal como está estipulado en nuestro protocolo, y cuyos resultados fueron compartidos con la Dirección del Trabajo”.
En cuanto al pago de indemnizaciones, ADO señala que “no hubo acuerdos indemnizatorios” explica que “ambos renunciaron por motivos laborales y personales”. Por otro lado, el Comité Olímpico confirma que Marcelo Ubal, exsecretario del Plan Olímpico, y quien fue desvinculado tras un sumario por diversas conductas de maltrato, se desempeña en el edificio de calle Ramón Cruz. “Desde agosto de 2021 presta servicios como asesor técnico de la Gerencia General del COCh”, ratifican.
Mientras tanto, la Fiscalía de Alta Complejidad sigue indagando y se espera que en los próximos días inicie nuevas diligencias.
