A principios de enero, Michael Clark, presidente de Azul Azul, declaraba entusiasmado que Universidad de Chile volvería al Estadio Nacional en pocos meses. “Estaría disponible para ser usado por nuestro club a partir de alrededor de abril de este año. Por tanto, efectivamente, gran parte del torneo, si Dios quiere, lo vamos a poder jugar con público en nuestro estadio”, afirmaba.
La misma información fue ratificada en febrero por el subsecretario del Deporte Andrés Otero, quien junto con garantizar que las obras de Santiago 2023 llegarían a tiempo, repitió en varias entrevistas la promesa de que el coliseo estaría disponible en las fechas señaladas. Sin embargo, la realidad hoy indica otra cosa y la U deberá negociar el seguir jugando en Santa Laura o buscar otra cancha. La situación también afecta a Universidad Católica, equipo que también tiene presupuestado jugar en Ñuñoa, mientras se remodela San Carlos de Apoquindo, ya que los nuevos plazos que se manejan indican que el recinto estará operativo recién el próximo año.
La primera señal concreta será oficializada en los próximos días con el traslado del concierto de Metallica, programado para el 27 de abril. El Club Hípico o el Parque Cerrillos asoman como los probables escenarios de emergencia para albergar a la célebre banda estadounidense. Las razones para el traslado son las mismas que impedirán que azules y cruzados jueguen ahí: la realización de trabajos en el entorno inmediato del coloso, como la nivelación del plano y una serie de reparaciones ahí y en los recintos aledaños. Eventualmente, esto también podría afectar a otros espectáculos, como por ejemplo, el de Bad Bunny, el 29 de octubre.
Las nuevas autoridades confirman esta información a El Deportivo. “En el recinto del Estadio Nacional se están desarrollando un conjunto de obras, cada una de las cuales tiene una temporalidad específica establecida en un contrato. En el caso de la obra más amplia en superficie, que corresponde al Parque y que bordea todo el sector del coliseo, el plazo inicial de entrega dispuesto en la licitación era el 2 de marzo de 2022. Sin embargo, modificaciones contractuales fueron postergando sucesivamente la entrega, primero con una ampliación de plazos hasta el 17 de mayo y después otra, prevista para el segundo semestre del presente año. Ambas modificaciones se gestaron antes de que nuestro gobierno asumiera”, expresa la ministra del Deporte, Alexandra Benado.
La secretaria de Estado va más allá y detalla las razones de esta demora. “En el caso del Parque del Estadio Nacional hubo una actualización de la normativa eléctrica, lo que implicó una revisión del proyecto y se tradujo finalmente en una extensión de 76 días en el contrato. Posteriormente, se definió la incorporación de modificaciones, como por ejemplo la realización de un poliducto para la actualización de la fibra óptica y comunicaciones del recinto, canalización de aguas lluvias del sector de marquesina y también dentro de las obras está considerado una mejora en la recolección de aguas lluvias del acceso Marathon, entre otras. Todos estos trabajos no fueron considerados en el contrato inicial de abril de 2021″, afirma.
Y agrega: “Con el propósito de que la ciudadanía esté informada debidamente de todas las obras que se están ejecutando, los cambios de plazos y multas, procederemos a publicar en la página web del Ministerio e IND en el mes de abril, todos los antecedentes de los contratos vigentes y de los proyectos de infraestructura que nos corresponde licitar en el marco de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023, de una forma más accesible que en Mercado Público”, apunta.
En cuanto a los nuevos plazos de entrega, Benado afirma que la situación es incierta. “Esa no es una respuesta que pueda entregar ahora, pues hubo irresponsabilidad antes, en decir que en el mes de mayo iban a estar las obras terminadas teniendo a la vista los antecedentes. Estamos trabajando para acortar la brecha que quedó en términos de plazos, porque, además, se están ejecutando otras edificaciones, como el Centro de Deportes Paralímpicos, el Centro de Deportes de Contacto, y se está terminando el centro de Hockey Césped, que se inauguró sin estar terminado”, sostiene.
Por otro lado, ejemplifica con los atrasos en otras obras para no comprometerse con una fecha específica. “Asimismo, se tendrán que ejecutar otros proyectos, como el centro atlético Mario Recordón, el Centro de Deportes Colectivos y explanada de deportes urbanos, la casa de deportes de Raqueta y tenis, y la intervención en el centro acuático. Son proyectos de gran envergadura, que debieron estar en obra desde el año pasado, pero que corresponderá licitar, adjudicar, construir y recibir a esta administración en menos de 18 meses que quedan para la realización de los Panamericanos y Parapanamericanos. En esa lógica, no resulta prudente comprometer un plazo específico para el uso integral del Estadio”.
Pérdidas económicas
En Universidad de Chile, por ejemplo, el no poder usar el Estadio Nacional le ha generado millonarias pérdidas. En 2021, los azules dejaron de percibir $ 900 millones, tomando en cuenta solo los partidos con público como local. Es decir, $ 150 millones por partido en recaudación, ya que el reducido aforo de Rancagua no permitía la venta de entradas y solo podían ingresar abonados.
En lo que va del año, las arcas azules lamentan pérdidas que bordean los $ 575 millones en los cinco encuentros que ha disputado como dueño de casa: cuatro en Santa Laura y el del domingo pasado en Valparaíso (donde solo ingresaron abonados). En el pasado, la U recaudaba $ 150 millones por venta de entradas jugando de local en Ñuñoa mientras que en Plaza Chacabuco o en Valparaíso, el borderó no supera los $ 35 millones. Así, el cálculo de pérdidas en las últimas dos temporadas se empina por los $ 1.475 millones.
Frente a este escenario de incertidumbre, en las oficinas de Azul Azul existe preocupación por la baja de abonos ante la imposibilidad de saber dónde el equipo hará de local.
En Universidad Católica la situación tampoco es la más feliz. A comienzos de año, Juan Tagle, presidente de Cruzados, anunciaba que la cancha ñuñoína era la primera opción para ejercer la localía, mientras que la segunda era Santa Laura. Sin embargo, el escenario cambió cuando la institución precordillerana decidió no venderles entradas a los hinchas de Unión Española, el 13 de febrero pasado, lo que desató la ira de Jorge Segovia, el controlador del club hispano.
“Unión Española ha procurado siempre tener una relación cordial con el resto de los equipos, y así queremos que siga siendo. Pero si la UC persiste en su decisión de no vender ni una sola entrada a nuestros hinchas, que por favor no nos llamen luego para arrendar nuestro estadio”, escribió el empresario español en su cuenta de Twitter.
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