Después de los actos de violencia que se desataron el martes en el partido por Copa Libertadores entre Universidad de Chile e Inter de Porto Alegre, una mesa seguridad en la que participó Estadio Seguro, la Intendencia y el mismo club determinó cerrar indefinidamente la galería sur del Nacional y bloquear la compra de entradas de todos los hinchas que asistieron al duelo en ese sector del recinto de Ñuñoa.
Una medida dolorosa, que hizo pagar a los violentos (no más de 40) y también a los que no cometieron delitos. Por esa razón, uno de los fanáticos que se sintió discriminado por esto presentó ante la justicia un recurso de protección para frenar el bloqueo de la galería sur. Se trata del abogado Álvaro Delgado (33 años), quien llevó el caso a la Corte de Apelaciones de Santiago y solicitó orden de no innovar mientras se resuelve la legalidad de la medida tomada coordinadamente entre Azul Azul, la Intendencia y Estadio Seguro.
"Lo que se busca es parar una medida discriminatoria y arbitraria, en la que pagan justos por pecadores. No tiene razón de ser que yo, que no hice nada, ni siquiera pueda comprar una entrada para otro lugar del estadio. Yo estaba en galería sur, lejos de donde se produjeron los actos de violencia, pero recibo la misma sanción que ellos", comenta Delgado a La Tercera.
En su recurso, el abogado asume el patrocinio de la causa y la representación de Juan Carlos Delgado (su padre), Matías Moya (primo) y Alejandro Arias (amigo), quienes por años han asistido a casi todos los partidos de la U, dentro y fuera de Chile, siempre en el sector de galería. "Es tan ridícula la medida sancionatoria, que nosotros ahora no podemos ir al estadio porque tuvimos la mala suerte de comprar en la sur. Nosotros siempre vamos a galería, a la sur o a la norte, es una tradición nuestra, que ahora no podemos ejercer por una medida arbitraria".
Delgado, profesional de la Universidad Adolfo Ibáñez, que también es concejal de La Reina, asegura que de no obtener un buen resultado con este recurso de protección, elevará otras acciones legales, por la Ley del Consumidor o, incluso, la Ley Zamudio, que aborda asuntos de discriminación.