La respuesta de la ANFP al veto del Ministerio de Justicia por las casas de apuestas

Durante esta jornada la ANFP recibió un verdadero baldazo de agua fría, luego de que el Ministerio de Justicia anunciara la decisión de exigirle a la entidad el término en 30 días hábiles de los contratos que la entidad tienen con sitios de apuestas en línea. En este caso, con Betsson, auspiciador oficial de los Torneos de Primera y Primera B.

“Nosotros hemos determinado que estos contratos que tienen con estos terceros que realizan apuestas en línea con domicilio en el extranjero no se encuentran permitidos en la legislación nacional, por lo cual no cabe otra cosa que dejarlo sin efecto, ya que las corporaciones y fundaciones son organizaciones sin fines de lucro y realizan actividad de interés público”, expresó el subsecretario Jaime Gajardo Falcón.

En ese sentido, la autoridad amenazó con un severo castigo en caso de que la resolución no se acate. “Les señalamos que el no cumplimiento faculta al Ministerio de Justicia conforme a la legislación vigente para que solicitemos al Consejo de Defensa del Estado la disolución o el término de la personalidad jurídica”, expresó.

En horas de la tarde, el ente rector del fútbol chileno publicó un comunicado en el que indica qué pasos va a seguir. “La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) hoy fue notificada por la Subsecretaría de Justicia del resultado de una investigación, solicitada por un grupo de parlamentarios, respecto de los contratos de auspicio que mantiene con una casa de apuesta online”, comienza señalando.

“Sobre el particular, la ANFP informa que la referida resolución está siendo debidamente analizada por su equipo jurídico, para determinar las distintas alternativas frente a lo resuelto por la autoridad administrativa”, indicó. Y añadió: “La ANFP es una institución respetuosa de las decisiones de las autoridades y, por lo tanto, dará estricto cumplimiento a la resolución definitiva de este asunto”.

Dentro de los caminos que exploran en Quilín, se encuentra la opción de pedir una reposición para que nuevamente sean evaluados los antecedentes y así tener alternativas frente a una situación que probablemente acentúe los perjuicios económicos de la entidad.