La ley ‘boomerang’: la obligación de suscribir contratos en el fútbol femenino pone en alerta a los clubes

El fútbol femenino chileno está a punto de ver cristalizada una aspiración histórica. El proyecto de ley que obligará a los clubes a suscribir contratos con las jugadoras que integran sus plantillas está en la fase final de su tramitación. Este lunes, el Congreso aprobó la iniciativa que obliga a las Sociedades Anónimas Deportivas a establecer ese vínculo laboral con las jugadoras. Ahora, solo falta la promulgación, lo que, teóricamente, supone un avance significativo para el desarrollo de la actividad y, principalmente, en la búsqueda de la igualdad de derechos. Seis meses después de la publicación en el Diario Oficial, la normativa entrará en vigencia. Los impulsores de la ley y las jugadoras, naturalmente, celebran y le asignan un valor histórico. Sin embargo, no todos están contentos.

Las obligaciones económicas que implica el cuerpo legal obligarán a los clubes a generar los recursos para satisfacerlas. O, si no son capaces de producir nuevas fuentes de ingresos, a desviar parte de los que perciben actualmente para pagar una nueva planilla. Aunque se asume que los montos de los contratos estarán muy lejos de los que se pagan en el fútbol profesional masculino, las instituciones también empiezan a tirar líneas respecto de los montos que deberán destinar al pago de los nuevos contratos.

Las cifras no son menores. A modo de ejemplo, Santiago Morning, uno de los clubes que ya tiene contratadas a sus jugadoras, destina el 30 por ciento de sus ingresos totales al financiamiento de la rama. Solo la planilla de sueldos de la escuadra femenina bohemia implica un desembolso cercano a los 30 millones de pesos cada 30 días. Otros $ 15 millones se van en gastos operativos, como traslados, estadías y logística. En el club bohemio explican que los recursos se obtienen de lo que la televisión les paga por la transmisión del campeonato masculino. “Nosotros como club somos el club pionero que desarrolló la industria a través de los contratos profesionales. Las mujeres tienen el mismo derecho que un hombre a recibir un sueldo. No en las mismas cantidades, pero sí con sus derechos. Lo tenemos más que claro. No sé si todos los clubes van a poder hacerlo, porque para nosotros ha sido muy difícil. La federación no nos da ni un peso. Esto se ha mantenido porque al presidente Sebastián Nasur le interesa el desarrollo del fútbol femenino y por nuestros auspiciadores”, explica Paula Navarro, ex entrenadora y actual gerenta de la rama bohemia. La ANFP, en cambio, establece que invierte unos US$ 1,3 millones por temporada.

Colo Colo es otro de los clubes que registran avances considerables. En los albos, 21 de 28 jugadoras tienen contrato de trabajo, lo que representa el 75 por ciento de la plantilla que tiene a cargo Luis Mena. Las siete jugadoras restantes son juveniles y perciben una ayuda económica del club. “Sin necesidad de la ley, nosotros cumplimos ya la segunda etapa de sus exigencias”, resaltan en Macul.

El proyecto de ley, que ayer pasó por el último trámite legislativo antes de su promulgación, lleva tres años de discusión desde que lo propusiera la diputada Erika Olivera. “Este es un proyecto que representa un hito para nuestro país y para el fútbol mundial. Han pasado más de tres años de tramitación y la mayor parte de los avances se concentraron en los últimos 4 meses. Presentamos la iniciativa en marzo del 2019 y durante este período no se avanzó prácticamente nada y prueba de ellos es el estudio de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile en conjunto con Anjuff, que reveló que el 83% de las futbolistas del torneo nacional no reciben ningún tipo de remuneración”, declara la parlamentaria, en el marco del entusiasmo que genera la idea en sus promotores.

No todos han reaccionado de la misma forma. En el seno de la ANFP, los clubes han manifestado sus aprensiones, incluso con vehemencia. Sin ir más lejos, Pablo Hoffmann, presidente de O’Higgins, fue advertido con ser pasado al Tribunal de Honor de la organización, por haber reaccionado de mala forma ante una exposición de la gerenta Constanza Minoletti. Ahora, consultado por El Deportivo, el dirigente prefiere la cautela. “Vamos a ver la ley y ahí te doy la opinión, porque tengo muchos reparos y hay que hacerlos en base a la ley. Lo tenemos que ver con los abogados”, sostiene. En la misma línea de manifiesta Luis Baquedano, gerente general de Unión Española. “No tenemos una posición hasta el minuto, pero es un tema complicado. Implica una planilla más. Lo vamos a ver”, dice. A ambos se les sindica como los principales opositores a la iniciativa.

El temor de los clubes es, principalmente, económico. Y hay quienes advierten que la aplicación podría generar efectos adversos. Los equipos suspenderían los beneficios que actualmente perciben las jugadoras y les recortarían los permisos que conceden para que puedan estudiar. Y, aunque tendrán que cumplir con las obligaciones, lo harán en el nivel más bajo posible: pagando el sueldo mínimo y, probablemente, acortando la duración de la temporada y, por ende, de los vínculos con las deportistas. Y, ciertamente, terminando con todos los beneficios extradeportivos.

Hay clubes, como Universidad de Concepción, que abogan por una implementación más armónica. “Estamos siempre evaluando todo. Lo que sí tengo claro es que jurídicamente somos un club responsable con las reglas del país. Frente a una ley, vamos a cumplir. Más allá de eso, es bueno tener al fútbol femenino. Y queremos que esté a la altura. Hemos avanzado mucho. Tenemos chicas muy representativas del espíritu del club. Algún día caminaremos para que estén los contratos profesionales. Es un camino a recorrer. Si una ley lo exige, el club está absolutamente dispuesto a cumplir las reglas del juego. No hemos tirado ningún número. Generalmente estas leyes van teniendo plazos y oportunidades para cumplirlas, entonces, no hay que tenerles miedo a las leyes de la república. Está especificado que es un cambio paulatino”, manifiesta el gerente de los estudiantiles, Carlos Felipe Pedemonte.

“Creemos que el fútbol femenino tiene que estar en el lugar que corresponde a una actividad integradora, que involucra al fútbol masculino, femenino y joven. Además, es justo para el fútbol, para la actividad, en un país integrado. Todo el mundo tiene visiones. Espero que la ley dé opciones de desarrollar algo, que no sea solo una visión política. Buscar la forma de evadir una ley no tiene sentido, pero necesitamos leyes que estén de acuerdo a la realidad. Nosotros no vamos a buscar resquicios. Hay una responsabilidad social. Hay que crear fuentes de inspiración, no de destrucción. Dependerá del corazón que pongamos”, insiste Pedemonte, quien hace un tiempo estuvo a cargo de las divisiones inferiores de Colo Colo.

En efecto, la ley establece la gradualidad en el cumplimiento de sus obligaciones y también aportes estatales que resultarán vitales para proveerlas. “Los principales cambios del proyecto son el fin a la tercerización de administración y gestión del fútbol jugado por mujeres, la profesionalización gradual del fútbol femenino y la adjudicación de recursos estatales de apoyo para equipos profesionales femeninos que presenten proyectos de desarrollo deportivo”, consignan sus promotores.

De esta forma, los clubes tendrán tiempo de acomodarse. Durante el primer año se les exigirá contratar al menos al 50 por ciento de las jugadoras; en el segundo, al 75% y en el tercero a la totalidad del plantel. Para obtener recursos, durante cinco años las sociedades anónimas deportivas profesionales podrán acogerse a la ley de donaciones y, además, postular a proyectos con el fin específico de desarrollar el fútbol femenino. La intención es evitar que esos dineros se desvíen hacia la actividad masculina, que cuenta con mayores fuentes de ingresos.