La millonaria controversia que enfrenta a Santiago 2023 y la empresa encargada de las llaves de la Villa Panamericana
La sociedad Crea 360 interpuso dos recursos por el no pago de facturas por los servicios prestados y persigue una cuantiosa indemnización por daños y perjuicios. Desde la corporación de los Juegos se defienden y argumentan, de forma oficial, que el trabajo realizado "no estuvo a la altura de lo esperado", entre otros motivos.
Si bien los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023 terminaron en noviembre del año pasado, la corporación a cargo está lejos de vivir días tranquilos. Una serie de litigios se han puesto en marcha tras el fin de la cita. El más reciente, el que impulsa la sociedad Crea 360 SpA, de propiedad de Cristián Romero Anguita, que tuvo la función de la gestión de las llaves de la Villa Panamericana, y que demanda el no pago de facturas, en medio de una serie de acusaciones cruzadas.
“El referido contrato terminó en diciembre de 2023, después de concluir los Juegos Panamericanos, habiéndose prestado durante los mismos todos los servicios para los cuales fue contratada mi representada. Ocurrido lo anterior, mi representado requirió el pago de los servicios, sin tener más que excusas por parte de la demandada y no pagando como fue su conducta habitual. Tanto es así que incluso la boleta de garantía de fiel cumplimiento fue devuelta sin reclamos a mi representada con fecha 1 de abril de 2024 y aún no pagan los servicios pactados”, comienza señalando parte de la demanda civil presentada por el abogado Miguel Hinzpeter Sagre ante el Juzgado de Policía Local de Providencia.
“Es del caso que, emitidas las facturas el querellado, las rechazó sin acusar el recibo correspondiente en las facturas números 222 por la suma de $ 35.000.000 (IVA incluido); 224 por la suma de $ 35.000.000 (IVA incluido); 225 por la suma de $ 14.000.000 (IVA incluido) todas del 22 de marzo de 2024 y 226 por la suma de $ 63.234.220 (IVA incluido) de fecha 1 de abril de 2024, reclamando de manera injustificada por el contenido del documento, impidiendo que la misma pueda ser cobrada de manera expedita y eficaz, afectando el orden público económico, la seguridad comercial y la libre cesión de los créditos, causando importantes perjuicios a mi representada”, prosigue.
De acuerdo a la querella, las facturas 222, 224 y 225 fueron recibidas con fecha 22 de marzo de 2024 y la Nº 226 con fecha 1 de abril de 2024 en el Portal del Servicio de Impuestos Internos para que el querellado las aceptara en conformidad a la ley.
Sin embargo, según la versión de los querellantes, la Corporación Santiago 2023, representada por Harold Mayne-Nicholls, reclamó dichas facturas por el contenido del documento, “lo que es absolutamente falso y a la vista de la propia querellada los servicios se prestaron, configurándose de este modo la infracción denunciada”, indica.
“Lo anterior, refleja claramente que el querellado ha actuado de mala fe, repitiendo una conducta habitual de no pagar los compromisos y buscar resquicios como el rechazo de la factura para incumplir sus obligaciones, perjudicando a mi representado mediante el reclamo infundado de las facturas antes señaladas en vez de otorgar el recibo correspondiente, impidiéndole de configurar un título ejecutivo en conformidad a la ley”.
“Cuando terminó el contrato después de los Juegos Panamericanos, él (Cristián Romero) empezó a tratar de cobrar y no le querían pagar. La corporación le decía que la pega la había hecho mal, que tenían que cobrarle unas multas, y no le pagaban y no le pagaban”, relata José Hinzpeter, también abogado de la empresa querellante.
El expresidente de la Federación de Tenis, cuenta que ante la situación se contactó con Harold Mayne-Nicholls. “Le escribí a Harold y le pregunto qué pasa con esto. Me dice ‘mira, hay unas multas que tenemos que pagar, el tipo no hizo bien la pega. Entonces no le vamos a pagar’. Y yo le dije ‘entonces vamos a tener que demandarte’. Me responde que hable con el abogado de ellos. Tengo cuatro o cinco reuniones y ninguna posibilidad de llegar a acuerdo. Pasa el tiempo, y le devuelven íntegramente la boleta de garantía por fiel cumplimiento de contrato”, expone.
Dentro de los antecedentes presentados, se acompañó un informe que detalla las complicaciones que enfrentó la empresa para poner en marcha sus servicios, debido a atrasos en la entrega de infraestructura y la no implementación a tiempo del Centro Operativo de Servicio de Soporte, entre otros casos, además de denunciar malos tratos de parte de una funcionaria de la corporación hacia un trabajador de la empresa Crea, el que quedó registrado en el canal de denuncias de Santiago 2023.
De todos modos, desde la corporación recuerdan que fue esta empresa la que estuvo involucrada en los graves problemas de identificación que tuvieron las llaves, lo que obligó a tener cuadrillas probando una por una las chapas de los 1.355 departamentos de la Villa Panamericana para saber cuáles eran las correctas. Eso sí, desde Crea afirman que ellos no fueron quienes hicieron las llaves, sino que ellos debían custodiarlas una vez identificadas.
Jugosa indemnización
Con esos antecedentes, la empresa solicita a través de esta demanda un importante resarcimiento. “En consecuencia, tratándose de una obligación legal del querellado otorgar el recibo correspondiente, que en el caso de las facturas electrónicas equivale a aceptarlas mediante el sistema de la página del Servicio de Impuestos Internos, el solo hecho de haberlas reclamado injustificadamente, sin causa real, por haberse prestado los servicios, configura la infracción antes señalada y hace procedente la aplicación del máximo de la sanción establecida en la norma del artículo 4 de ley 19.983 antes citado, esto es se fije una indemnización a favor de mi representado equivalente a cinco veces el valor de las facturas objeto de la infracción”.
En ese sentido, solicita la suma de $ 736.171.100, “como indemnización de perjuicios, que equivale al máximo de la sanción establecida en la ley, o la suma que SS. estime conforme a derecho y al mérito del proceso, la que en ningún caso podrá ser inferior a dos veces el valor de cada factura objeto de la infracción, de conformidad a las normas antes citadas, más los intereses y reajustes que esta cantidad devengue desde la presentación de esta demanda, con expresa condenación en costas”.
Es por esto que dispara contra la entidad señalando que “es incomprensible la conducta de la demandada que habiendo recibidos los recursos desde el Estado y otras instituciones para el pago de los proveedores que prestaron servicios en los Juegos Panamericanos 2023, en este caso, haya mantenido una fórmula y conducta de no pagar los servicios pactados y efectivamente prestados, ya sea aceptando facturas para pagarlas a fechas o reclamándolas como en este caso, negando los servicios prestados cuando es un hecho notorio que los servicios sí fueron realizados”.
Paralelamente, este lunes se presentó un recurso ante la Cámara de Comercio de Santiago. “Por un lado, con la demanda en el Juzgado de Policía Local buscamos una indemnización por haber devuelto la factura sin ninguna justificación. Y por el otro, tenemos que cobrar lo que nos deben y por eso recurrimos al Centro de Arbitraje en la Cámara de Comercio”, explica el abogado Hinzpeter.
Dura respuesta
El Deportivo le consultó a la Corporación Santiago 2023 sobre el litigio con Crea 360 y recibió una respuesta de cuatro puntos de parte de la entidad.
“Como Corporación tenemos el deber, y el mandato de parte del Estado de Chile, de resguardar cada peso de los recursos públicos recibidos para la organización y ejecución de los Juegos Panamericanos y Panamericanos Santiago 2023. En ese sentido hemos sido estrictos para exigir a cada uno de nuestros proveedores los respaldos específicos de las actividades a las que por contrato se obligaron junto a los respectivos informes que den cuenta de ello”, comienza señalando.
En cuanto a los servicios prestados por la empresa demandante, la entidad afirma que “el desempeño de Crea 360 no estuvo a la altura de lo esperado conforme al estándar profesional en que se desarrollaron los Juegos Panamericanos, generando graves incumplimientos. Los servicios que se le contrataron, como es de público conocimiento, se transformaron en uno de los peores bochornos de los Juegos, obligando incluso a la Corporación a trasladar personal propio para procurar salvar los graves problemas vividos en la Villa Panamericana: falta de mobiliario prometido, falta de personal idóneo, falta de adecuado control de entrega de llaves y entrega incompleta de llaveros, entre otros”.
En ese sentido, acusa que la empresa por cobros indebidos. “Crea 360 emitió en el pasado mes de abril una factura levantando supuestos gastos ‘adicionales’ al contrato original derivados de la contratación de personal y elaboración de copias y llaves, ninguno de las cuales han sido hasta ahora debidamente justificados como para siquiera evaluar su ocurrencia y pago, mucho menos al no ser levantadas oportunamente a la contraparte técnica del contrato”, sostiene.
“Santiago 2023 sostuvo reuniones formales con el representante de la empresa y luego con sus abogados en las propias dependencias de la Corporación durante abril/mayo intentando obtener la información de respaldo para revisar las actividades presuntamente ejecutadas, situación que hasta hoy no se ha verificado”, añade en relación a las tratativas para aclarar la situación.
“En el marco de esas conversaciones de buena fe, la Corporación decidió no solicitar la extensión del plazo de vigencia de la Garantía del contrato, lo cual dista mucho de ser entendido como una aceptación del cumplimiento del mismo”, cierra.
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