Fiscalía pide formalizar a Gabriel Ruiz Tagle por presunto uso de información privilegiada en venta de acciones de Blanco y Negro

Una nueva arista adquirió la investigación que lleva a cabo la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Centro Norte acerca del presunto uso de información privilegiada del expresidente de Blanco y Negro Gabriel Ruiz Tagle para vender 1,3 millones de acciones de la sociedad anónima en 2018. Es por ello que el fiscal Jaime Retamal ingresó una solicitud de formalización del exministro del Deporte del gobierno de Sebastián Piñera.

Según informa Radio Bío Bío, la acción fue presentada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y el tribunal fijó la audiencia para el próximo 16 de agosto, con el fin de comunicar los cargos contra el empresario.

Los hechos se remontan a 2018, cuando el extimonel de ByN hizo operaciones conociendo los balances. El 9 de octubre de ese año Ruiz Tagle realizó sus descargos ante la Unidad de Investigación de la CMF. “Las razones de las ventas realizadas no tienen relación alguna con la presencia de información privilegiada o algo que tuviese importancia respecto de la empresa, sino que están directamente relacionadas con la pugna de poder al interior de la compañía, y también señalar que el error cometido por mí de comprar y vender acciones dentro del período de bloqueo fue producto de mi ignorancia de las normas existentes como así también de la ausencia de una política de Colo Colo de inducción e información”, declaró.

Al mes siguiente, la CMF lo castigó con una multa de 7.500 UF (211 millones de pesos de esa época), por infringir el deber de abstención durante el periodo de bloqueo al no respetar la prohibición de comprar o vender, para sí o terceros, de forma directa o indirecta, valores en la Bolsa sobre los que se tenga información privilegiada. En un principio la cantidad a pagar fue el doble, pero por su colaboración en la investigación se aplicó un 50% de descuento.

En ese momento, la entidad también sancionó a Aníbal Mosa. En su caso, la multa fue de 10.000 UF ($ 280,8 millones hace cuatro años), por haber adquirido papeles conociendo los estados financieros antes de ser difundidos y realizó transacciones antes de que se informaran al mercado.