La ANFP vive días muy revueltos y este lunes sumó un nuevo problema con la arremetida de la Segunda División, que se rebeló contra las condiciones poco ventajosas que tienen dentro de la estructura del fútbol profesional. La nula participación en las decisiones del Consejo de Presidentes y el escaso apoyo financiero que reciben tienen hoy a los 14 clubes de la categoría siguiendo acciones legales contra el ente de Quilín.
Dentro de los dirigentes que han ido organizando la ofensiva, destaca el nombre de Harold Mayne-Nicholls, propietario de Trasandino y presidente de la ANFP. El todavía director ejecutivo de la Corporación Santiago 2023 impulsó la iniciativa, junto a su par de San Antonio Unido, Guillermo Lee. Y efectivamente ambos dirigentes son los dos principales voceros de este movimiento.
Asimismo, el resto de los dirigentes ha ido aportando de acuerdo a sus conocimientos. Así, algunos han colaborado desde el punto de vista legal, otros de áreas más operativas y también desde las comunicaciones. Incluso, cuentan con un chat de coordinación, donde van organizando los pasos a seguir.
En conversación con El Deportivo, Mayne-Nicholls explica cómo se gestó el movimiento. “En honor a la verdad, Carlos Cornejo, presidente de General Velásquez y el accionista principal, nos contactó hace unos dos meses, más o menos, porque veía que quizás insostenible mantener la división, como está organizada hoy día. Y a raíz de eso, yo también me sumé inmediatamente, se sumó Guillermo (Lee), y al final se sumaron todos. De alguna manera, yo me ofrecí, en la medida de que los clubes lo quisieran, a apoyar y a ser vocero o algo similar”, relata.
“No tenía ningún inconveniente en ayudar porque somos todos los que lo sufrimos, pues no es que esto lo esté sufriendo un solo club, sino que es una suma de instituciones las que sufren lo que pasa con la serie”, añade.
Por otro lado, el dirigente relata cómo se originó la decisión de acudir a la Justicia para reivindicar las demandas de la categoría. “En Trasandino ya lo habíamos evaluado hace un par de años. El año pasado, sin ir más lejos, mandamos una carta a la Comisión Jurídica de la ANFP y al directorio de la ANFP, nunca tuvimos respuesta. Y cuando lo planteamos en esta reunión, todos se sumaron porque, lamentablemente, las respuestas que recibimos normalmente no son lo que estamos esperando para solucionar problemas, sino que son permanentes respuestas del tipo ‘lo vamos a evaluar y lo vamos a revisar...’.
En ese contexto, las cifras, sostiene, hacen muy difícil mantener a los clubes. “Es un costo financiero impresionante. Nosotros creemos que son mínimo 5 mil millones de pesos, pero puede andar del orden de los 7.000 millones fácilmente. Si no fuera por el éxito de Deportes Concepción este año, superaríamos esa cifra”.
Mayne-Nicholls plantea que la decisión de la ANFP de quedarse con la recaudación de la definición entre los lilas y Melipilla fue la gota que rebalsó el vaso. “Nunca había visto una cosa similar en ninguna parte del mundo: que por el hecho de pertenecer a una serie, lo que tú produzcas no te pertenezca. Sigo creyendo que es un nivel de injusticia impresionante”.
Finalmente, expresa que el fin de recurrir a los tribunales es que se genere un reordenamiento. “Nosotros esperamos un cambio estructural. O sea, una consideración distinta respecto de la serie, digamos, no solo un tema de poner una demanda. Esperamos que se considere la serie como corresponde, que se le dé garantías similares, guardando todas las proporciones, a las que tienen los otros miembros de la ANFP; desde poder ir al Consejo y nosotros fijar nuestras bases, hasta alguna repartición de los dineros de utilidades de la ANFP, o de lo que generen los clubes, o de la televisión, etc. Y así, no sé, hoy día no hay nada. Solo, como lo pusimos ahí en el comunicado, nos dan los balones y nos pagan el arbitraje y nos dejaron negociar la negociación con la Liga 2D. Eso lo hizo gente de nuestra organización y lo único que hizo la ANFP fue concurrir con la firma y después distribuir los recursos, digamos. No hay absolutamente nada más”.
Asimismo, aclara que “esto no es un tema contra el directorio, sino que esto apunta a un cambio estructural y que el Consejo se dé cuenta de la gravedad de lo que está sucediendo, porque mañana le puede tocar a cualquier otro club”.
Las demandas
La declaración consta de tres puntos. El primero de ellos trata sobre los problemas económicos que enfrentan debido a la nula ayuda de Quilín. “En reiteradas ocasiones hemos solicitado apoyo de carácter financiero de parte de la ANFP. Ello pues nos encontramos en una situación en que se nos exige cumplir con estrictas obligaciones, solamente para gozar del privilegio de participar del fútbol profesional chileno. En ese sentido, es importante recordar que el cumplimiento de los acuerdos salariales frente a los exiguos ingresos ha llevado, en los últimos tres años, a que los clubes que han descendido lo han hecho mayoritariamente por problemas administrativos por sobre sus resultados deportivos”, comienzan señalando.
“En lo financiero, debemos dejar establecido que los clubes que participan en Segunda División no reciben beneficio alguno por ser miembro de la ANFP y, sin embargo, tenemos las mismas obligaciones del resto de los clubes asociados. Sin duda, esta situación ha generado un freno en el interés de los clubes de seguir desarrollando el fútbol en sus comunidades. Como antecedente este año, con toda probabilidad, las pérdidas de la división superarán los $ 5.000 millones de pesos”, agregan.
Siguiendo esta misma línea, señalan que la gota que rebalsó el vaso fue lo ocurrido con los ingresos de la definición entre Melipilla y Concepción. “Que hace unos días se hiciera público que la ANFP decidió que la recaudación del partido más importante de nuestra competencia (a nuestro juicio por una interpretación tendenciosa de los estatutos) les pertenecía, nos obliga a tomar acciones concretas más allá del envío de cartas al directorio de la ANFP o sus comisiones, las que en más de una ocasión ni siquiera tienen respuesta”, lamentan.
Por otra parte hacen hincapié en que se debe solucionar una demanda histórica: el no poder participar en el Consejo de Presidentes y no tener derecho a voto en la aprobación de las bases de la competencia, que es determinada por los clubes de Primera y Primera B. “No nos parece que sea propio de una Asociación que -en sus diferentes canales de comunicación- manifiesta como sus objetivos lograr la diversidad; mantener el respeto y actuar bajo los conceptos de la no discriminación”, manifiestan.
Ante todas estas situaciones, la división completa decidió llevar a la Justicia a la máxima entidad del balompié nacional. “En consideración de lo descrito en los puntos anteriores y otros temas que generan lo que es una evidente diferencia frente a los restantes miembros de la ANFP, es que los abajo firmantes hemos convenido la contratación de los servicios del abogado señor Davor Harasic para iniciar acciones de carácter legal que permitan a nuestros clubes tener los mismos deberes y derechos del resto de los asociados a la ANFP”, sentencian.