Harold Mayne-Nicholls arremete contra Dorothy Pérez por acusación contra Santiago 2023: “Es un error o al menos una información imprecisa”

La rendición de los dineros de los Juegos Panamericanos tuvo un nuevo capítulo en la Comisión de Cultura, Patrimonio, Artes, Deportes y Recreación del Senado. Una instancia en al que la Cámara Alta pidió una aclaración por la polémica que generó el tema.

En la reunión que contó con los miembros de la misma comisión, además de la Contralora (S) Dorothy Pérez, el director del IND Israel Castro y el director ejecutivo de los Santiago 2023 Harold Mayne Nicholls.

Una instancia en la que se produjo un fuerte cruce de ideas entre el organismo que regula las rendiciones del estado y el expresidente de la ANFP, quien contrastó la información de la autoridad.

“Nosotros no hemos hecho ninguna observación de que estos recursos han sido sustraídos, nosotros hemos dicho que hay situaciones específicas que hay que corregir. Sabemos que esto irá corriendo con mayor celeridad”, declaró Pérez.

Uno de los momentos complicados de la reunión fue cuando el senador Rodrigo Galilea preguntó por qué se acudió al Consejo de Defensa del Estado sin agotar instancias anteriores.

“Cuando los dineros no son rendidos están obligado a pedir el reintegro. No son voluntarios para nosotros. Por esos dineros ya hubo una auditoría especifica, había un monto no rendido y otro retrasado. Ante el agotamiento de la vía administrativa, informe de mayo de 2023. La respuesta del servicio no logró superar estas observaciones, el 28 de diciembre remitir los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado. Es una parte bastante menor. Han transcurrido largamente los plazos de algunas rendiciones”, dijo al Contralora (S).

Hace una semana, la funcionaria que reemplazó a Jorge Bermúdez realizó una detallada presentación en la que da cuenta de diversos procesos administrativos sobre la Corporación Santiago 2023 entre 2019 y el año pasado, además de cuestionar la función del Instituto Nacional del Deporte a la hora de fiscalizar.

En 18 láminas, la autoridad explicó las acciones que está llevando a cabo la Contraloría General de la República. Por un lado, se realizaron 21 actos administrativos, en los que se revisó la legalidad de las contrataciones de obras destinadas al megaevento ejecutadas por el IND. Asimismo, dada la gran cantidad de auditorías, explicó que no se pudo revisar todo, porque el personal es escaso, pero sí seleccionaron algunas que pudiese generar dudas.

“En general se trata de obras que no contaban con evaluación de impacto ambiental cuando se requería o que no contaban con el informe de impacto vial. Hubo obras que en las bases establecían un mecanismo de pago de mayores gastos de pago generales a las empresas contratistas, que no se ajustaba a la normativa en algún punto”, señaló.

Sobre la importancia de este aspecto, Pérez detalló que “en algunos casos eran errores de fijación de plazo en el término de la obra. No había claridad de cuál era el plazo en que terminaba la obra y eso es relevante porque de eso depende el cobro de las multas y la recuperación de dineros públicos respecto de los atrasos en que pudiera incurrir la empresa contratista”.

Luego, la CGR se enfocó en 11 inspecciones de obra pública y auditorías financieras. De esa cifra, solo el Centro de Deportes Colectivos del Estadio Nacional no presenta observaciones. El resto presenta objeciones, que van desde multas, falta de documentos de acreditación, pagos improcedentes y falta de rendición de cuentas por hasta $ 17 mil millones.

El último en exponer fue el director ejecutivo Harold Maye-Nicholls, quien mostró públicas diferencias con la información entregada por Dorothy Pérez.

“La primera sorpresa es que en ninguna parte la fecha en las que se debían rendir los recursos, un dato relevante que establece con rigurosidad de los cumplimiento o incumplimientos. Revisé el Sisrec que sí señala la fecha máxima de rendición, Información disponible y transparente”, comenzó su discurso el director ejecutivo.

Asimismo, agregó que “respecto de la rendición de cuentas, el convenio que durante el año 2023 mutó 2.564 millones y fracción está a la espera de la toma de razón por parte de la Contraloría. En la misma línea, el segundo documento que busque fue el de transferencia de recursos de 2023 suscrito entre el IND y Santiago 2023. Dicho convenio fue tomado de razón por la Contraloría con fecha 29 de diciembre de 2023. El monto total es la suma de $ 229.341.039.000. Por su parte, la presentación de la señora contralora señaló que el convenio es por la suma de $ 209.213.723.000 y que, de ese monto ya han sido rendidos $ 17.340.429.879. Nuestros antecedentes señalan un monto global del convenio mayor comparado con el de la señora Contralora. La parte ya rendida $ 17.340.429.879, sí corresponde a nuestro registro”.

A la vez, Mayne Nicholls, afirmó que “esto último sin perjuicio de que el plazo establece el propio convenio para rendir la totalidad de lo recibido es de 45 días después del término de la ejecución del convenio fijado para el 30 de junio de 2024. El plazo expira el 24 de agosto de 2024 tal cual lo señala el convenio de la Contraloría con el IND”.

Para concluir que es “me es imposible negar de mi sorpresa cuando escucho de la señora Contralora que teníamos $ 194.000.000.000 de transferencia pendiente desde el año 2020. Es evidente que esto es un error o al menos una información imprecisa e incompleta”.