A Luis Rubiales se le viene el mundo encima. La semana pasada estuvo marcada por los allanamientos a la sede de la Federación Española de Fútbol, el organismo que presidía, a propósito del millonario acuerdo que llevó la Supercopa local a Arabia Saudita, con las consiguientes comisiones, en una operación que involucra a Kosmos, la productora de Gerard Piqué. Hay una orden de detención en su contra.
Esta tampoco será tranquila. La fiscalía pidió dos años y medio de prisión para el dirigente, quien también está sancionado por la FIFA, en el marco de la investigación por el beso no consentido y las coacciones que realizó contra la futbolista Jenni Hermoso. El incidente se registró en la premiación de la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, en el que las ibéricas se alzaron con el título.
Otros implicados
Según el diario El País, Rubiales no es el único apuntado. “Además, la fiscalía también solicita un año y medio más de cárcel por el delito de coacciones. Por este último delito también se solicita la misma pena para Albert Luque, director deportivo de la federación, para el exseleccionador femenino Jorge Vilda, y el director de marketing Rubén Rivera”, consigna la publicación.
Además, la fiscalía solicita fuertes medidas cautelares. Para los cuatro acusados, se pidió la prohibición de comunicarse con Hermoso y la prohibición de acercarse a la misma en un radio de 200 metros durante siete años y seis meses en el caso de Rubiales y cuatro años en los casos de Luque, Vilda y Rivera.
En el Caribe
Las solicitudes son más amplias. Para Rubiales también se solicitó una inhabilitación especial para trabajar en el ámbito deportivo durante el tiempo de condena y que se le aplique la medida de libertad vigilada durante dos años.
El problema radica en la aplicación de las medidas. Por estos días, Rubiales está radicado en República Dominicana, país al que se trasladó, inicialmente, para iniciar una nueva vida, aunque en la prensa española ya le vinculan con un millonario negocio inmobiliario.
Rubiales se comprometió a volver a España el 6 de abril, para ponerse a disposición de los tribunales del país. La semana pasada se informó que el ahora exdirectivo puede oponerse a la extradición acogiéndose a la normativa dominicana. En ese caso, quedaría a la voluntad de país centroamericano su eventual entrega. En ese país, incluso, podría permanecer hasta por 25 años, plazo en que los delitos por los que está siendo acusado quedarían prescritos.