Las acusaciones cruzadas entre la ANFP y la Delegación que deja la fallida Supercopa entre Colo Colo y la U en La Serena

La Supercopa entre Colo Colo y la U no se jugará en La Serena. Este martes informaron la suspensión del duelo que se iba a desarrollar el sábado en La Serena. “La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) informa del retiro de la propuesta de partido presentada ante la Delegación Presidencial de Coquimbo que buscaba realizar la final de la Supercopa 2025 entre Colo-Colo y Universidad de Chile el sábado 25 de enero en el Estadio La Portada de La Serena”, fue el tecnicismo que utilizaron en Quilín para anunciar la decisión.

Las hostilidades entre ambas organizaciones se habían iniciado días antes. El organismo rector del fútbol chileno pretendía iniciar la venta de las entradas el lunes, a las 16 horas. Cinco horas antes, la Delegación Presidencial frenó el trámite. En la repartición gubernamental aludieron a que la autorización del evento recién se produciría el jueves 23. Fue la gota que rebasó el vaso. “No podíamos llegar al 23 y que nos dijeran que no se podía jugar”, dicen en Peñalolén.

En la Delegación Presidencial de Coquimbo responsabilizan, naturalmente, a la ANFP. Afirman que hubo dos informes negativos de Carabineros. Uno de ellos consignaba amenazas de barristas a dirigentes y autoridades en la eventualidad de que no se les permitiera el ingreso a la región. La policía uniformaba iba a destinar 500 efectivos para resguardar la seguridad del evento. La mayoría viajaría desde otras regiones del país.

Sostienen, además que en Quilín siempre supieron que el plazo límite para la autorización era el jueves, después de la última revisión. “Ellos pusieron la fecha”, enfatizan. Luego, teorizan. “Bajaron la propuesta porque no iban a llegar a acuerdo con el Sifup e iban a tener que jugar con juveniles, y en ese caso, nosotros también lo habríamos bajado, porque no tenía sentido un despliegue así”, sostienen en la repartición gubernamental.

Hay más precisiones. La primera, que el inicio de la venta de entradas, que la ANFP echaría a andar el lunes a las 16 horas, dependía de una autorización que se produciría tres horas antes. También aluden a inconsistencias en las bases de datos. “Bajaron a siete mil personas de las bases de datos originales”, puntualizan. Galo Luna, el delegado presidencial de la Región de Coquimbo, aludió a esa particularidad. “Eso nos daba señales de que aún había que ajustar la base de datos de quiénes iban a poder adquirir las entradas. Y, adicionalmente, estábamos también a la espera de la confirmación el día jueves, tal como se acordó con la propia ANFP, de la revisión de las medidas de seguridad del estadio La Portada. Fuimos súper claros en decirlo. Si la ANFP cumplía con las exigencias que nosotros le solicitábamos, el partido se iba a desarrollar”, manifestó la autoridad.

Hay un dato adicional. A la ANFP se le exigió un seguro contra terceros a un kilómetro a la redonda. Mandaron una póliza. Se les pidió a aclararla y no lo hicieron. Había varios problemas para llegar con todo el jueves. Pero el gran problema era el paro del Sifup. “Nosotros habíamos preparado el plan de contingencia con Carabineros, pese a que tanto el informe del OS-13, como el informe de factibilidad eran negativos desde un principio, y eso fue de conocimiento de la ANFP, en la mesa de coordinación. Lo que les pusimos fueron las condiciones para salvar esas observaciones negativas que tenían. Y, si eran capaces de lograrlo y de llegar, el partido se jugaba”, complementó Luna.

Los plazos fueron claves en la determinación de la ANFP de echar pie atrás en el partido en La Serena. Las autoridades del fútbol chileno reparan en lo que consideran falta de argumentos. “El viernes nos llegó un mail, a las 16.29. ‘Junto con saludar. Se autoriza (la venta de entradas) desde el lunes 20 a las 11 horas. Firmado por Luis Cortés Chávez, jefe gabinete’. El lunes a las 10.37 comunica la suspensión en mayúscula. ‘Junto con saludar le informo que se debe SUSPENDER la venta de entradas’. Consultamos y no nos respondieron, pedimos reuniones y no nos respondieron. Se necesitaba la confirmación cuatro días antes para la planificación deportiva”, relatan.

El panorama empeoró con los diagnósticos policiales. “El último informe de Carabineros es el más bravo. Habla de amenazas a dirigentes y autoridades. Se los habrían entregado el lunes. Había observaciones en torno al estadio”, dicen desde la ANFP. En lugares emblemáticos de La Serena, como el Faro, y en las inmediaciones del estadio, aparecieron afiches en oposición a las restricciones de asistencia. La particularidad es que los carteles son los mismos que se pegaron en el frontis del CDA, el lugar de entrenamientos de la U.

En el fútbol insisten en que incluso habían superado las exigencias de las autoridades. Que se dispusieron, incluso, cámaras de alta resolución en las inmediaciones del estadio, aunque lo que más llamó la atención fue la petición de un informe de impacto vial relativo a las calles en que se interrumpiría la circulación con motivo del evento.

Añaden que se llevarían 230 guardias de Santiago, y ocho kilómetros de rejas. Que tendrían accesos diferenciados para los fanáticos y vallas papales alrededor de las galerías, además de un colchón de seguridad y tres anillos perimetrales. Respecto del seguro, reparan en el desconocimiento de las autoridades. “La póliza que presentamos cubre más de lo exigido. Hasta tres kilómetros a la redonda, como lo exige la ley 19.327″, indican.

En la entidad que preside Pablo Milad definen, incluso, una cronología de situaciones. “Partimos viajando, presentando un plan, el 26, a Galo Luna. Después tuvimos reuniones con la alcaldesa, con Carabineros y el delegado subrogante. Con él hicimos todos los planes. Se trabajó, se presentó, avanzamos y el último día se acordó que el viernes se comprometían todos los documentos. Nos hicieron firmar un acta con cada punto. Se nos autorizaría la venta de entradas para el lunes. El martes habría una visita al estadio para revisar Andes. El viernes se nos autoriza la venta de entradas. Le entregamos la base de datos a Estadio Seguro, que construimos con los clubes locales. Pedimos observaciones, y nada”, relatan.

De paso, responden a las acusaciones de la Delegación Presidencial. “Se les envió una nueva base de datos. Limpiamos la base. El fin de semana llegaron los camiones. Los clubes necesitaban certezas. Los hoteles, lo mismo. Necesitaban comprar la alimentación. La empresa de guardias se preocuparon. De las 24 cámaras, seis iban en la vía pública. Llegaron este martes, se iban a empezar a instalar. Se le pidió una respuesta al delegado porque había recursos comprometidos, antes del mediodía. Nos juntamos con el directorio. Ya llevábamos 150 millones gastados. El plan completo costaba 250 millones. Presentamos todo. Contratos, directivas de funcionamiento. Avanzamos con todo. La visita de este martes nunca fue citada. El cronograma lo alteraron ellos”.

“Hay solo un informe del 0S-13 por extintores, megafonía, malezas, hospital. No se nos citó a ninguna reunión. La póliza es súper clara: cubre bienes físicos, públicos y privados a tres kilómetros. No se leyeron la ley. Pagamos una donación a Bomberos para que vinieran. La municipalidad cumplió en todo”, suman.

En la misma línea, Felipe de Pablo, el gerente de Operaciones y Seguridad de la ANFP, quien lideró la fallida organización, manifestó su postura. “Es triste. Hemos venido trabajando en La Serena, las exigencias fueron tratadas y conversadas con la autoridad. Tuvimos que tomar esta decisión porque no podemos seguir esperando. Hay recursos comprometidos, Carabineros está en la planificación. Ya había un riesgo en términos deportivos y que los guardias no viajaran. La medida es irreversible, el directorio informó la decisión. Para nosotros esto es serio”, declaró en la prensa local.

“Habría que preguntar que falló. He preguntado y no tengo respuesta por parte de la delegación. Nosotros tenemos todo, hasta enviamos los contratos de la empresa. Nos gustaría saber que pasó, pero no podemos seguir esperando”, señaló.

El golpe a la Supercopa no pasó inadvertido para nadie. Luis Cordero, subsecretario de Interior, también tiene un relato. “El cronograma de trabajo acordado entre ANFP y la Delegación de Coquimbo incluía una reunión de trabajo la tarde de este martes, para analizar la habilitación de público en la tribuna Andes, como parte de las exigencias que de seguridad adicionales solicitadas. Acorde a lo comprometido por el organizador, se solicitó claridad con respecto a la cobertura de póliza exigida (daños a los bienes públicos, etc.), respuesta que no fue enviada por parte de la ANFP”, indica.

“En cuanto a la venta de entradas, se suspendió el inicio de esta para revisar la base de datos enviada por la ANFP. El jueves de esta semana se cerraría con la supervisión en el estadio La Portada, para verificar el cumplimiento efectivo de los compromisos acordados en materias de seguridad, a objeto que este encuentro se desarrollara en las mejores condiciones. El Estado, a través de la autoridad regional y de la disposición de recursos policiales propició todas las condiciones y solicitó medidas adicionales, acorde a un partido de alto riesgo, en una región con una alta carga de veraneantes. Sin embargo, el organizador decidió retirar la propuesta de partido”, apunta. El plan ni siquiera llegó a concretarse. La Supercopa, literalmente, estaba en el suelo.